Análisis
Por María Méndez
Colombia Soberana
¿Cómo va la implementación?
En su último informe el Instituto Kroc señala que las garantías de seguridad apenas tienen el 14% de la implementación completa, además que se están implementando de manera fragmentada, no articulada y poco participativa. Esto se ve empeorado con la falta de voluntad del gobierno y la simulación del Acuerdo que, como decíamos en el artículo anterior, no concreta el cumplimiento de muchos subpuntos del punto 2 que no necesitan ningún soporte normativo, simplemente políticas públicas.
Por ejemplo, decía el Instituto Kroc, que no habían iniciado medidas inmateriales como las campañas contra la estigmatización política, hay mínimos avances en las garantías con enfoque territorial y falta financiamiento para implementar este punto.
A pesar de que el gobierno de Duque defiende su gestión, la situación ha empeorado. En el sur del país creció la violencia contra los indígenas, que encima fueron estigmatizados por el mismo gobierno en el mes de octubre cuando marcharon a Bogotá exigiendo garantías para sus vidas, su seguridad y el cumplimiento del Acuerdo de Paz y los acuerdos firmados con el Estado en pasadas mingas y paros indígenas.
El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) presenta un gran retraso a 4 años de la firma del Teatro Colón. Según el Instituto Kroc a sus componentes les falta desarrollo, como por ejemplo a la Instancia de Alto Nivel, que dicho sea de paso, el gobierno no ha querido dejar que desarrolle sus funciones. Esto, junto al gran problema de financiación, pone en riesgo las comunidades y a los líderes y a lideresas en los territorios. La protección a ellos sólo se ha implementado en un 10%.
Las plataformas de defensores de Derechos Humanos alertan sobre la situación de seguridad en el país. La extensión del paramilitarismo es alarmante y su fortalecimiento, incluso en ciudades como Bogotá, es cada vez mayor. Las amenazas, atentados y asesinatos ascienden. Desde la firma del Acuerdo son aproximadamente 1000 líderes y lideresas sociales asesinados y 244 exguerrilleras y exguerrilleros.
En igual sentido se expresa la ONU, que a lo anteriormente dicho agrega la preocupación por la seguridad de los exguerrilleros y exguerrilleras que viven fuera de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y por sus familias, pues al momento de presentar su informe, el mes de agosto, había 44 familiares de exguerrilleros asesinados, entre ellos varios menores de edad.
Riesgo en los territorios y desplazamiento forzado
El desplazamiento ha ido en aumento, Según la ACNUR, entre enero y mayo del 2020 se registraron 13.000 desplazados por la violencia (1) . A ellos se le suma casi el centenar de exguerrilleros y sus familiares desplazados de Santa Lucía en la región de Ituango Antioquia hacia Mutatá, en el Urabá Antioqueño.
Lo que más inquieta es que no es el único espacio que sufre grandes amenazas y desplazamiento masivo: En Frontino, Mandé e Ituango en Antioquia, Miranda y Argelia en el Cauca y El Diamante en el Meta se presentan situaciones similares a las que provocaron el desplazamiento forzoso a Mutatá. La ONU denuncia que las áreas de reincorporación siguen sin contar con mecanismos específicos para recibir la protección de la Fuerza Pública.
Igual preocupación expresa por los líderes y las comunidades rurales de varios puntos del país, como es el caso del Cauca, que, a pesar del despliegue de Fuerza Pública, el actuar de los grupos paramilitares sigue fortaleciéndose y Putumayo, donde la comunidad que más está en riesgo es la de los líderes de sustitución de cultivos.
Las cifras de la ONU, con cierre al mes de agosto, son alarmantes. 7.500 personas fueron desplazadas forzosamente de la región Pacífico, más de 45.000 personas fueron sometidas a confinamiento forzado en el país, el 70% de ellas viven en la región del Catatumbo Norte de Santander, en la cual hay gran presencia militar.
Garantías Jurídicas
Alrededor de 340 (2) exguerrilleros y exguerrilleras del FARC permanecen en las cárceles del país a pesar de que se acogieron al Acuerdo Final de Paz y muchos ya firmaron los compromisos. 172 prisioneros políticos ya están acreditados por la OACP, aún así hay demoras en otorgarles su libertad. Esta situación ha sido denunciada por el Partido FARC en repetidas ocasiones.
Por otra parte, hay 168 personas en los listados a las que se les ha negado su acreditación, situación que preocupa mucho, en especial si tenemos en cuenta que el listado no fue completado, el gobierno lo cerró de manera unilateral.
Es bastante preocupante la falta de garantías para la protección de los Derechos Humanos de toda Población Privada de la Libertad, pero en especial de las Prisioneras y los Prisioneros Políticos, entre ellos las y los Prisioneros del Partido FARC. Situación que se agravó con la Pandemia, en la cual nuestros presos sufrieron vejámenes, entre ellos, traslados injustificados a cárceles y pabellones en condiciones infrahumanas, castigos y aislamiento sin motivo a prisioneros en grave estado de salud.
La campaña contra el Partido FARC ha sido un gran obstáculo desde el inicio y pretende inculpar de incumplir los Acuerdos a los dirigentes del Partido. Primero a través de los medios de comunicación y después ante la justicia, incluso con pruebas falsas, como ya está demostrado.
Uno de los temas más sensibles ha sido la entrega de bienes de la antigua guerrilla. En primer lugar, las FARC-EP han sido el único grupo armado que ha pactado y ha cumplido su compromiso de entregar su economía de guerra. Y no solo se entregó todo lo que se tenía registrado, sino que en el Acuerdo se pactó que ese dinero sería usado para la reparación de las víctimas.
Es ahí donde el Estado miente y omite descaradamente. En cuanto a reparación, el único que puede dar a las víctimas ese dinero es el Estado, además el Partido FARC, aparte de entregar estos bienes, ha pedido perdón a sus víctimas voluntaria y colectivamente y ha hecho acciones de verdad, restauradoras y reparadoras con las comunidades y las víctimas del conflicto.
El Estado ha abandonado los bienes entregados por el Partido FARC, los ha puesto en riesgo, al igual que las vidas de las personas que cuidan de ellos, no los ha entregado a las víctimas del conflicto, y día tras día estos bienes se van perdiendo sin que nadie haga algo por evitarlo.
Es obvio que la intención es culpar a los dirigentes del Partido FARC de incumplimiento para sacarlos del Acuerdo Final y meterlos presos o extraditarlos. Con esto, los enemigos de la paz sueñan con darle la estocada final a la moral de los militantes de este Partido, cerrar las puertas a la implementación y matar al Acuerdo de La Habana.
Violencia y estigmatización política
El aumento de las amenazas y homicidios en los territorios es sumamente preocupante. A ese nivel asciende la violencia política. Los hostigamientos a los Partidos Revolucionarios (FARC y Partido Comunista) y a los partidos socialdemócratas, de centro, de izquierda y progresistas, se hacen cada vez más graves.
La estigmatización cabalga sin freno y es abalada y nutrida desde los medios de comunicación, los partidos políticos en el poder, e incluso, el propio gobierno y el Estado, como ya dijimos más arriba con la situación que se presentó con la minga indígena.
La respuesta del gobierno es clara: si quieren salvaguardar su vida deberán abandonar, por su bien, las actividades que los ponen en riesgo. Ese es el tratamiento que le da el gobierno nacional a esta crisis de Derechos Humanos: culpar a los líderes y lideresas de su situación, en lugar de implementar las medidas que están ya diseñadas por el Acuerdo de Paz para su protección, para acabar con los grupos paramilitares vigentes y evitar la creación o el rearme de estos.
Por otro lado, van en aumento las tensiones entre la Fuerza Pública y las comunidades por la erradicación forzada, esto es un abierto incumplimiento del punto 4 del Acuerdo Final de Paz y pone más tensa la situación de seguridad. Los campesinos están siendo estigmatizados y despojados forzadamente del único sustento que tiene para ellos y sus familias, además sus líderes son víctimas de amenazas y asesinatos.
El gobierno incumple abierta y descaradamente a los campesinos que se acogieron al PNIS, problema que profundizaremos en otro escrito. Pero lo más grave de todo, es que, a pesar de la presencia de la Policía Antinarcóticos, el aumento de paramilitares en los territorios es enorme y a la Fuerza Pública ni siquiera le incomoda su presencia.
Todo esto ocurre frente a las narices de un Estado incapaz e inepto que, a 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, no ha implementado el Protocolo de Seguridad Para la Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito.
SISEP vs PAO
El gobierno dice cumplir con el Acuerdo, pero prefiere insistir en el Plan de Acción Oportuna (PAO) que ha demostrado ser infructuoso e insuficiente. En sus informes de gestión, desde hace meses, el gobierno nacional habla de un plan para reforzar las garantías de seguridad, a estas alturas ya es más que obvio que fracasó. Es más, el gobierno nacional se ha dado a la tarea de negar la sistematicidad de la estigmatización, de las amenazas y de los asesinatos.
El Acuerdo concibió un sistema integral que entiende la seguridad, no solo como un problema que se soluciona con dos escoltas o un policía, sino una cuestión que tiene que ver con la calidad de vida, con una nueva cultura política y social que se aleje de la estigmatización, el odio, la violencia, que abra los caminos a la reconciliación, al buen vivir, a la dignidad, al respeto por los demás, al diálogo y el debate político, que tenga un enfoque de género y multidimensional que permita asegurar a las comunidades, teniendo en cuenta sus respectivas maneras de ver, vivir y entender.
El primer problema para la implementación del SISEP es que las funciones de la Instancia de Alto Nivel de este sistema, están siendo asumidas por el Consejo de Seguridad Nacional. De esta manera la visión de seguridad que impone el gobierno por medio del PAO es el enfoque de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la cual FARC, Partido Comunista, organizaciones sociales, indígenas, campesinos, estudiantes, sindicalistas, ambientalistas y todo el que se atreva a pensar en un país diferente al que la clase en el poder quiere, son enemigos.
Además, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, también concibe una manera de entender y tratar los conflictos armados vigentes. Con la una implementación Integral del Acuerdo de Final de Paz, con la lucha contra el paramilitarismo y poniendo en marcha el SISEP, se desarticularía, no solo de forma violenta sino también concertada, estos grupos que ponen en riesgo la paz y el buen vivir de los colombianos.
En este sentido, la Ley 1908 / 2018 suprime la distinción entre insurgencia armada y delincuencia común además de asignarle al Consejo de Seguridad Nacional, arriba mencionado, la potestad de decidir las estructuras que pueden ser consideradas como GAO (Grupo Armado Organizado). Esto causa una gran afectación en materia de solución negociada y desmantelamiento de estructuras de organizaciones criminales.
Al no haber diferenciación entre un grupo armado que delinque en bien propio o de terceros por intereses personales, polítiqueros o de enriquecimiento, como es el caso de la delincuencia común y los paramilitares, y los grupos alzados en armas que se salen de la ley por una convicción política y con la intención de cambiar el sistema político y/o económico, como es el caso de la insurgencia armada, difícilmente se puede saber cómo y con quién negociar, empezando que las insurgencias no aceptaran una mesa de paz en estas condiciones.
Evidentemente la implementación de las garantías de seguridad está empantanada y el Plan de Acción Oportuna es una distracción barata que sólo sirve para descuartizar el Acuerdo de La Habana en materia de seguridad. A pesar de esto, el gobierno sigue negando la gran crisis humanitaria que ocurre en el país, poniendo en riesgo la vida de los colombianos, la que constitucionalmente tiene la obligación de proteger.
Este negacionismo nos muestra, una vez más, su falta de palabra y voluntad para construir la paz estable y duradera. Deja un sinsabor, además, que sea el mismo gobierno y su partido, uno de los focos de estigmatización contra el Partido FARC, los campesinos, los indígenas y demás partidos de oposición. A esto se suma la preocupación de que es evidente que el Estado en general está incumpliendo el Acuerdo Final de Paz.
Seremos los hombres, mujeres y jóvenes que en las calles logremos la implementación del Acuerdo Final de Paz. La esperanza reposa en los colegios, universidades, las veredas, los barrios. La palabra llevada a la movilización social, el Acuerdo llevado a las calles para que las y los colombianos nos apropiemos de él y empecemos a construir una Nueva Colombia.
1. https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/personas-desplazadas-colombia-acnur-acuerdos-paz
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