Implementación del Acuerdo de Paz, combate entre la simulación y la construcción de un nuevo país

Análisis

Por María Méndez

Colombia Soberana

Ya pasaron tres años desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Este Acuerdo marca un momento histórico en el mundo entero, no solo porque la guerrilla marxista leninista, más grande, combativa y antigua de este hemisferio firmara con el Estado un Acuerdo que le ponía fin a 53 años de lucha armada después de enfrentar las fuerzas militares nacionales y estadounidenses, sino porque se pactó una hoja de ruta, única en este tipo de acuerdos, para poder superar las condiciones que originaron el conflicto armado.

En estos tres años ha habido adelantos. La mayoría de los exguerrilleros se entregan día a día a la construcción de un país en paz con justicia social desde sus entornos y posibilidades: Tapabocas para los más necesitados en esta crisis, mercados para sus barrios y comunidades, proyectos productivos para seguir adelante en su proceso de reincorporación, su presencia en los territorios para buscar la forma de superar las condiciones de pobreza, etc.

También hay muchos cambios desde las comunidades y los territorios. Un ejemplo es que al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito están inscritas hasta este momento  99.097 familias, pero a pesar de este gran esfuerzo de las comunidades, que tienen un cumplimiento del 94%, 41.918 de estas familias que dejaron sus cultivos no reciben las ayudas estipuladas en el Acuerdo Final, es decir, el 42.3% de las familias que le apuestan a la paz no tienen condiciones para la subsistencia, están abandonadas por el Estado.

Como lo podemos ver, las grandes mayorías, cansadas de la sangre, el dolor, las balas y la guerra, entregamos todo nuestro empeño a la paz, pero esta paz tiene que traer también bienestar, dignidad, justicia y verdad, pues también estamos cansados del hambre, la miseria y la falta de oportunidades. 

En contraste con esto, las clases y partidos en el poder, se niegan a cumplir con lo acordado. Persiguieron por décadas acallar el clamor de un pueblo, después acabar con la expresión armada que generó la violencia contra ese pueblo, luego lograr en La Habana una rendición sin condiciones, posteriormente hacer trizas lo acordado y ahora, al no haber logrado estos objetivos, no cumplir lo firmado, claro, sin quedar mal con la comunidad internacional y de una manera en que su maquinaria comunicativa, logre disfrazar este incumplimiento.

En lo relacionado con la Reforma Rural Integral, el gobierno ha atacado su integralidad, su enfoque territorial y el espíritu de reparativo y comunitario. El punto primero del Acuerdo de La Habana que pretende cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, dar vida digna a los campesinos y pagar la deuda histórica que el Estado colombiano y las clases dominantes tienen con los campesinos y las víctimas del conflicto, se está diluyendo en un atraso paulatino y una bien maquillada política de aparente cumplimiento.

Según el Instituto Kroc en su informe Estado Efectivo de Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia 2 Años de Implementación 3 informe diciembre 2016 a diciembre 2018, de este punto el porcentaje de la implementación era 62%, siendo la implementación mínima de 51% y la completa de 2%, es decir, que en lo referente a Reforma Rural Integral, se había implementado de manera formal a partir de desarrollos normativos como el Decreto Ley 902 / 2017 y la realización de documentos o reuniones, sin que en el momento la implementación beneficie a los colombianos.

Esto no ha variado mucho. Respecto al Fondo de Tierras que debe ser de 3 millones de hectáreas para repartir a las víctimas del conflicto y a los campesinos sin tierras o con tierras insuficientes, solo se ha logrado reunir, según cifras del gobierno, 977.593  hectáreas, lo que sería apenas el 32,58% y no existen datos claros de entrega de estas tierras a campesinos.

La formalización de la tierra, en un país donde hay una enorme desigualdad, sobre todo en este tema, pero, además, los procesos de tenencia de la tierra en gran parte de los campesinos llevan décadas sin formalizase, es un paso más que importante para lograr garantizar a las personas en el territorio su tierra y además cerrar la frontera agrícola para proteger ecosistemas frágiles.

Sin embargo, tenemos que en su informe de gestión la Consejería Presidencial para la Estabilización, marca como máximo logro un crédito de USD$150 millones que otorgó el BM y el FMI para el catastro. La primera fase serán 72 municipios, 36 PDET, Es decir, se sigue “gestionando” sin resultados tangibles y palpables para las y los campesinos en los territorios. 

Se han formalizado solamente 95.665 hectáreas de 7 millones, es decir, solo 1.7%  en tres años y más de cuatro meses, pero más grave aún, es que el Catastro de Duque dista mucho de lo firmado en el Acuerdo de La Habana y de los intereses de los campesinos y campesinas, suspendiendo la mayoría de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, es más, este catastro adelantado por el gobierno estimula la inversión privada, tendiendo a aumentar la ya gran desigualdad en Colombia.

Por otro lado el gobierno en su informe de gestión enumera avances en otros temas de tierras como son adecuación de  tierras en el que dice haber cumplido la meta del 46%, sin embargo, si se mira el informe un poco más de cerca, habla de la “adecuación del Fondo de tierras” e intentos de cambiar leyes como la Ley 41 / 93 (medidas normativas), una inversión de $24.884 millones en Estudios y Diseños y el recaudo de dinero, es decir, no son muchos los beneficios que llegan directamente a las comunidades en el territorio, un balance similar podemos hacer en vivienda rural, extensión agropecuaria, Líneas Especiales de Crédito y aseguramiento de cosechas. 

Respecto a la comercialización de los productos campesinos, el panorama es peor. El gobierno implementa un modelo de emprendimiento agroindustrial, que no solo contradice el Acuerdo de La Habana, sino que va en contra de las costumbres y de la economía familiar, campesina y comunitaria que impera en la realidad del campo colombiano. 

No se ha avanzado ni adoptado ningún mecanismo de resolución de conflictos sobre la tierra y el territorio y la participación social y comunitaria es mínima, obstaculizada u omitida por el gobierno. 

Pero más allá de esto, también podemos ver la gran desarticulación del punto 1 del Acuerdo Final de Paz. En el Plan Nacional de Desarrollo, solo se mencionan 3 de los 16 Planes Nacionales de la RRI que están completamente desarticulados entre sí. Aparte de esto solo se cumple el 14.94% del Plan Marco de Implementación.

Además, se implementaron 9 de 16 Planes de Acción para la Transformación Regional, con la ya mencionada omisión de la participación comunitaria y sin tenerse claridad sobre su financiación, problema que no es exclusivo de los PATR, pues el año 2019 tuvo un déficit del 70%   en la financiación total de la RRI.

Como ya se puede ver, es notable la falta de voluntad política del gobierno y del Estado en la implementación del Acuerdo Final de Paz, pero también el sabotaje contra este, no solo la RRI no ha sido adoptada como política de Estado, sino que ha sido manipulada y torpedeada, atentando contra los intereses del pueblo colombiano y además contra derechos que ya se han adquirido, pues mientras se desarticula y desmembra la RRI, el gobierno y su partido hacen esfuerzos por desmontar la ley 160 / 94 de Zonas de Reserva Campesina en favor de modelos industriales.

Es importante que, desde los movimientos sociales, los partidos de oposición, las comunidades campesinas, los estudiantes, los sindicatos y todos los colombianos, sigamos exigiendo la implementación del Acuerdo de la Habana, sin modificaciones, como se firmó. La unión y la lucha nos darán la victoria y la paz. 

Fuentes

Estado General de la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en Claroscuro

Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Febrero 2020

Informe Consejería presidencial para la Estabilización y la Consolidación

agosto 2018 a febrero 29 2020

Lea Más de María Méndez