Colombia Soberana

Noticia por Confidencial Colombia La Defensoría del Pueblo señaló que cerca de 25 personas han hecho denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos durante intervención de autoridades en el Bronx. El organismo espera respuesta de la Policía y otros entes, sobre la veracidad de las quejas. Tras la intervención de las autoridades distritales en el Bronx, centro de Bogotá, donde miembros de la Fuerza Pública ingresaron a dicho sector para su recuperación integral, 25 personas entre comerciantes, ciudadanos sin antecedentes, propietarios y víctimas del conflicto, se acercaron a la Defensoría del Pueblo para denunciar presuntos atropellos que habrían derivado en graves violaciones a los derechos humanos. Según manifiesta un comunicado oficial del organismo que vela por los derechos humanos, diez ciudadanos, debidamente identificados, “manifestaron que en desarrollo de las acciones de ocupación, sus lugares de residencia fueron allanados y de manera agresiva les

Análisi Tomado de Semanario Virtual Caja de Herramientas  Por  Álvaro González Uribe /  Abogado y columnista – @alvarogonzalezu     Colombia es un país de gran ignorancia política y ciudadana especialmente notable en la abstención electoral histórica, pero también en otras conductas sociales como la falta de participación comunitaria, insolidaridad, deficiente planeación, poco sentido de lo público, irresponsabilidad y malas decisiones colectivas. Por lo general, esas conductas son atribuidas a la poca educación política y ciudadana como también a las urgencias económicas de los sectores pobres. Sin embargo, la polarización del país en los últimos años ha sacado a flote la ignorancia política y ciudadana de sectores de altos recursos económicos y con preparación académica, o al menos con posibilidades de tenerla. No de otra manera se entiende la ausencia, poquedad o tergiversación de argumentos de una gran mayoría de quienes se oponen al proceso de paz de La H

Comunicado Tomado de Prensa Rural Por Congreso de los Pueblos  Los días finales de la Minga dejaron grandes sinsabores en materia de derechos humanos. A pesar de cursar diálogos entre delegados de la Cumbre y el Gobierno y de haberse suscrito acuerdos de garantías en los que formalmente se reconocía el derecho a la protesta social; se mantuvo una constante de agresión y violencia contra las comunidades por parte de la Fuerza Pública y militares. La presencia y actuación del Ejército Nacional en cada punto de la Minga, además de violentar la constitución y la ley, jamás fue explicada por el Gobierno, dejando no sólo preocupación por las implicaciones que tiene el hecho mismo de militarizar la protesta social, sino también por el destino y uso futuro de la información que permanentemente recolectó el personal militar que intervino. De otra parte, resulta evidente que la penalización de acciones propias de la protesta social, como la ocupación de vías, no sólo ha inci