Comunicado
Tomado de Prensa Rural
Por Congreso de los Pueblos
Los días finales de la Minga dejaron grandes sinsabores en materia de derechos humanos. A pesar de cursar diálogos entre delegados de la Cumbre y el Gobierno y de haberse suscrito acuerdos de garantías en los que formalmente se reconocía el derecho a la protesta social; se mantuvo una constante de agresión y violencia contra las comunidades por parte de la Fuerza Pública y militares.
La presencia y actuación del Ejército Nacional en cada punto de la Minga, además de violentar la constitución y la ley, jamás fue explicada por el Gobierno, dejando no sólo preocupación por las implicaciones que tiene el hecho mismo de militarizar la protesta social, sino también por el destino y uso futuro de la información que permanentemente recolectó el personal militar que intervino.
De otra parte, resulta evidente que la penalización de acciones propias de la protesta social, como la ocupación de vías, no sólo ha incidido en la activación de las entidades de persecución criminal del Estado contra los manifestantes; sino en el avance de un discurso oficial que legitima esta prohibición y por tanto la represión contra las mismas. Aun sentado el Gobierno con la Cumbre, el Presidente de la República emitía condicionamientos a las expresiones de inconformidad popular y advertencias en caso de bloqueo de carreteras. Evidenciado el gran reto que por delante le queda al movimiento social en Colombia, ante indicadores que demuestran la intención de desnaturalizar el derecho a la resistencia.
Quedan también grandes desafíos frente al balance que en materia de derechos humanos ha presentado la Minga; entre ellos, evitar que pasen al olvido y a incrementar las cifras de impunidad, el asesinato de tres compañeros y la brutal represión y persecución contra las comunidades que exigieron del gobierno el cumplimiento de viejos compromisos. Y por otro lado, garantizar la libertad de quienes han sido criminalizados y encarcelados o pueden serlo, por ejercer el derecho a protestar.
Los siguientes, son los hechos ocurridos durante los días 10 y 11 de junio.
En Arauca
10 de junio
Pese al compromiso gubernamental de reconocer la legitimidad del derecho a la protesta, sobre la vía que de Tame conduce a Arauca, en Puerto Gaitán, fuerzas militares nuevamente repartieron un panfleto en el que se lee: “Pare el paro y sigamos trabajando por Arauca. No haga parte de actividades que detengan el progreso y desarrollo de la región…” suministrando un número telefónico para suministrar información por la que garantizan “absoluta reserva”
En Santander
11 de junio
En La Lizama, Barrancabermeja. Hacia el mediodía se dio inicio a un acto cultural en uno de los puntos de concentración de La Lizama, que se desarrolló con éxito.
A las 2:30 p.m., en ejercicio del legítimo derecho a la protesta social, las comunidades bloquearon la carretera, solicitando la instalación de la mesa regional y nacional en el lugar. Al poco tiempo arribaron al sitio, agentes del Esmad y hombres del Ejército, con quienes se entabló un corto diálogo desde el equipo de DDHH de la Minga. Sin embargo, minutos más tarde, el coronel John Parra comandante de la Policía del Magdalena Medio, dio la orden de arremeter y recuperar la vía.
En el primer punto de ubicación de la Minga, agentes del Esmad ingresaron al asentamiento, lanzando gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, destruyendo alimentos y botando el agua de los manifestantes, agrediendo incluso a mujeres y niños que no estaban en la carretera por lo que no puede atribuírseles alteración del orden o participación en bloqueo alguno.
La misma situación se presentó en otros dos puntos de concentración, en los que la policía ingresó botando gases, agua y lanzando aturdidoras, contra miembros de las comunidades que permanecían en los asentamientos.
En uno de los lugares, donde se ubican las comunidades del Tibú, la Fuerza Pública arremetió quemando los cambuches, con todas las pertenencias de los labriegos.
En todos los puntos de concentración irrumpidos por los agentes del Esmad, fueron sustraídos los bolsos de muchos manifestantes y sus documentos de identidad.
Una vez la gente fue retornando poco a poco a los lugares de asentamiento, encontraron presencia militar y policial muy cerca de ellos, actuando éstos de manera provocadora y agresiva, generando un ambiente de bastante tensión en la comunidad.
Ante la irrupción violenta de los policiales, varios miembros de las comunidades tomaron camino hacia las montañas, siendo perseguidos por el Esmad que aún continuaba botando pipetas de gas contra ellos, mientras corrían. En su huida hacia la zona montañosa, varios grupos de personas se extraviaron, por lo que se organizó un grupo de defensores y comunicadores que fueran en su búsqueda, el cual se encontró en el recorrido con dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo que continuaron el acompañamiento en esta labor de verificación.
Hacia las 8:00 de la noche, arribando esta comisión a uno de los puntos ubicados al lado de la vía Lizama – Bucaramanga, se encontró con el mayor del Ejército Jhon Falla acantonado con sus hombres frente a uno de los puntos de concentración de la Minga, quien en actitud agresiva les indicó que aumentaría el pie de fuerza. Mientras se dirigía a la delegación, los estaban grabando.
Hacia las 8:30 p.m. en efecto aumentó el pie de fuerza. El mayor Falla y el coronel Toro González del Ejército, continuaron hostigando a las comunidades y defensores de derechos humanos que se encontraban en el lugar a los que rodearon, con una clara intención de intimidar a los manifestantes.
Hacia las 9:30 p.m., finalmente la policía y el ejército se retiraron varios metros de los sitios de concentración y se logró distender el ambiente.
Publicado en: Derechos de los Pueblos
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