Colombia Soberana

Noticia Por Prensa Rural Organizaciones sociales del departamento de Nariño informaron, que el tribunal administrativo del departamento en fallo de segunda instancia, dio la razón a los accionantes de procesos campesinos indígenas y afrodescendientes, que conjuntamente con procesos y organizaciones sociales articulados a diferentes plataformas de todo el país, presentaron una acción de tutela para suspender las aspersiones con glifosato en el territorio nacional. Esta decisión ratifica un fallo a favor de esta acción de tutela que había emitido el juzgado administrativo segundo de Pasto en el mes de mayo, que emitió su decisión después de centralizar las diferentes tutelas que se habían presentado por parte de una iniciativa de campesinos cacaoteros del municipio de Policarpa Nariño, junto a la tutela firmada por 93 organizaciones sociales entre las cuales se destacan ASCAMCAT, la COCCAM y ANZORC, que además tuvieron el acompañamiento y el apoyo jurídico el colectivo abo

Noticia Por El Espectador - Colombia 2020 En una audiencia reservada, los reincorporados le explicaron a los magistrados de esta justicia cuáles han sido los incumplimientos y por qué eso afecta su seguridad. La Comisión Nacional de Garantías y el enfoque de género fueron temas prioritarios en la diligencia. Parece una afirmación obvia o sencilla, pero está lejos de serlo. Los excombatientes de las extintas Farc, una vez más, aseguraron que su seguridad depende de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Pero esta vez se lo expresaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recientemente aceptó estudiar la posibilidad de decretar unas medidas cautelares que logren disminuir los asesinatos de los exguerrilleros, que a julio ya está en 219. La audiencia virtual, de carácter reservada, fue realizada por la JEP para escuchar a los excombatientes que estaban en el antiguo Espacio Territorial de la Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, en Itu

Noticia Tomado de El Espectador - Colombia 2020 Por: Carolina Ávila Cortés / @lacaroa08 Los casos documentados por 15 organizaciones sociales habrían ocurrido entre 1990 y 2015, todos presuntamente cometidos por la fuerza pública. La entrega se hace este miércoles y coincide con los diez años de la audiencia de La Macarena (Meta), que reveló la existencia de fosas comunes. Luego de nueve años, Beatriz Valencia recibió por parte de la Fiscalía la noticia de que uno de los cuerpos exhumados del cementerio de Granada (Meta) correspondía al de su hija, Clara Patricia. Allí fue enterrada junto con otros cuerpos sin nombre por miembros del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas, localizado en Villavicencio. A Clara la hicieron pasar como guerrillera muerta en combate. Era 2006 y mientras Clara a sus 23 años trabajaba en el restaurante Tres Esquinas, en Granada, varios hombres se la llevaron. Beatriz nunca supo qué ocurrió con ella. Quedó a cargo de sus

Noticia Por El Espectador - Colombia 2020 Hasta tanto no se realice un proceso de consulta previa con los representantes del resguardo Inda Sabaleta, en Tumaco, no se podrán ejecutar dichos operativos que en abril de este año ocasionaron la muerte en ese resguardo de un comunero indígena a manos de la Policía Antinarcóticos. El comunero indígena Ángel Artemio Nastacuas tuvo que morir a manos de la Fuerza Pública para que la erradicación forzada de coca por fin se detuviera en el territorio colectivo del pueblo awá. El 22 de abril de este año, la Policía Antinarcóticos ingresó al resguardo Inda Sabaleta, en Tumaco (Nariño), a arrancar las plantaciones de coca y eso derivó en choques con los comuneros y los campesinos de la zona, en medio de los cuales, por un disparo de la Policía, murió Nastacuas. Ese se convirtió en el principal argumento de ese pueblo indígena ante un juez para demostrar las nefastas consecuencias que la erradicación forzada significa en su comunid

Reportaje  Tomado de  Radio Nacional de Colombia Por: John Fredy Nagles Soto, Radio Nacional Chaparral El viejo sendero que ha unido históricamente a los departamentos de Huila y Cauca fue adecuado por las manos de 260 excombatientes y comunidad víctima del conflicto armado de la zona. La acción fue una muestra de reconciliación en esta región del suroriente colombiano, ya que en el pasado esta ruta hacia parte de los caminos por donde transitaron los grupos armados ilegales.  El trabajo conjunto entre la Alcaldía de San Agustín, municipio ubicado al sur del departamento del Huila, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la voluntad de los excombatientes de las Farc que habitan esta zona y miembros de las comunidades de municipios cercanos, permitió la apertura del camino ecológico que antes se encontraba completamente obstruido.  Agustín Valderrama, uno de los 11 excombatientes que participó de esta iniciativa comunitaria, hoy cons