Colombia Soberana

Noticia Por El Espectador       La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de una millonaria indemnización por los daños y perjuicios que sufrió un campesino en Granada (Meta) que tuvo que abandonar sus tierras por las presiones ejercidas por miembros de un grupo armado ilegal, en cooperación con agentes del DAS. Durante meses, el hombre recibió amenazas por parte de miembros del organismo de seguridad e inteligencia quienes incluso atentaron en contra de su vida en una oportunidad después de dispararle cuando se movilizaban en un vehículo adscrito al organismo estatal. Ante estos hechos, y por recomendación de la Personería, él y su familia fueron declarados víctimas del conflicto por el Departamento de Acción Social y la Procuraduría General que estudiaron su caso. Para el Consejo de Estado es reprochable agentes del Estado participaran en este tipo de acciones contra la población civil. La Sala exhortó al Estado para que presente el caso ante las i

Comunicado Tomado de Delegación de Paz de las FARC-EP Por Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano   El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC-EP, con el propósito de contextualizar y aclarar ante la opinión pública los hechos sucedidos el pasado día 5 de noviembre en la vereda Sesteadero del municipio de Toribío, Cauca, informa: 1. Que el día 4 de noviembre, como parte de la conmemoración del tercer aniversario del asesinato de nuestro Comandante Alfonso Cano, las diferentes unidades de las FARC-EP en el suroccidente del país realizábamos, como se estaba haciendo a nivel nacional, diversas actividades de propaganda en su memoria. 2. El 5 de noviembre, en la vereda mencionada, varias unidades de la guardia indígena desplegaron una insólita campaña encaminada a quitar y quemar las vallas conmemorativas, al tiempo que se empeñaron en agredir físicamente y despojar de sus armas a los tres compañeros milicianos que las habían instalado. Otros milicianos que ac

Análisis Tomado de Congreso de los Pueblos   El mismo día que instalaba la mesa de negociación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso el Proyecto de Ley número 133 de 2014. Además de legalizar las apropiaciones realizadas a través de distintas figuras fraudulentas que han conducido a la apropiación indebida de los bienes públicos de la nación, este proyecto de ley conducirá a agudizar la concentración de la tierra y a perpetuar el modelo agroindustrial en detrimento de otras alternativas que garantizan los derechos del campesinado a la tierra y al territorio, la soberanía alimentaria y el cuidado de los recursos naturales. Además, el proyecto de ley burla una sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto dos disposiciones casi idénticas del Plan Nacional de Desarrollo presentado en el primer mandato de Santos, desconocimiento así los mandatos constitucionales frente a los campesinos y trabajadores agrarios, así c