Colombia Soberana

Análisis Por La Verdad Abierta Se acaba de aprobar un documento Conpes que define las potenciales áreas para desarrollar Zidres, cuestionadas por permitir acumulación de baldíos. Dos expertas advierten las falencias y contradicciones de ese documento, de cara a la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc. El gobierno nacional concluyó que 5 millones de hectáreas son las áreas potenciales para desarrollar Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social). Así quedó en un documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes), aprobado el pasado miércoles 7 de febrero, que proyecta estas hectáreas, principalmente sobre los departamentos de Meta, Vichada, Casanare, Arauca, Bolívar, Sucre, Magdalena, Córdoba y Antioquia. (Ver documento Conpes páginas 42 y 43) La decisión no es de poca monta. Las Zidres han sido cuestionadas por sus efectos en la Reforma Rural Integral, acordada en La Habana, Cuba y consignada e

Análisis Por Las 2 Orillas Con una pensión de policía, resultó con $ 15 mil millones y alianzas con AUC en Santander. Debía pagarles a sus víctimas $6 mil millones. No cumplió El 5 de mayo del 2015 Hugo Aguilar salió de la cárcel de San Gil en Libertad Condicional después de pagar cuatro de los nueve años a los que había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por tener nexos con el Bloque Central Bolívar por actuaciones como gobernador de Santander. Uno de los compromisos de Aguilar para recuperar su libertad era pagar una multa de $6.337 millones a las víctimas del paramilitarismo tal y como lo había impuesto la Corte. Aguilar ignoró la orden y sistemáticamente y omitió el compromiso y cumplir con la obligación. Argumento que su.patrimonio era producto de sus años de trabajo como funcionario público y que este se le había agotado en los honorarios de abogados y que su ingreso mensual se limita a $500 mil de su pensión de policía. La Fiscalía no parece estar

Análisis Tomado de Las 2 Orillas Por Gabriel Ángel El caso abierto por Fiscal Martínez contra los hermanos Mora, y la conclusión del testaferrato de las Farc, crea suspicacias por el momento electoral, los testigos, y los saqueos concertados La reciente imputación de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del doctor Néstor Humberto Martínez, contra la familia Mora Urrea, propietaria de una cadena de supermercados populares en cuatro departamentos del país, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, revela mucho más que un pulcro afán de hacer cumplir la ley penal en el país. En primer término por el momento elegido para escandalizar con ella. Una investigación que se afirma viene de veinte y más años atrás, produce un dudoso resultado en el preciso momento en que el partido Farc, de conformidad con lo pactado con el gobierno nacional en La Habana, se apresta a ejercer los derechos políticos que se le garantizaron en el Acuerdo Final. Todav