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por Confidencial Colombia
La Defensoría del Pueblo señaló que cerca de 25 personas han hecho denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos durante intervención de autoridades en el Bronx. El organismo espera respuesta de la Policía y otros entes, sobre la veracidad de las quejas.
Tras la intervención de las autoridades distritales en el Bronx, centro de Bogotá, donde miembros de la Fuerza Pública ingresaron a dicho sector para su recuperación integral, 25 personas entre comerciantes, ciudadanos sin antecedentes, propietarios y víctimas del conflicto, se acercaron a la Defensoría del Pueblo para denunciar presuntos atropellos que habrían derivado en graves violaciones a los derechos humanos.
Según manifiesta un comunicado oficial del organismo que vela por los derechos humanos, diez ciudadanos, debidamente identificados, “manifestaron que en desarrollo de las acciones de ocupación, sus lugares de residencia fueron allanados y de manera agresiva les apuntaron con armas de fuego, los golpearon, los amenazaron y supuestamente recibieron descargas eléctricas”.
Asimismo, las personas señalaron que las pertenencias que les fueron despojadas como dinero en efectivo y los celulares que portaban al momento de la diligencia, no les fueron devueltas y advirtieron que en ningún momento les fue notificado el procedimiento. Igualmente mencionan que les fue desconocida la presunción de inocencia.
“En el caso de sus hijos menores de edad, pese a que el ICBF comprobó que estaban en buenas condiciones de salud, debieron enviarlos al Huila con el resto de su familia, pues no les permitieron mantenerlos a su lado”, informa el documento.
De igual manera, otras siete personas identificadas con nombre y apellido, declararon que hubo “uso excesivo de fuerza”. Sus documentos de identidad y pertenecías quedaron en sus lugares de habitación sin poderlas recuperar.
Tres ciudadanos más, señalaron a la Defensoría ser víctimas del conflicto armado. Atestiguaron no tener antecedentes penales y manifiestaron que se ubicaron en la zona –por más de 12 años residiendo y trabajando- porque no tenían otra alternativa.
A estas personas se suman tres comerciantes (oficio del reciclaje). Dos mujeres aseguran ser madres cabeza de familia y propietarias de una empresa legalmente constituida, registrada en Cámara de Comercio. Dicen que a su cargo tienen empleados, “ninguno de ellos consumidores de droga”. Un de ellas señala haber sido afectada por el decomiso de 7 millones de pesos entre dinero en efectivo y materias primas. El otro comerciante, un hombre padre de dos menores de edad, sostiene que las autoridades le aprehendieron 8 millones en efectivo y materiales como cobre y aluminio.
Por su parte dos hermanos, declararon ser propietarios de un inmueble en el sector de “La L” y tener tres vehículos (un camión, un automóvil y un campero) de los cuales presentaron matrícula inmobiliaria y documentos que los acredita como dueños. Además en su denuncia señalan que dos personas mayores habitan en la propiedad y que han tenido que afrontar dificultades para “ingresar alimentos y acceder a sus garantías fundamentales”, cuenta el oficio.
Frente a todas las reclamaciones por el plan de intervención efectuado el 28 de mayo en la zona del centro de Bogotá conocida como el Bronx, la Defensoría de Pueblo trasladó las inconformidades al Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y las Secretarías de Gobierno e Integración Social del Distrito, a las que solicitó informen sobre “la veracidad de las quejas, la situación legal de los denunciantes y las medidas de restitución de derechos en caso que se compruebe que los hechos sucedieron así, sin perjuicio de las sanciones administrativas, disciplinarias y eventualmente penales a las que hubiera lugar por las posibles vulneraciones a los derechos humanos”, reza el documento.
El organismo ratificó su postura ante la necesidad de intervenir los focos delincuenciales y así combatir la criminalidad y garantizar los derechos de los ciudadanos. No obstante recordó que el Ministerio Público Distrital “no fue tenido en cuenta para el acompañamiento de esta importante diligencia realizada en El Bronx”.
Sobre este último punto aclaró es indispensable “evitar generalizaciones y estigmatizaciones que puedan conducir a escenarios de transgresión a los derechos fundamentales” al momento de realizar dicho tipo de operaciones.
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