Participación política, una apertura democrática a la que los poderosos no le quieren dar paso

Análisis

Por María Méndez

Colombia Soberana

Tomado de Internet

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La Participación Política: Una Apertura Democrática para Construir la paz, es el segundo Punto del Acuerdo firmado en La Habana, Cuba, entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. 

Este punto fue el segundo que se firmó mostrando su importancia clave, no solamente en el Acuerdo de Paz, sino en la historia colombiana. Se ha dicho innumerables veces que el conflicto armado colombiano tiene sus hondas raíces en la tenencia de la tierra y la desigualdad social, evidentemente esto es verdad, pero lo que realmente hizo que los campesinos se alzaran en armas, fue la violencia del Estado contra ellos cuando exigieron tierras para trabajar y vivir en paz.

Entonces, el conflicto armado en Colombia tiene sus raíces sociales en la alta desigualdad, en la tenencia de la tierra, en la falta de oportunidades y en la imposibilidad de exigir los derechos, y sus raíces políticas en el sistema excluyente y terriblemente violento, en las masacres de los años 20 y 30, empezando por Las Bananeras, en las lágrimas de esas víctimas olvidadas y mil veces revictimizadas. 

Así pues, el segundo punto del Acuerdo de Paz tiene una importancia histórica y social e intenta que el Estado pague viejas deudas que tiene con la sociedad colombiana, pero, además, abra los espacios para la participación en la vida política de la gente del común. Así encontramos que allí se habla de los derechos de los partidos políticos de la oposición, pero también de las garantías de las organizaciones y movimientos sociales, de la seguridad de comunidades enteras, las veedurías ciudadanas, el acceso a medios de comunicación para todos y todas, circunscripciones especiales de paz y las garantías para la protesta social, entre otras.

Como se puede ver, su importancia es trascendental en el plano histórico, político, social y para el futuro del país, sin embargo, este  punto no es siquiera nombrado en el Informe de Gestión de la Consejería para la Estabización y “enfrenta varias dificultades, entre ellas: Fragmentación de las propuestas legislativas y falta de voluntad política, priorización de compromisos a corto plazo, aumento de la violencia política y la estigmatización” según el Instituto Kroc en su último informe, en el cual nombra una implementación de tan solo 13%. 

El avance de este punto es netamente formal, se aprobó el Estatuto de la Oposición y se creó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. El primero ha funcionado, con algunos contratiempos, al igual que el Consejo Nacional de Paz que cuenta con la creación de al menos 400 Consejos en territorio, de los cuales se desconoce su funcionamiento. 

El resto del punto 2 sigue sin implementarse por falta de voluntad política que viene ya de vieja data. Por ejemplo, en una CSIVI Técnica del año 2018 se había acordado un Proyecto de Ley sobre mecanismos democráticos de participación ciudadana, el entonces presidente Juan Manuel Santos no lo radicó y el actual gobierno no tienen ni las intenciones de hacerlo. 

Tampoco se ha implementado nada en lo concerniente a las garantías de la protesta social, lo cual es supremamente urgente, pues se viene dando un proceso de aumento de movilización y el Estado tiene que garantizar canales de diálogo y negociación eficaces, pero también garantías a la vida e integridad de los manifestantes. 

Contrario a esto, el gobierno, en plena pandemia, destinó $9.515 millones de pesos para la dotación del ESMAD. Esto significa que, en vez de estar buscando soluciones dialogadas para las comunidades, se prepara para una represión mucho mayor. 

Los puntos 2.5 y  2.6, Control y veeduría ciudadana  y Política para el fortalecimiento de la planeación Democrática y Participativa, respectivamente,  no tienen avances a pesar de no necesitar soporte normativo, sino la implementación de Políticas Públicas que permitan a los colombianos y colombianas participar individual y colectivamente en la vida política, lo que representa un incumplimiento, a su vez, del punto 2.3 pues no hay medidas efectivas para promover la participación política.

Pero no solamente el ejecutivo representa un gran obstáculo para la apertura de la democracia en el país, el legislativo también. La Reforma Política fue radicada en el Congreso por Juan Manuel Santos en mayo del 2017, hace 3 años. Esta Reforma no contaba con muchas de las recomendaciones de la Misión Electoral Especial y se alejaba de lo consignado en el Acuerdo Final de Paz, por tanto, fue archivada el 29 de noviembre del mismo año.

En el 2018 Duque radica una iniciativa de Reforma Política que, no solo es completamente contraria a lo consignado en el Acuerdo de La Habana, sino que es regresiva, estimula y favorece a las maquinarias electorales que tanto daño le han hecho a este país. Afortunadamente también fue archivada. 

Otra deuda que tiene el Estado, no solamente con El Acuerdo Final, sino con los colombianos y en especial con las Víctimas del Conflicto, son las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz. Estas circunscripciones son, de alguna manera, parte de la reparación a las víctimas del conflicto. Son 16 curules, que tienen con coincidir con los 16 territorios PDET. 

Con el uso las maniobras más que asquerosas, los politiqueros de varios partidos, sobre todo del Centro Democrático, lograron archivar la iniciativa de las 16 curules de paz en 2017, negándoles a las víctimas sus derechos. En 2018 se presentaron dos Proyectos de Actos Legislativos que fueron archivados por el gobierno que se opuso a la iniciativa. Sin embargo, a pesar de grandes esfuerzos para hundir y matar por completo las Circunscripciones Especiales de Paz, estas tienen la esperanza de volver a resurgir en el Consejo de Estado y por una tutela impuesta ante la Corte constitucional. 

Como vemos hay una completa falta de voluntad política del Estado en su totalidad y de la clase dominante para implementar el Acuerdo, pero ante todo este punto, cuya financiación no se acerca ni siquiera al 10% de los recursos proyectados en el Plan Marco de Implementación.

Este incumplimiento no solo representa un obstáculo para el acceso a la participación política, sino que, como decíamos al inicio, al ser el punto que inició el conflicto armado, de no implementarse en su totalidad, tendremos el riesgo, como está sucediendo, de seguir replicando la violencia en nuestro país.

Las cifras hablan por sí solas, aproximadamente 800 líderes y lideresas y 196 exguerrilleros fueron vilmente asesinados y el estado responde con programas paralelos al Acuerdo de Paz como el Plan de Acción Oportuna PAO, que ha sido ineficaz y una pantomima de seguridad. 

A pesar de este panorama y de la situación de aislamiento causada por el Covid 19, es necesario seguir en constante protesta, luchando por la unidad y exigiendo el cumplimiento de todo el Acuerdo de La Habana, tal y como fue firmado. Su implementación integral no solo sentará las bases de un nuevo país, sino que salvará vidas.

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