Análisis
Por María Méndez
Colombia Soberana
Más sobre implementación:
Siguiendo con el análisis sobre la implementación del Acuerdo de La Habana, veremos el tema de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, que “buscan lograr la transformación estructural del campo en el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la cuidad” todo esto para asegurar el bienestar y el buen vivir de la población en las zonas rurales, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar, la integración de las regiones golpeadas y abandonadas por el conflicto, el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, y hacer del campo un escenario de reconciliación.
Este tema corresponde al punto 1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera, Reforma Rural Integral. Como lo podemos ver, los PDET tienen un espíritu reivindicativo, pues intenta saldar la deuda histórica del Estado con los campesinos despojados y abandonados, la razón primordial del levantamiento en armas; inclusivo, pues respeta y enaltece las culturas, las etnias, tradiciones, usos, costumbres del territorio rural, que en Colombia es rico por su diversidad; cerrar la brecha de desigualdad, tanto en la tenencia de la tierra, como entre el campo y la ciudad, y a su vez, permitir que este acercamiento favorezca a las poblaciones rurales y urbanas con mejoras en la vida de los dos sectores, por ejemplo el desarrollo de la economía familiar en el campo y la facilidad de llevar sus productos a las ciudades, mejoran los ingresos económicos, pero a su vez baja el precio del producto en las urbes; y, por último, estimular la reconciliación entre todos los colombianos, sobre todo con el campesino que ha sufrido directamente la carga de la guerra.
En el 2017 se firma el Decreto 893 que definen los 16 territorios PDET. Aunque el desarrollo en su inicio fue lento pero sostenible, se evidenció limitación en la participación de las comunidades y de FARC, que ya exponía el Instituto Kroc y denunciaba este Partido.
A pesar de estas limitaciones y la exclusión por parte del gobierno contra las FARC, que fue más que evidente al sacar al Partido firmante del Acuerdo de la definición de la metodología para la el desarrollo de los ejercicios participativos para la construcción de los PDET, se realizaron estos espacios de participación con la presencia de 11.000 veredas en las que se reunieron 31.808 iniciativas, algo que nunca se habían dado en el país, aunque la metodología unilateral de la ART, excluyo y no permitió propuestas de mayor envergadura y fue el primer paso para empezar a desarticular los PDET, el PNIS y los Planes de la RRI.
En total se declararon 170 municipios PDET lo que afianzó la estrategia de municipalización de estos programas, esto quiere decir que se cambió burdamente el enfoque territorial que se construyó, lo que afecta, no solo la integralidad del Acuerdo de La Habana y su implementación en conjunto, sino el desarrollo de una política que integraría grandes regiones afectadas por el conflicto y por el olvido estatal, que están conformadas por muchísimos más municipios de los 170 escogidos por el gobierno. Esto atenta contra su derecho de estas comunidades a ser reparadas por las afectaciones que tuvieron durante el conflicto armado y no soluciona el problema del campo, condición que fue el detonante de la guerra en Colombia.
Aunque el gobierno en su informe de gestión de agosto del 2018 a marzo del 2020, indica algunos avances como la firma de 70 acuerdos entre los municipios PDET para la formalización de predios, la entrega de 888 obras PDET, las convocatorias, planeación y adjudicación de proyectos tanto de inversión como productivos, la mayoría de estas iniciativas de dicho informe de gestión están en su fase de planeación o en “estudio”, lo que significa que no han beneficiado a las comunidades de estos municipios.
Otro problema preocupante es la política gubernamental y estatal de comercialización de los productos campesinos. El gobierno tiene un enfoque agroempresarial que va en contra del Acuerdo Final, pero también en contravia de la cultura campesina.
Este panorama es preocupante para la construcción de una paz estable y duradera. La desarticulación y el desmembramiento de la Reforma Rural Integral es un ataque a la paz de Colombia. En este momento debemos exigir del gobierno y del Estado, la implementación total e integral del Acuerdo tal y como fue firmado.
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