Exguerrilleros en Mutatá: Entre el desplazamiento forzado y la paz

Crónica

Tomado de Semanario Voz

Por Comisión de Comunicaciones CSIVI - FARC

 En medio del calor, la lluvia y el fango, los exguerrilleros y exguerrilleras trabajan para rehacer su vida, alejarse de la violencia y forjar la paz, no obstante, el incumplimiento del Estado del Acuerdo Final

A Mutatá, municipio ubicado en el Urabá Antioqueño, cargando pocos enseres, tristeza y mucha esperanza, llegan 60 excombatientes con sus familias que se encontraban en Santa Lucía, Ituango, para iniciar de nuevo sus vidas, casi de cero, luego de ser desplazados forzosamente por la violencia que los acechaba.

El 15 de julio salieron de Santa Lucía, con una promesa hecha por las instituciones del gobierno, representadas por Emilio Archila y Andrés Stapper, que les dijeron que después de un mes de su partida les garantizarían las viviendas transitorias. Pero a casi dos meses solo su valentía, organización y trabajo colectivo han logrado hacer más digno este desplazamiento forzado.

Atrás quedan casas, bienes, proyectos productivos individuales o colectivos, sus cosechas y sus familiares. Hasta los más jóvenes, los que nada tienen que ver con el conflicto, sufrieron pérdidas.  Los niños y jóvenes estudiaban en el municipio de Santa Lucía, iban al colegio, tenían profesores y tenían amigos. Ahora intentan adaptarse a este nuevo territorio, agreste para ellos, no entienden el por qué tanta violencia si sus padres son hombres y mujeres de paz.

Violencia e incumplimiento

En el año 2016 las FARC-EP, ahora convertidas en partido político, firmaron el Acuerdo de Paz que permitió darle una solución política al conflicto armado; creó una herramienta para cambiar las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que son el germen de la violencia en Colombia e hizo posible que los exguerrilleros y exguerrilleras se reunieran con sus familias, hicieran una vida en paz y aportaran a la construcción de un nuevo país.

Los esfuerzos de estos militantes de FARC para forjar un futuro lejos de la guerra se vieron truncados en Santa Lucía, Ituango, la violencia llegó con 11 exguerrilleros y 7 de sus familiares, entre ellos un menor de edad, asesinados. Las amenazas eran constantes y la incapacidad y desinterés del gobierno enorme. No hay garantías, y los incumplimientos del Estado a la implementación del Acuerdo de manera integral son constantes.

Salir de Santa Lucía no es fácil para ninguno. Atrás quedó su vida, adelante un predio arrendado con opción de compra y duros caminos que tienen que transitar para llegar al lugar donde están construyendo sus casas de plástico. Sin embargo, esto no los desanima, la construcción de sus viviendas y de un acueducto empezó con sus propios medios, algunas donaciones y los recursos naturales del sector.

Una nueva pero difícil vida 

El Estado brilla por su ausencia, sin embargo, casi al cumplirse un mes del desplazamiento forzado, en vez de brindar ayuda y soluciones en Mutatá, desmantelaban las viviendas y el ETCR en Santa Lucía. Ante esta situación, los exguerrilleros solo cuentan con el acompañamiento del Partido y la solidaridad de sus compañeros del caserío de exguerrilleros de San José de León, donde fueron acogidos, alojados en la Casa de la Mujer, la Caseta Comunal y en los hogares donde hay espacio para ellos y sus hijos.

Mientras el gobierno sigue esperando para implantar los procedimientos en lo que se refiere a saneamiento básico, planeación y los ajustes en el terreno, diariamente se ve el tránsito por esta trocha llena de barro y zancudos, de mujeres y hombres cargados de mangueras, tejas, plásticos, enseres, muebles y ropa, uno tras otro, bajo el calor y la lluvia los exguerrilleros trabajan arduamente para darle forma a sus hogares. Al lado de ellos, sus hijos.

Los más pequeños en las hamacas o jugando entre el barro son víctimas de los zancudos y moscas que persiguen sus cuerpos, el calor se vuelve insoportable, hasta que un par de truenos avisan que llega la lluvia, la cual que cae sin compasión acompañada de fuertes vientos que amenazan con llevarse las casas de plástico a su paso, lo que representa un riesgo, no solo para los bienes, sino para la salud de los menores. Al momento de que la comisión de comunicaciones enviada por la CSIVI dejó Mutatá, los menores de 10 años comenzaban a presentar síntomas como fiebre, vómitos y diarrea relacionados con las condiciones ambientales.

Fue un desplazamiento forzado

No solo la situación de los menores es complicada.  La de las mujeres también es difícil. Unas madres gestantes, otras lactantes y otras con sus hijos bebés. Así tienen que trabajar, con los pequeños a cuestas. Respecto a lo relacionado con la reincorporación política, en Ituango estaban reunidas en un colectivo femenino llamado ‘Amaranta’. Organizadas, hacían actividades e incluso tenía proyectos productivos autogestionados como el restaurante. A pesar de este sentimiento de pérdida, ellas siguen con la esperanza de poder seguir con ‘Amaranta’, aunque las dificultades para continuar son muchas, por eso piden ayuda de las instituciones o de la comunidad internacional.

Muchas son las preocupaciones y necesidades, pero lo vital ahora es la vivienda, el bienestar, la vida de los excombatientes y el compromiso con la paz. Saben que esta situación es el resultado de la incompetencia y la no implementación integral del Acuerdo de La Habana, en este caso concreto estamos hablando del incumplimiento a los subpuntos 2.1.1., 2.2.4. y 3.4 con respecto a la seguridad, sin hablar del subpunto 3.2., reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Hay que ser muy claros en esto, a pesar de que el gobierno declare que esto fue un traslado voluntario, lo que pasó con los miembros del ETCR Román Ruíz, fue un desplazamiento forzado, que constituye una violación grave a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario y al Acuerdo Final de Paz.

A la guerra no volverán

Sin embargo, estos hombres y mujeres le siguen apostando a la paz, la unidad y al trabajo y esfuerzo colectivo, pues como dice uno de sus líderes: “No nos podemos dar por vencidos, porque eso es lo que quiere el gobierno, eso es lo que quiere el Estado, que nosotros nos desintegremos. Tenemos que seguir luchando por los intereses del pueblo colombiano y por los intereses y derechos de los excombatientes y del campesino”.

Lo más preocupante es que no son los únicos ETCR y NAR que presentan esta situación de inseguridad. Lamentablemente es preocupante la situación de los exguerrilleros y exguerrilleras de La Blanquita, en Frontino, Antioquia, Mandé en el Chocó, Brisas del Diamante en el Meta y en el Cauca. El gobierno sigue sin inmutarse ante esta situación, agravada por el aumento de la violencia política, la estigmatización y ahora la irracional arremetida contra los jóvenes de nuestra patria que están siendo masacrados.

No saben cuándo podrán tener unas casas dignas para sus hijos, cuándo podrán reiniciar sus proyectos productivos, cómo y cuándo tendrán acceso a servicios públicos, a educación y a salud, la única certeza que tienen es que a la guerra no volverán, que de la mano de sus líderes y del Partido sabrán salir adelante, como siempre lo han hecho, con trabajo colectivo, confían en que en este lugar podrán desarrollar su trabajo económico, social y político con tranquilidad, pero ante todo, saben que ellos y ellas son constructores y constructoras de paz, de un país digno y justo, y por eso vale la pena luchar.