La “Solución al problema de las Drogas Ilícitas” y el carácter Contrainsurgente de la política nacional de Consolidación Territorial

Análisis

Por Delegación de Paz de las FARC-EP 

Para ANNCOL

La indígena Ángela Bernal de la comunidad indígena Delsai en el departamento del Guaviare, vio como la aviación colombiana regó con glisofato su media hectárea del cultivo de la hoja de coca. Los pocos ingresos de esos cultivos financiaban los estudios de sus dos hijos. Así golpea el Plan Colombia a los más pobres y vulnerables en el campo colombiano.

Ésta es la 5ª y última parte del extenso documento que la Delegación de Paz de las FARC-EP ha presentado en La Habana en el marco de la agenda de paz, exclusivo para ANNCOL.

1a Reflexión

2a Reflexión

3ª Reflexión

4ª Reflexión

V reflexión.Este componente de la política de consolidación se sustenta en la idea de que existe un vínculo fuerte entre seguridad y desarrollo. Según su tesis, antes la teoría del cambio se estructuraba en sentido contrario: lo primero era combatir la exclusión, el aislamiento, la marginalidad de las regiones, para hacer desaparecer la violencia, lo que validaba la idea de que existían unas “condiciones objetivas” que causaban o justificaban la violencia, superadas las cuales sus efectos desaparecerían. En cierto modo, según ellos, “por ingenuo que parezca, se pensaba que la seguridad era resultado del desarrollo y no al revés”.

Concretamente, la PNCT le proporciona total prioridad a la creación de las condiciones de seguridad, justificando de esta manera los grandes despliegues militares, para crear un ambiente propicio para la inversión extranjera y nacional al servicio del capital financiero, en zonas donde las comunidades claman por condiciones de vida digna. Esto significa que si la Política de Consolidación aspira a crear condiciones para el desarrollo económico, debe establecer primero, a través de la represión y de la bota militar, una estructura de poder que controle las actividades en el territorio, supuestamente para regular eficientemente los procesos de producción y distribución de bienes.

Para recrear lo anteriormente dicho, citamos textualmente el siguiente aparte sobre los propósitos de la Política de Consolidación: “Promover la seguridad como generadora de crecimiento económico y rentabilidad social. Las operaciones de la Fuerza Pública deben seguir contribuyendo a generar un clima de confianza y estabilidad que atraiga la inversión privada, produzca crecimiento económico y desarrollo social a través de la reducción del desempleo y la pobreza. Una mayor seguridad debe generar las condiciones para el adecuado desempeño de la acción social del Estado en beneficio de los más necesitados”. (Ver Ministerio de Defensa Nacional, La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática 2007).

Bajo esta visión, además, la Política Nacional de Consolidación Territorial, lejos de orientarse hacia objetivos de desarrollo social y equidad, mediante planes con permanencia que garantice transformaciones económicas y sociales reales y de larga duración, se queda únicamente en el precario objetivo de “crear las condiciones previas, mínimas para que la integración regional y el desarrollo económico se produzcan”; es decir, se queda solo en crear las condiciones pero sin proyectar la inversión a largo plazo. Según sus investigaciones económicas, el periodo necesario para que una zona se desarrolle, no podría tener una duración menor de 20 o 30 años, pero las inversiones en contraste con las necesidades acumuladas, son ínfimas.

El distanciamiento de la PNCT del desarrollo social es tal, que los indicadores más utilizados para medir el éxito o fracaso de los procesos de consolidación en nada tiene que ver con disminución de la pobreza, el hambre o la desnutrición, ni mucho menos con la disminución del índice de Gini; estos indicadores de la PNCT son los relativos a la seguridad y a la erradicación de cultivos ilícitos. Por ello, las áreas mejor evaluadas son las de Montes de María y La Macarena, áreas insignes para el gobierno, que dejan mucho que decir en materia de derechos humanos y desarrollo social.

Dentro de la visión con la que se arropa el componente de desarrollo regional y social, al establecer el vínculo entre seguridad y desarrollo, se termina colocando como etapa de inicio de un proceso de desarrollo para una región, el despliegue militar con propósitos de control territorial, previendo la eliminación o el desplazamiento de todo lo que se crea vinculado a los grupos armados, a los cultivos ilícitos y a las estructuras del narcotráfico; generando con ello, en la práctica, un despliegue de acciones que hacen de cada zona escogida un escenario de guerra contrainsurgente, donde se multiplica la violencia con terribles consecuencias humanitarias ya conocidas y que bien se inscriben en el plano de la Doctrina del enemigo interno. Luego de esto es que se pasa, como corolario del terror, a etapas de restitución de derechos y de fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo social. Es este esquema, parte de un procedimiento de fuerza que confluye también en la composición de lo que en síntesis es Doctrina Contrainsurgente.