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El carácter contrainsurgente de la política contra las Drogas Ilícita

Análisis
Por Delegación de Paz de las FARC-EP
Exclusivo para ANNCOL



Según lo dicho por el presidente Santos el 19 de enero de 2013 en Padilla-Cauca, “la Consolidación contribuye con la construcción de paz y la presencia del Estado en zonas recuperadas por la acción militar”. A esto contribuye la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial que está en plena coordinación con UNODC y con la USAID (reconocido instrumento de la CIA). De aquí deriva también el surgimiento de las “Familias Guardabosques”, estableciéndoseles con proyectos de bajo costo que no resuelven los problemas sociales fundamentales, pero sí concreta compromisos de diversa índole en el plano de la contrainsurgencia, lo cual hay que corregir para que los planes tomen carácter verdaderamente social.

Valga precisar que la Consolidación Territorial tiene alcances que se apoyan en fuentes conceptuales y programáticas que están definidas en el libro Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial, de septiembre de 2011, publicado por la Fundación ideas para la paz, cuya esencia devela un carácter militarista, de guerra, de las mismas, al cual habría que buscarles alternativas inmediatas si verdaderamente queremos andar un camino expedito para concretar un acuerdo final que sirva de base para edificar la paz estable y duradera.

Miraremos los componentes que se identifican como fuentes, para entender mejor el trasfondo contrainsurgente global e inconveniente que habría que superar, para adelantar una nueva política antinarcóticos que permita lograr resultados benéficos para la paz de la nación. Esos componentes son: el componente contrainsurgente propiamente dicho, el componente antinarcóticos y el componente de desarrollo regional y social, todos indisolublemente relacionados. Veamos ahora los componentes contrainsurgente y antinarcóticos.

Sobre el componente contrainsurgente (COIN) y el componente antinarcóticos.


El componente Contrainsurgente (COIN) fue desarrollado durante el siglo XX por los teóricos militares de los principales ejércitos occidentales (británico, estadounidense y francés). Su objetivo es “regular el comportamiento político-militar de un poder estatal que enfrenta un conflicto asimétrico dentro de su territorio, en sus dominios coloniales o en terceros países susceptibles de caer bajo la órbita de influencia de una potencia enemiga (guerra fría)”. (Ver Balance de la política Nacional de Consolidación Territorial 2011, Fundación Ideas para la Paz, página 6).

Al respecto, recordemos que la denominada “Política de Seguridad Democrática”, fue puesta en marcha en el año 2002 por Álvaro Uribe Vélez, siendo Presidente de la República, bajo fundamentos contrainsurgentes inspirados en este tipo de componentes.

Se dice que sus impactos en seguridad fueron “eficientes” y que luego vino su decrecimiento. El protagonismo fue de las Fuerzas Militares y de Policía más que de fuerzas o entidades civiles, y el fortalecimiento de estas, cuando se produjo, fue en función de aquellas. La crisis humanitaria que generó es inocultable.

Podemos, entonces, expresar con certeza que en la Colombia actual los principios estratégicos de desarrollo siguen supeditados a lineamientos contrainsurgentes concebidos por potencias coloniales. Tienen un peso específico las políticas estadounidenses, pero juegan un papel muy importante las concepciones sobre todo británicas.

Lo importante en estas concepciones, es asegurar el “imperio de la Ley”, la llamada “cultura de la legalidad”, que aunque se defina “inocentemente” como un conjunto de valores, percepciones y actitudes que la persona debe tener hacia las leyes y las instituciones que rigen, cuando esas instituciones han tenido un historial antidemocrático cruzado por la exclusión, la corrupción y la aplicación del terror, no producen ninguna confianza; de tal manera que para el caso de nuestro país, “la cultura de la legalidad” se traduce en otra forma de sumisión y conformismo, que debe conducir a aceptar las leyes, no cuestionar sus sesgo de clase, su carácter de factor de control impuesto por el bloque de poder dominante, que sostiene un orden social injusto respecto al cual la mayoría de la población no cuenta con oportunidades o condiciones básicas de existencia.

Algunas veces se expresa que la permanencia de las llamadas economías ilegales que se asocian a los cultivos de uso ilícito, generan alteración negativa sobre los valores y la convivencia de las comunidades, y que la mejor manera de crear ciudadanía es mediante una “cultura de la legalidad”, la cual se explica como la renuncia a cualquier tipo de vinculación con economías ilegales, perdiendo de vista que estas hacen parte de un fenómeno más amplio de miseria que requiere transformaciones estructurales para que puedan tener el entorno que permita su real superación. De tal manera que, antes que hablar de una cultura de la legalidad como instrumento de los procedimientos tácticos de contrainsurgencia, que apuntan no al interés de resolver los problemas sociales de las masas campesinas, sino a su cooptación utilitarista en el plano de la guerra, en el sentido de evitar un supuesto incremento de capital humano para las fuerzas insurgentes, la perspectiva debería trazarse en el rumbo de concertar normativas de convivencia cuya legitimidad surja de la concertación, del hecho de que sean acordadas o consensuadas, participativamente entre los integrantes de las comunidades que se desean vincular al proceso de construcción de la paz.

Operaría dentro de esta concepción, una visión en la cual las comunidades participan activamente en la construcción del nuevo orden en libertad y no mediante la acción de la represión, la estigmatización o la criminalización. Un Plan de sustitución, entonces, no debe darse como imposición, su legitimidad dependerá de la concertación y la participación que se les dé a las comunidades. De ahí que no es descabellado decir que tiene más legitimidad hoy la cultura de la ilegalidad que cuestiona el gobierno, que la cultura de la legalidad que exige el respeto a normas que han excluido y atropellado al campesino durante décadas; es decir, normas que en gran medida son criminales e ilegítimas.

En el texto que comentamos, publicado por la Fundación Ideas para la Paz, al referirse al componente antinarcóticos de la Política de Consolidación Territorial del gobierno Santos, de fondo a superficie está evidenciado que la política antinarcóticos es ese componente, interactuando y haciéndose una misma cosa con el componente contrainsurgente.

“La estrategia antinarcóticos, dice la FIP, analizando la estrategia gubernamental, deberá diseñarse de manera que no disminuya el capital político del Estado; lo que equivale al incremento del capital para las fuerzas insurgentes. Para esto es necesario promover la seguridad, combatir a los grupos armados, construir instituciones estatales, promover condiciones para el desarrollo económico y afincar una cultura de la legalidad”. Esta formulación establecería lo que consideran una “relación de suma cero”, que implica que “todo incremento en el capital político del Estado lo pierde la insurgencia y viceversa” (ibídem, pág. 9).

En la visión del Estado, esto hace parte de la estrategia de guerra para mantener el dominio del poder, de sus prebendas, de sus privilegios, quitando el obstáculo insurgencia; y por ello se habla de lograr la cooperación entre civiles y militares para ganar la confrontación: “la paz es la victoria” diría algún alto representante de esta política, formulando una doctrina que guíe en el campo de batalla; en esencia la doctrina COIN (Contra Insurgentes) derivada de las concepciones elaboradas por las potencias coloniales a las que se subordinan, apoyándose en la acción militar desbocada, pero maquillándola con la “guerra contra las drogas”, que de manera nodal juega con los mismos objetivos procedimentales contrainsurgentes (ganar las mentes y los corazones de la población), precisando que las estrategias centradas en la población, no son necesariamente amigables con esta.

La guerra contra las drogas en Colombia, a lo que menos le apunta es a lograr la erradicación, o la sustitución de los cultivos de uso ilícito; en esencia es guerra contrainsurgente lo que se desenvuelve como otro procedimiento para “quitarle el agua al pez”, derrotar a las guerrillas y así lograr el dominio territorial que permita a las trasnacionales el saqueo de los recursos naturales.

Dice la FIP que “el único factor sobre el cual ejerce pleno control el Estado o un programa estatal determinado es el de las políticas que aplica para enfrentar el problema simultáneo de mercado ilícito y presencia de insurgentes”, y complementa citando a la investigadora del Brookin Institution, Vanda Felbab-Brown, cuando plantea que “el dilema de un gobierno frente a la erradicación de cultivos ilícitos en áreas de violencia política o insurgente se expresa en las siguientes alternativas de acción: a) Se erradica frontalmente con el ánimo de buscar la bancarrota financiera y por ende militar de los grupos subversivos o criminales, y con ello se enfrenta el desapego de la población campesina cultivadora; o, b) Se construyen vínculos entre las fuerzas contrainsurgentes del Estado y la comunidad y se fortalecen e incrementan los flujos de información e inteligencia provenientes de la comunidad para atacar a los grupos insurgentes; en esta forma se debilita el capital político de los insurgentes, pero es posible que se deba renunciar a una erradicación previa y absoluta de los cultivos ilícitos”. (Ibídem, pág. 25).

En la práctica, esta es la manera de pensar de quienes rigen las políticas antidrogas en Colombia, pues aunque los análisis de costo/beneficio que han elaborado los estudiosos del tema, como es el caso de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, citado por la FIP, indican que la “interdicción de los procesos del narcotráfico (desarticulación de laboratorios y cristalizaderos así como las rutas de circulación de las drogas) es más costosa que la erradicación de cultivos ilícitos, los objetivos de las políticas se orientan hacia esta, no tomando en cuenta siquiera que en aquel eslabón de la cadena del narcotráfico, la capacidad de las organizaciones para neutralizar los efectos de las políticas son menores que la de los cultivadores” (Ibídem, pág. 6). Agreguemos que es en los laboratorios, cristalizaderos y rutas, y no entre los cultivadores, donde se quedan las ganancias del negocio. Pero como el objetivo de fondo es el contrainsurgente, este último detalle es lo de menos.

Lo particular es que, luego de muchos años de prácticas contrainsurgentes disfrazadas de lucha antinarcóticos, como ocurrió con el desenvolvimiento del Plan Colombia, aunque el régimen tiene claridad de que la insurgencia no está compuesta por organizaciones narcotraficantes y que la lucha contra el narcotráfico no es lo que la va a desarticular, se persiste en el desarrollo de las políticas antinarcóticos con propósitos contrainsurgentes. Esto vendría a ser lo paradójico de la Política: la persistencia de la COIN entre sus componentes fundamentales.

Al respecto la FIP señala que “los teóricos de dicha doctrina (la COIN), conciben la insurgencia como un problema eminentemente político”, y agrega que “de sobra conocidos son los esfuerzos que hizo el gobierno de Álvaro Uribe por quitarle a la guerrilla el carácter de actor político, soslayando la manifiesta contradicción de que la estrategia fundamental de su gobierno para enfrentarla se fundamentaba en el presupuesto de la naturaleza política de la subversión”. (Ibídem, pág. 6).

Está claro que el Estado, más allá de la propaganda sucia contrainsurgente en la que incluye sus descalificaciones que etiquetan a la insurgencia como narco-guerrilla, sabe de su naturaleza eminentemente política, y de este presupuesto y del juicio de que la autoridad política es la que determina el objetivo estratégico de la política, y por ende los objetivos militares se subordinan a esta. Es de aquí de donde deriva la máxima de que ganando las mentes y los corazones de los ciudadanos, logrará la derrota militar del enemigo insurgente. Se trata entonces de quitarle el agua (pueblo) al pez (insurgencia), ya sea atemorizando, aniquilando o desplazando; o ya sea “ganando mentes y corazones” de las comunidades, que por las mismas razones de índole social que las mantienen en la miseria y el abandono, han estado bajo el influjo de las guerrillas.

La Política Nacional de Consolidación Territorial, se perfila así como iniciativa contrainsurgente. No es la primera en la historia de Colombia, pero si tiene la particularidad de estar ligada a la lucha antinarcóticos, y cuenta con una estrategia de seguridad que pretende establecer un fuerte vínculo entre fuerza pública e institucionalidad civil del Estado, subordinando esta a aquella. Los recursos que se deben destinar a la planificación y ejecución de una efectiva política antidrogas se destinan a la acción contrainsurgente militarista, incrementando la violencia y el desangre patrio, de tal manera que para el caso colombiano, más que el narcotráfico, son las políticas equivocadas que generan miseria y mantienen el descontento social y el alzamiento armado, y las políticas fracasadas de la guerra contra el narcotráfico las que producen el recrudecimiento de la violencia.

A través de muchos medios se ha hablado del debilitamiento de las FARC-EP y de la insurgencia en general; de manera especial se ha hablado del debilitamiento de las FARC en la Macarena, ligando el supuesto fenómeno, mediante la propaganda sucia que nos estigmatiza como narcotraficantes, al asunto de la erradicación de cultivos. Pero la misma FIP indica que “resulta entonces claro que el debilitamiento de las FARC en la región de La Macarena, no es el resultado de la erradicación de cultivos, que produce escasez de ingresos financieros, que conlleva al debilitamiento militar, según la versión convencional del enfoque contrainsurgente” (ibídem, pág. 26). Esta afirmación es cierta en lo que corresponde al deslinde que hace del fortalecimiento, el sostenimiento o el debilitamiento de las FARC de una dependencia económica respecto al narcotráfico. Pero, aparte, habría que analizar la realidad de la presencia de las FARC en extensas áreas como Cundinamarca, Casanare, Boyacá, Guaviare y Meta que es el departamento donde se encuentra La Macarena. Se dice que han sido desplazadas sus principales estructuras, sin tomar muy en cuenta que en la aplicación de la táctica de la guerra de guerrillas prima la movilidad. Esto lo decimos, también, para hacer caer en cuenta que se trata de áreas donde el Plan de Consolidación ha incluido operaciones de guerra contra la población -esta sí con lugares fijos de convivencia-, generando masacres, desapariciones, desplazamientos por millares y una crisis humanitaria que lo que indica es el debilitamiento del tejido social, como costo muy elevado de esas políticas contrainsurgentes disfrazadas de guerra contra las drogas.

Al respecto, El Meta y La Macarena están entre las regiones más golpeadas por esas acciones de guerra realizadas por militares y paramilitares y que han generado la crisis humanitaria de la que hablamos, la cual suma fosas comunes, robo de tierras y desplazamiento forzado como característica, además, de la llamada prosperidad agroindustrial del Llano.

Los datos oficiales indican, por ejemplo, que entre 1997 y 2012, del Meta salieron desplazadas 126.151 personas, lo que corresponde a unas 31.431 familias.

En el Meta, La Macarena es lugar “símbolo” de la política de Seguridad Democrática, como modelo contrainsurgente a seguir, atendiendo a los parámetros de la COIN como doctrina impuesta por el poder central imperialista. Dentro de ese paradigma, se han dado hechos y realidades como el escándalo del cementerio de La Macarena, que comenzó cuando el Miami Herald denunció el hallazgo de una fosa común con más de dos mil cuerpos, supuestamente pertenecientes a guerrilleros dados de baja en combate y que habían sido llevados a ese lugar por el ejército

Organizaciones de Derechos Humanos como Asfadhes, Movice y Cinep, habían acumulado una serie de denuncias de las comunidades de la zona, sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, entre 2003 y 2004, pero solo después de la publicación se comenzó a hablar de dos mil muertos enterrados en una fosa común.

Después de las denuncias de las organizaciones comunitarias que hablaban de la existencia de falsos positivos en esa fosa, el gobierno integró, para esclarecer los hechos, el grupo interdisciplinario del que hacían parte la Fiscalía y la Procuraduría. Se encontraron 449 cuerpos enterrados individualmente en un terreno anexo al cementerio que colinda con la base militar, y estaban catalogados como NN. De estos, se estableció la identidad de 41 cadáveres, siete de los cuales habían sido reportados como desaparecidos.

“La fosa común” es consecuencia de las acciones de “consolidación” en una zona también de “consolidación” que, como hemos indicado, aparece como punta de lanza y modelo en la política de seguridad de Santos.

Se trata del desarrollo de una zona de acción integral según cánones del Comando Sur de Estados Unidos, cuya aplicación en La Macarena fue impulsada por el señor Sergio Jaramillo, desde los días en que era viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos. La esencia del experimento contrainsurgente, consiste en llevar la presencia del Estado a las zonas supuestamente liberadas militarmente, - ¡como si la guerrilla defendiera posiciones geográficas!-, para que las comunidades que las habitan comiencen a confiar en el Estado y a restarle cualquier apoyo popular que tuviera la guerrilla.

Juan Manuel Santos ya siendo Presidente llamó a la estrategia de colaboración civil-militar “El salto estratégico” y sería la filosofía que guiaría su política de seguridad. Se supone que en adelante aumentaría la inversión social, priorizándose sobre la asistencia militar que hacía el Plan Colombia; pero lo cierto es que las sumas millonarias para inversión en desarrollo, reformas judiciales y ayuda humanitaria que se harían en las zonas de consolidación, seguirían siendo coordinadas por el ejército y subordinadas a su funcionalidad.

Está claro que desde las políticas que se trazaron en el contexto del Plan Colombia hacia 1999, con los supuestos propósitos de luchar contra el narcotráfico, los recursos se dedicaron a la lucha contrainsurgente, con la equivocada idea, además, de que con ello se daría un golpe a las finanzas de la guerrilla al impedirle el acceso a lo que consideraban ganancias generadas por el control de los mercados de pasta básica de cocaína (PBC). Esta falacia no debe continuar pendiendo sobre los planes que se tracen para resolver el problema de los cultivos de uso ilícito ni el del narcotráfico en general. Esta estrategia que se mantiene en las políticas de consolidación combinando las viejas y cuestionadas fórmulas de la fumigación aérea y la erradicación manual forzosa, y que tanto daño ha causado a los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas, incluyendo los “programas de desarrollo alternativo” de agencias de cooperación extranjeras como la USAID, deben cesar. Pues es evidente que si se desea trazar una verdadera política antidroga ilícita, esta vía a lo que conduce es al incremento del desplazamiento forzoso, a mayor crisis humanitaria y a la reproducción de condiciones favorables a la expansión de los modelos productivos basados en la concentración de la tierra. Tras de las fallidas políticas de guerra a las drogas, se han afianzado proyectos agro-industriales que crecen en relación directamente proporcional al debilitamiento de los territorios colectivos y las zonas donde aún existe la pequeña y mediana propiedad, y el desplazamiento de la población de las zonas fumigadas ha abierto la posibilidad real de la expansión de grandes propiedades, mediante ocupación de hecho con cultivos de agro-exportación, como es el caso de algunos consorcios de inversionistas de la palma aceitera.

Tendríamos que agregar que el accionar militar contrainsurgente se desató también con saña contra la población, de tal manera que si algún debilitamiento ha producido el Estado es el de la capacidad de respuesta de las comunidades por efecto de la guerra sin cuartel que les ha tocado soportar; y los cacareados logros en materia de reducción de cultivos, no son más que otra falacia si atendemos a que la productividad por hectárea de hoja de coca ha aumentado a niveles que permite a las mafias mantener la oferta de cocaína, a precios gananciosos, en el mercado mundial.

El esquema del Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que lleva la línea secuencial de fumigación de cultivos, erradicación manual forzosa mediante los grupos móviles de erradicación, combinación de fumigación con priorización de la erradicación manual y luego el incremento supuesto de las inversiones en desarrollo alternativo a partir de la entrada del Plan de Consolidación como inversiones sociales en el área, puede estar generando la impresión de otorgar control territorial al Estado, pero la realidad es que lo que ha generado es subordinación vergonzosa al Comando Sur de los Estados Unidos, cero avance en la solución del problema del narcotráfico y una acumulación de abusos contra la población civil, violaciones imperdonables a los derechos humanos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, judicializaciones masivas e individuales de los pobladores, allanamientos indebidos, bloqueo de alimentos y combustibles, bombardeos indiscriminados cercanos a los caseríos, acampamientos de fuerzas militares dentro de las fincas, escuelas y caseríos, daño en bienes de los campesinos, efectos devastadores en materia ambiental anexos a las fumigaciones, e inenarrables secuelas de desarticulación social que en nada caracterizan lo que debe ser el fortalecimiento de un verdadero Estado de Derecho.

Si se toma en consideración que en los debates internacionales en los que se evalúan las políticas antidrogas está creciendo la audiencia en favor de tratar el problema con medidas de orden social, de regulación más que de represión en lo que respecta a sus eslabones más débiles, el rigor militarista, de interdicción y prohibicionismo rígidos que han imperado en Colombia, debe tomar otro rumbo, otras alternativas. Y si tanto peso tienen las decisiones del gobierno de los Estados Unidos en el diseño de las políticas por parte del gobierno colombiano, debiera tomarse en cuenta que el presidente Obama ha manifestado que no volverá a utilizar el término de “guerra” para referirse a las políticas de control de drogas.

La FIP ha dicho, reflexionando sobre las palabras de Obama, que “si el control del consumo, tráfico y producción de drogas no es una “guerra” no son válidos todos los daños humanos, sociales e institucionales que la implementación de la política acarrea. Se abre por lo tanto un espacio para la ponderación de las estrategias, para reducir los daños de las drogas y de las políticas que las combaten. Se abre en últimas un espacio para la innovación y el diseño de políticas basadas en evidencias y no en fundamentalismos ideológicos como el prohibicionismo radical. ¿No sería acaso incomprensible que Colombia, el país que más costos ha pagado en la guerra contra las drogas, renuncie a hacer un uso autónomo y creativo del espacio que se abre para impulsar cambios que adecuen las políticas a sus propias prioridades sociales y políticas? ¿No sería el Plan Nacional de Consolidación Territorial el escenario idóneo para impulsar esos cambios tácticos y estratégicos de las políticas antidrogas?” (Ibídem, pág. 8).

Es una magnífica reflexión esta, a la que habría que agregarle que es necesario cambiar el Plan en su conjunto, sacándolo de las viejas políticas, distanciándolo de la visión contrainsurgente que entraña el concepto consolidación y dándole vuelo a iniciativas concertadas que se enmarquen en el desenvolvimiento cierto de una reforma agraria y rural integral con enfoque territorial que permita la construcción de la paz.

De momento, y como desde la misma institucionalidad se reconoce, la Doctrina Contrainsurgente que fundamenta el Plan Nacional de Consolidación territorial reconoce el carácter político de la insurgencia pero sigue promoviendo, sin que se vislumbre la posibilidad de una tregua, que las estructuras armadas sean enfrentadas militarmente, involucrando plenamente a la población en sus acciones, más allá incluso del tratamiento orientado a “ganar las mentes y los corazones”. La estigmatización, la persecución, el terror…, se desborda con constancia en forma de cacería de brujas que se mantiene en busca de milicias e integrantes clandestinos de la resistencia o la inconformidad. Y mientras se pretende con desplazamiento o aniquilamiento de los frentes insurgentes -lo cual se prefiere a dar solución a las causas sociales que tiene la confrontación-, que las estructuras clandestinas pierdan la orientación estratégica, se hace de Colombia un escenario de guerra y desesperanza, en vez de fortalecer el proceso presente de diálogo, para que un mejor ambiente nos muestre la senda más expedita para llegar a la concreción de un acuerdo final.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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