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La denominada guerra global a las drogas ha fracasado

Análisis
Por Delegación de Paz de las FARC-EP exclusivo para ANNCOL


2a Reflexión del tema del narcotráfico:

“Los esfuerzos han estado tan encaminados a la represión y la persecución que no se han invertido en iniciativas de prevención y educación, que serían sin duda más efectivas en la reducción de la demanda”, escribe la Delegación de Paz de las FARC-EP en la segunda entrega sobre la “solución al problema de las drogas ilícitas” y el fracaso de la llamada “Guerra contra las Drogas”, exclusivo para ANNCOL.

Lea la 1a Reflexión

Enero 22 de 2014.

Especial para ANNCOL. Por Delegación de Paz de las FARC-EP.

 

SOBRE LA POLÍTICA VIGENTE, que es de donde se derivan los planes que están en marcha para actuar contra el fenómeno de las drogas, los investigadores han sido reiterativos en señalar que en la última década ha ganado audiencia la polémica sobre la falta de efectividad. Por ejemplo, la síntesis que el profesor Sergio de Zubiría hace en un escrito titulado La política sobre drogas: laberinto y desafíos, publicado en la revista Izquierda Número 40 de diciembre de 2013, nos recuerda que desde la iniciativa de abril de 2008 de los ex presidentes latinoamericanos Zedillo (México), Cardozo (Brasil) y Gaviria (Colombia)– se habla sobre la urgencia de un replanteamiento de esa política. Nos dice Sergio de Zubiría, que el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas 2011, cuya representatividad contaba además de estos ex presidentes, con personalidades como Kofi Annan (ex Secretario General de la ONU), Louise Arbour (ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), George Shultz (ex Secretario de Estado de USA), Carlos Fuentes (escritor e intelectual) y George Papandreou (Primer Ministro de Grecia), entre muchos otros, se concluye en un llamado de atención a la humanidad: la denominada “guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales”.

El profesor Sergio de Zubiría, recogiendo argumentos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, esboza algunos indicadores del fracaso de la “guerra contra las drogas”:

A pesar de las medidas represivas, la producción sigue en aumento, al igual que el consumo.
Otra evidencia del fracaso es la capacidad de regeneración inmediata de las fuentes de producción y traficantes.
Considerar a los consumidores como criminales impide que se generen políticas públicas claras en pro de la salud de los ciudadanos.
Los esfuerzos han estado tan encaminados a la represión y la persecución que no se han invertido en iniciativas de prevención y educación, que serían sin duda más efectivas en la reducción de la demanda.
 El profesor Sergio de Zubiría complementa esta visión diciendo que para salir del laberinto se debe apuntar a la construcción de otros caminos y no a la insistencia en la vía que ha refrendado su fracaso una y otra vez. Y dentro de ese camino retoma los principios y recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas, conceptuando que son contundentes y pueden iluminar las alternativas:

a) Terminar con la criminalización, marginalización y estigmatización de las personas que usan drogas pero no hacen ningún daño a otros; desafiando los conceptos erróneos acerca de los mercados de las drogas, el uso y la dependencia de drogas.

b) Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y seguridad de los ciudadanos; esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también debemos intentar otros ensayos de descriminalización y regulación legal.

c) Ofrecer servicios de salud y tratamiento a quienes lo necesiten, asegurando una variedad de tratamientos acordes con la especificidad del caso.

d) Respetar los derechos humanos de las personas que usan drogas y abolir prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento y que violan los derechos fundamentales.

e) Ofrecer la atención a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos y pequeños vendedores; muchos de ellos han sido víctimas de la violencia o la intimidación, o son dependientes de drogas.

f) Focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, pero hacerlo para socavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación.

g) Invertir en actividades que puedan prevenir en primer lugar que las personas jóvenes usen drogas y a la vez prevenir que los que las usan desarrollen problemas más serios, evitando mensajes simplistas al estilo “sólo di que no” o “tolerancia cero”. En lugar de ello, priorizar esfuerzos educativos asentados en información creíble y programas preventivos.

h) Iniciar pronto con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas, reemplazando las políticas y estrategias orientadas por la ideología y la conveniencia política hacia políticas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud y los derechos humanos. Asegurar que las convenciones internacionales sean revisadas para adaptarlas a unas políticas que prioricen la reducción de daños, la descriminalización y las políticas de regulación legal.

 

PODRÍAMOS AFIRMAR QUE LA PROBLEMÁTICA del narcotráfico y el uso de drogas en el mundo, entonces, no ha tenido el tratamiento adecuado para su solución. Para el caso colombiano, el problema tiene su fuente de existencia en los Estados Unidos, principalmente, porque de allí surgen las políticas equivocadas, allí está el mayor centro de consumo, ellí están los mayores proveedores de insumos para la narcoproducción, allí están los suministradores principales de las armas que acompañan el negocio, allí se encuentran los mayores distribuidores o vendedores de las drogas ilegales, allí residen y actúan los mayores responsables y beneficiarios del lavado de dineros, y, reiteramos, desde allí se definen las politicas antidrogas y el manejo de ellas.

En Colombia, para el caso de los campesinos y familias de comunidades rurales en general que están involucrados en tal cadena, esos son solamente parte de uno de los eslabones más débiles, que al mismo tiempo y al lado de los consumidores son víctimas del fenómeno. Por ello es incorrecto e inconveniente que sobre sus hombros recaiga el peso de la represió. Urgen modelos intermedios y de regularización como alternativa de solución.

 

EN OCTUBRE DE 2013, el académico Rodrigo Uprimny, refiriéndose a declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, decía que era muy importante la idea de que Colombia lleve a nivel mundial la discusión sobre la política frente a las drogas, incluso al Consejo de Seguridad de la ONU. Decía Uprimny, mostrando como positivo el criterio de la canciller que, efectivamente, “no tiene sentido que mientras ciertos paises desarrollados despenalizan y legalizan ciertos consumos nosotros sigamos metiendo a la cárcel al campesino que tiene media hectárea de coca”. El académico hallaba razón en que la canciller destacara esta contradicicón, pero indicando que este planteamiento que se asemejaba al que el presidente Santos hizo en México, era insuficiente e incluso podría convertirse en un boomerang. “Si el problema es únicamente que existe una contradicción entre el hecho de que en Colombia sigamos estrategias punitivas frente a la producción y distribución de sustancias psicoactivas, mientras que en ciertos países europeos o en ciertas partes de Estados Unidos avanza la despenalizaión del consumo, entonces la solución puede tomar dos formas radicalmente opuestas: puede uno defender la penalización del consumo o, por el contrario, avanzar hacia la legalización y la regularización de la producción y la distribución”.

En sus investigaciones y análisis de muchos años, el profesor Uprimny, al reflexionar sobre los costos y beneficios de la llamada “guerra a las drogas” que ha seguido el Estado colombiano, indica que una eventual reducción de la oferta y el consumo a partir de las políticas y prácticas que se derivan de dicho modelo son mínimos, con costos muy elevados que se traducen en el incremento de una economía ilegal que provoca violencia y corrupción, la expansión de una cultura mafiosa, restricción de libertades, sobrecarga del aparato judicial y una paradoja sanitaria.

 

AL ESTABLECER CUADROS COMPARATIVOS entre diversos modelos de tratamiento del problema de las drogas ilícitas, señala que para los casos del prohibicionismo y de la liberalización, es evidente el fracaso estructural de sus políticas, de manera tal que las alternativas de solución las ubica en modelos intermedios y de regularización. La alternativa incluye encabezar la discusión sobre el prohibicionismo en los escenarios internacionales, buscando reformulaciones inmediatas que construyan un enfoque de derechos humanos. Esto, no solo por razones éticas, de dignidad humana, sino también porque es deseable políticamente para armonizar obligaciones del Estado y flexibilizar el marco internacional, aparte de que es una obligación jurídica frente a la Carta de Naciones Unidas.

Dentro de esta formulación tienen primacía los deberes estatales en el campo de los derechos humanos; los usuarios de drogas deben ser vistos como titulares de tales derechos y no como delincuentes ni enfermos y las políticas se deben basar en evidencia y con criterios de derechos humanos y no sólo observando la reducción de oferta y de consumo.

De este tipo de observaciones fundadas en estudios de orden científico, es que se desprenden recomendaciones que hoy tienen el mayor peso en la comunidad académica mundial, como la despenalización del consumo, la reducción de los excesos punitivos, la diferenciación de conductas acordes al principio de proporcionalidad, el garantismo procesal, la experimentación con mercados regulados, etc. y otras que directamente tocan con medidas de moratoria en la fumigación y erradicación forzada, respecto a las cuales hay que propiciar ofertas alternativas, sin perder de vista la relación que existe entre contextos sociales y políticos, y las particularidades del nacrotráfico en Colombia, donde la miseria empuja a inmensas masas populares a vincularse a las economías ilegales.

 

AHORA EL GOBIERNO SUGIERE en sus desarrollos discursivos frente a la prensa, una “sustitución” de cultivos de uso ilícito, aparentemente ligada a lo que podría ser el desenvolvimiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el formato que se ha publicado dentro de los informes conjuntos referidos a los Acuerdos Parciales de la Habana. Pero el quid del asunto, está en que en la práctica los planes antidrogas son principalmente de erradicación forzada y asperciones; es decir, que se sigue bajo un planteamiento que se ubica dentro de los parámetros de las políticas antidrogas diseñadas por Estados Unidos, cuyos fundamentos causan las dinámicas prohibicionistas, punitivas y militaristas equivocadas que hoy se cuestionan desde los sectores más experimentados que abogan por la solución del asunto en condiciones de soberanía y justicia social.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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