2019 fue el año más mortal para los excombatientes: Instituto Kroc

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Por El Espectador - Colombia 2020

El informe de dicha organización, que hace seguimiento al Acuerdo de Paz, reconoce algunos avances, pero también llama la atención sobre varios puntos que presentan retrasos. El documento resalta la implementación del punto 5, que tiene que ver con la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad.

El Instituto Kroc, que hace parte de la Universidad de Notre Dame y sigue de cerca la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, entregó un nuevo informe la mañana de este martes. El documento reveló que 2019 fue el año en el que se presentaron más asesinatos de excombatientes (77) desde la firma del Acuerdo de Paz, lo que significó un aumento de 18.5% con respecto a 2018. Alertaron que los homicidios de exguerrilleros y líderes sociales tienen “efectos devastadores” sobre la implementación.

El instituto, que ha estudiado procesos de paz en varios países, enfatizó en la importancia del cumplimiento a cabalidad del Acuerdo firmado por el Estado y las Farc para evitar nuevas violencias. Puntualmente se refirieron a las disidencias: “la mejor estrategia para debilitar estos grupos es implementar el Acuerdo de manera integral”.

La evaluación total dio como resultado que “el 25% de las disposiciones se han implementado completamente, otro 15% tiene un nivel de avance intermedio (en camino a ser completado en el tiempo establecido) y un 36% tiene un nivel de avance mínimo. El 24% de las disposiciones no ha iniciado”. El informe estudió la implementación entre diciembre de 2018 a noviembre de 2019.

El documento también contiene un análisis detallado del estado de implementación de los seis puntos del Acuerdo de Paz.

Punto 1: Reforma Rural Integral

El instituto Kroc resaltó los avances en dos temas específicos: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el catastro multipropósito. Sobre la importancia de este último, el Instituto señaló que “de completarse, se incrementaría la capacidad fiscal de los municipios para cobrar el impuesto predial, lo cual mejoraría sus finanzas. Desde una perspectiva de implementación, esto generaría nuevos recursos para hacer viable el cumplimiento de los Pdet y otros temas del Acuerdo que requieren recursos adicionales”.

En cuanto a los Pdet, el instituto mencionó como un avance que se finalizaron los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (Ptar). A pesar de eso, Kroc recogió algunas preocupaciones de algunas organizaciones sociales del Catatumbo (Norte de Santander), en donde se está haciendo un plan piloto de la implementación de la Hoja de Ruta de los Pdet. “Las organizaciones de base que estuvieron en la fase de planeación del Patr no pudieron participar en este proceso porque sus representantes fueron convocados el mismo día que iniciaba el proceso”, señalaron.

Otros puntos de preocupación del punto 1 tienen que ver con los Planes Nacionales que contienen medidas para la garantía de derechos como la educación, la salud y la vivienda en las zonas rurales. También hicieron un llamado a la adjudicación de tierras que quedó estipulada en el Acuerdo de Paz “durante el periodo de estudio cerca de 700.000 hectáreas fueron ingresadas al Fondo de Tierras, para un total de casi 925.000 hectáreas. Esto representa alrededor del 31% de las 3.000.000 de hectáreas contempladas en el Acuerdo para ser distribuidas”. “A la fecha de corte de este informe, el Instituto Kroc no tiene información sobre adjudicaciones de tierras provenientes del Fondo”, alertaron.

Punto 2: Participación Política

Es el punto que más preocupación genera en el instituto Kroc. “Se evidencian pocos avances en cuanto a los compromisos que buscan promover la apertura democrática como parte de la transformación de las causas que originaron del conflicto. Entre ellas se encuentran iniciativas de corto plazo como el Acto Legislativo de las Circunscripciones Especiales para la Paz, la Reforma Política, la Ley de Protesta y la Ley de Participación”, se lee en el informe.

“Los avances del Punto 2 fueron mayoritariamente técnicos”, enfatizó el documento. Se refieren, por ejemplo, a campañas de promoción de la participación electoral que fueron realizadas por el Ministerio del Interior y la Registraduría. Asimismo, también hubo avances en la adjudicación de emisoras comunitarias.

Otro compromiso del Estado que no se ha materializado es lo referente a las modificaciones en el manejo de la protesta social. “A la fecha de cierre de este informe, el Gobierno no había presentado ningún proyecto de ley y la posición pública del Ministerio del Interior era que no la presentaría”, advirtió el documento. “Aquí se podrían tener avances mucho más grandes sin un esfuerzo financiero”, complementó Andrés Cano, coordinador político de ese centro de estudios.

Punto 3: Fin del conflicto

“Es uno de los que mayores avances mostró en los primeros años de implementación”, señaló el informe. El cumplimiento se debe en gran parte a que había acuerdos de corto plazo como la dejación de las armas, el cese al fuego y la concentración de los integrantes de la guerrilla. El documento también resaltó que durante 2019 se avanzó con la reincorporación económica de los excombatientes. “A diciembre del 2019, se habían aprobado 47 proyectos productivos colectivos que beneficiaban a 2.454 personas y otros 705 proyectos individuales para 827 excombatientes, lo cual corresponde al 24% de esta población”.

En este apartado del informe, el instituto resaltó la seguridad que el Estado le ha proporcionado a los excombatientes que se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr). Sin embargo, recordaron que en dichas zonas solo residen 2.946 excombatientes, mientras que por fuera hay unos 9.275. “Algunos de ellos han conformado nuevas áreas de reagrupamiento y su seguridad sigue siendo un desafío adicional”, recordaron.

Persistieron los llamados a que se esclarezcan los autores intelectuales que están detrás de los homicidios de los excombatientes. “La Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía anunció en julio del 2019 que a la fecha había identificado el autor material en 52% de los 168 casos de homicidios investigados, con 12 condenas y 19 personas en juicio155. Agregó que en el 77% de los casos en los que el autor fue esclarecido (es decir, en 67 casos), un grupo armado ilegal estaba involucrado. De las 67 personas detenidas, solamente nueve serían autores intelectuales”, enfatizaron.

Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

La conclusión del instituto Kroc es que ese punto muestra una “desaceleración” en su implementación. El centro de ese apartado del Acuerdo de Paz es el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS) que estuvo pausado por seis meses, entre finales de 2018 e inicios de 2019. Pero los retrasos se estarían dando en todos los aspectos. “Se registraron pocos desarrollos en el resto de este punto, que se relaciona con temas de lavado de activos, corrupción y consumo de drogas ilícitas”, puntualizaron.

“Líderes y lideresas del PNIS entrevistados por el Instituto Kroc señalaron diversas fuentes de desconfianza en el Programa. Entre ellas, destacaron retrasos o incumplimientos en la implementación, la percepción de exclusión y suspensión injusta de algunas familias y el cambio en las reglas de juego del Programa, lo cual ha generado incertidumbre”, recalcó el documento. A finales de 2019 “solo el 1% de participantes tenía un proyecto productivo en funcionamiento”.

A eso se suma la violencia en contra de las personas que se han acogido al PNIS. El informe cita a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) que ha registrado que entre mayo de 2017 y enero de 2020 han sido asesinados 56 líderes y 29 participantes de dicho programa.

Punto 5: Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Es uno de los puntos de mayor avance, según el instituto Kroc. Aseguran que las demoras que hubo en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se debieron, por ejemplo, a la demora en la sanción de la ley estatutaria.

“Entre el 2018 y el 2019, los componentes del Sistema (la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad) crearon espacios de participación para las víctimas con un enfoque diferencial”, resaltó el documento. “La confianza de las víctimas y las organizaciones en los diferentes componentes del Sistema se hizo evidente también a través de la entrega de informes”, agregaron.

Las debilidades en este punto tienen que ver con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Según el informe, por ejemplo, no ha habido coordinación suficiente entre ese sistema y el sistema integral. “A noviembre del 2019, sólo se habían completado los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) de 15 sujetos colectivos, de los 736 registrados”, puntualizaron.

Punto 6: Implementación, Verificación y Refrendación

“Se presentó una disminución en el ritmo de avance”, concluyó el instituto. Aunque resaltaron el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (Csivi), también advirtieron que en esa instancia “no alcanzaron consensos sobre algunos temas especialmente importantes. Estos incluyen las medidas de seguridad para exintegrantes de las Farc y sus familias, la agenda normativa de implementación, las objeciones realizadas por la Presidencia a la ley estatutaria de la JEP y el seguimiento a la lista de los bienes entregados por la Fuerza Alternativa”. Sugirieron que en casos en los que no se pueden llegar a Acuerdos se podría reactivar el rol de los notables (asesores internacionales): Pepe Mújica, expresidente de Uruguay, y Felipe González, expresidente de España.

Dicha instancia se encuentra frenada por cuenta de que Farc se levantó luego de que el embajador de Cuba, Luis Ponce, no asistiera a una reunión. El hecho se dio luego de que Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, celebrara la inclusión de ese país en la lista de las naciones que no apoyan la lucha contra el terrorismo.

Otro aspecto en el que el informe hizo énfasis fueron los retrasos en los enfoques de género y étnico. En ambos casos, el instituto evidenció que hay una brecha entre la implementación del Acuerdo de Paz y la de ambos enfoques. “Pueden ser cuellos de botella en la implementación”, concluyó Cano.