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Estado y cultivos de uso ilícito ¿Solución o profundización de la crisis?

Análisis
Por María Méndez
Fundación Colombia Soberana
Videos Rema ACPP

Resultado de imagen para erradicación forzada campesino herido
Campesino herido en Puerto Rico Meta, en enfrentamientos por la erradicación forzada
Foto: Contagio Radio (17 de julio 2017)

Estamos, como ya hemos dicho, en una nueva etapa del Proceso de Paz: la implementación del Acuerdo de la Esperanza. Es la fase más compleja y está marcada por el incumplimiento del gobierno, quien es el enemigo número uno de la Paz con justicia social para todos y todas.

La gravedad de las circunstancias nos obliga a hablar del punto 4: "Solución al problema de las drogas ilícitas" (página 98 a 123) en el cual se aclara que "La persistencia de los cultivos está ligada en buena parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico." 

Que este párrafo haya quedado impreso en el Acuerdo no se debe al capricho de las FARC, sino a una aplastante realidad que le tocó reconocer al Estado: la mayor parte del territorio nacional carece de una presencia efectiva de la institucionalidad que debiera verse en infraestructura, salud, educación, vivienda digna, etc. 

Quedó más que demostrado que la guerra fratricida no es la causa sino el efecto del olvido estatal y de la violencia de las clases dominantes contra el campesino colombiano, causas que son anteriores a la aparición de las guerrillas en nuestro país. 

También se le cayó al Estado el fantasma de las "narco-guerrillas" al tener que admitir que "El conflicto interno colombiano tiene una larga historia de décadas que antecede y tienen causas ajenas a la aparición de los cultivos de uso ilícito de gran escala, y a la producción y comercialización de las drogas ilícitas en el territorio."

En este punto, que es transversal al punto 1: "Reforma Rural Integral" (página 9 a 34), se contempla la sustitución voluntaria de estos cultivos y una construcción participativa y concertada en las transformaciones de estos territorios, entre otros principios (5 en total).

Sin embargo nos preocupa los hechos que desde final del año pasado (2016) están sucediendo en los territorios. El Estado en su afán de cumplir la meta de erradicar  50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, se ha empeñado en una estrategia ambigua y poco clara en la cual corre como "cabra loca" firmando acuerdos inconsultos con las comunidades, para luego incumplirlos y enviar ESMAD, Policía y Ejército a erradicar forzadamente los cultivos y atacar la población desarmada.






Meta, Putumayo y Nariño, son algunos departamentos donde esta problemática se ha agudizado y donde se han reportado civiles heridos por las fuerzas estatales. Los anteriores videos nos muestran el desespero de los campesinos, ante esta situación que pone en vilo su único sustento, la planta que le da de comer a sus hijos.

Que campesinos pacíficos tomen vías de hecho tales como la retención de miembros de la fuerza pública, nos estremece y nos hace preguntar ¿hasta cuándo el gobierno seguirá con esta estrategia fallida? ¿Cuántos muertos tiene que haber para que el gobierno entienda que no es la represión sino la implementación del Acuerdo la que le dará salida a este problema?

Si el Estado continua con está política, el problema de los cultivos de uso ilícito tendrá una transformación más pavorosa, que nos recuerda al despojo a sangre y fuego que los antepasados de estos campesinos tuvieron que vivir en las décadas los años 20, 30 y 40 del siglo anterior, se repite la historia, y de pasar esto, sus consecuencias serán más devastadoras.

El Gobierno se tiene que preguntar si esta es la salida que busca. Si en verdad quiere dar solución a este problema o profundizarlo, pues ya no es solo la persistencia de los cultivos, sino la profundización de una crisis nacida de los desplazamientos históricos y toca el fondo de crisis humanitaria.

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