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La nación U’wa se toma la estación de gas de Gibraltar

Noticia


Apagado planta de gas

Luego de más de 7 semanas de protesta indígena y ante la indiferencia y el incumplimiento del gobierno, los indígenas arrecian la manifestación de su inconformidad. Hoy, 20 de julio, los U’wa  ocuparon la planta de gas natural de Gibraltar. Toda la operación de esa infraestructura fue suspendida.

Son varias las reuniones efectuadas entre la nación U’wa y el gobierno nacional, pero lo avances en la solución del conflicto, nulos. Se ha evidenciado la falta de voluntad política y de compromiso de este último para cumplir los acuerdos pactados desde el 2014, año en el que una protesta similar se produjo por parte de los indígenas.

Desde hace 50 días la guardia indígena U’wa se viene concentrando en los puntos de La China, Cubugón, Callejón de la Muerte, la finca Santa Rita, Bella Vista, Vega Rica, impidiendo el normal funcionamiento de la explotación de gas en el yacimiento de Gibraltar. 

Las concentraciones buscan que el gobierno nacional haga presencia en el territorio y cumpla los compromisos establecidos mediante acuerdo firmado en mayo y junio del 2014.
A medida que avanzan los días, la protesta indígena fue apoyada por comunidades campesinas de los municipios de Cubará (Boyacá), Saravena, Fortul, Tame y Arauquita (Arauca). AL inicio de la protesta, las exigencias fueron la devolución de territorios ancestrales a los indígenas, el arreglo de la Vía o ‘trocha’ de la Soberanía y la distribución del gas natural a centros poblados aledaños al yacimiento, tales como Cubará y Saravena.

En vista de la negativa del gobierno nacional a poner interés a esas peticiones, los U’wa decidieron cerrar la llave del gasoducto de  la planta de gas de Gibraltar y ocupar las instalaciones, como medida para recuperar y ejercer el control de su territorio, y además llamar la atención del gobierno sobre la problemática indígena. Desde las 6 de la mañana, la guardia indígena U’wa ingresó a las instalaciones y controla el ingreso y la salida del personal que trabaja en la planta de gas.

A partir de esta fecha, la nación U’wa ya no le exige al gobierno que cumpla los compromisos pactados el 2014. Con fuerte convicción de su derecho a organizar su territorio de manera autónoma, la  exigencia se encamina hoy hacia el cierre total de la planta de gas, la salida del territorio de  Ecopetrol y de la multinacional que explota el valioso recurso natural en ese lugar ya que los predios en los que se encuentra el yacimiento son propiedad colectiva del pueblo U’wa.

Papel histórico de los U’wa

Históricamente los U’wa han protegido el territorio ancestral, que para ellos tiene carácter de sagrado. Esa actitud ante el entorno natural se ha mantenido hasta la actualidad, incluso luego de ser despojados de miles de hectáreas a raíz de la colonización dirigida por el Estado colombiano y la concesión de grandes extensiones de tierra a empresas extranjeras para explotación de recursos, como en este caso. Las comunidades indígenas ven con profunda preocupación la desprotección total del gobierno frente a los resguardos y territorios sagrados, donde el equilibrio natural es el motor de la vida.

En ese sentido, la nación U’wa encamina su movilización hacia la defensa de la vida y la permanencia en sus territorios. El problema es que la vida les ha sido  arrebatada por las prácticas de exploración y explotación de hidrocarburos y la venta de sus territorios a las multinacionales.

Así, el pueblo U’wa ha evolucionado y fortalecido sus mecanismo de defensa del territorio. En los años 90 amenazó con un suicidio colectivo de sus integrantes, si se continuaba con la explotación petrolera por parte de la estadounidense OXY. Hoy en día, se deciden a neutralizar uno de los principales enemigos de su territorio, que es el negocio de extracción de recursos naturales.

Sin embargo, siguen poniendo su vida en riesgo, ya que son recientes los ejemplos de represión violenta por parte del Estado a las expresiones de protesta, por más pacíficas que sean. Por esto, los U’wa responsabilizan al gobierno nacional por cualquier hecho que violente y agreda a los integrantes de la guardia indígena y de la comunidad en general. También hacen un llamado a los órganos de control y vigilancia para la garantía y protección de sus derechos, a las organizaciones nacionales e internacionales en la defensa de los derechos humanos y ambientales, a realizar seguimiento y veeduría a la problemática que hoy se evidencia.

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