Un Conflicto Político NO Se Resuelve Con Medidas Jurídicas

Análisis

Por ELN

Los medios masivos de comunicación soportes del régimen, manifiestan su "preocupación" por la supuesta impunidad, que se estaría acordando entre el gobierno y la insurgencia, generando en amplios sectores de la sociedad condena y desprecio por el proceso de paz.

Las declaraciones tanto de las FARC-EP como del ELN, en el sentido de no estar dispuestos a ser condenados por la obsoleta maquinaria jurídica estatal, han generado gran polémica, sobre todo porque el régimen ha desconocido sistemáticamente la naturaleza política del conflicto colombiano y del alzamiento armado.

La rebelión contra un sistema social económico y político, defendido a sangre y fuego, para satisfacer los intereses de una minoría de ricos, es un derecho de los pueblos desde tiempos inmemoriales. En Colombia la insurgencia como sujeto político militar -que no ha sido derrotado-, plantea la transformación de las estructuras político económicas y su marco jurídico, con el que pretenden juzgarla.

No se trata de un proceso de sometimiento, pero tampoco de un intercambio o exigencia de impunidad, se trata más bien del reconocimiento de la legitimidad del levantamiento armado ante un orden injusto; que conlleva la investigación critica de los hechos propios de la confrontación, para establecer responsabilidades concretas, más allá de la pretensión de sometimiento del rebelde.

Hay quienes de manera histórica y desafiante han pretendido comparar el supuesto proceso de desmovilización del paramilitarismo realizado por el gobierno de Álvaro Uribe, con los actuales procesos adelantados con la insurgencia; exigiendo que se aplique el mismo modelo usado en esa supuesta desmovilización, con el fin de "impedir a toda costa un acuerdo de impunidad favorable a la insurgencia".

Es necesario recordar que la llamada Ley de justicia y paz, en una década de implementación, ha dictado apenas 14 sentencias de los 4 mil procesos adelantados, juzgando a tan sólo el 0,04 por ciento del total de 35 mil paramilitares supuestamente desmovilizados.

Hoy la mayoría de los jefes paramilitares se encuentran a punto de cumplir sus sentencias, sin que la sociedad y las víctimas directas asistieran a procesos de verdad, justicia o reparación, y sin que la guerra sucia paramilitar cese en el país.

Según la Fiscalía general de Colombia, son 14 mil los investigados por la Justicia ordinaria, por crímenes denunciados por los paramilitares acogidos a la Ley de justicia y paz; de ellos, 11.400 son empresarios, ganaderos, bananeros, ejecutivos de multinacionales, petroleras y de medios de comunicación; 1.274 militares y 1.240 dirigentes políticos.

Por esto, la oligarquía está empeñada en generar una piñata de impunidades, llamando al "perdón y olvido generalizados"; que produciría el desconocimiento de las causas del conflicto, de sus principales responsables y de un juicio histórico, que permita llegar a la verdad, a la reparación integral y a las garantías de no repetición.

Tal propuesta persigue usar el actual proceso de paz con la insurgencia, como una plataforma hacia el olvido y la continuación de un modelo económico y político excluyente, sin responsables ni procesos de transformación de la sociedad y el Estado. La elite dominante sería la beneficiada, bajo la premisa de "mas vale un mar de impunidad, que una caída en efecto dominó de las columnas del régimen".

Hablar de justicia en el marco de la búsqueda de solución al conflicto social, político y armado, que vive el país no puede remitirse exclusivamente a la construcción de uno u otro modelo jurídico, pues requiere entender la justicia en planos como el económico y social, evidenciando la necesidad de realizar transformaciones profundas, que permitan la superación de las situaciones de exclusión, pobreza y represión a las que están sometidos la inmensa mayoría de colombianos y colombianas.

La paz con justicia social, debe ser entendida como algo mas que una consigna para convertirse en un programa concreto de transformaciones económicas, políticas y culturales, liderada por una amplia confluencia política de diversos sectores sociales favorables a la democratización de la sociedad, a la superación de la inequidad económica, a la resolución de los conflictos políticos por vías no violentas, entre otros.