Desfinanciación es igual a privatización

Análisis

Tomado de OCE

Por  Amaury Núñez - Vocero Nacional de la MANE y Representante Estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.

Con esta intervención demostraré que la política de financiación desde La ley 30 del año 92 es una política de privatización. Lo califico así porque la forma de financiar la universidad pública ha resultado en la privación o negación de éste que es un derecho fundamental,  por cuenta de la desfinanciación a la que la han sometido, llevando a las universidades públicas a condiciones de pésima calidad y de crisis de infraestructura.

El modelo que se implementó con la Ley 30 de 1992 definió que los recursos públicos no iban a crecer de acuerdo a las necesidades establecidas por las universidades, sino en función de la inflación, lo que es igual a no dar nada más de lo que ya se tiene, a actualizarlos, y lo poco que se adicionaría sería condicionado por la voluntad de quien los suministrara. Un modelo para la crisis, para el debilitamiento de la universidad pública, que han mantenido todos los Gobiernos desde entonces, y que con la propuesta de Política Pública 2034 de Juan Manuel Santos se empeorará.

Mientras en el año 1993 el 84% de las transferencias eran estatales, en el 2014 esta suma se redujo al 50%. Las universidades asumieron con el paso del tiempo la otra mitad de los gastos ordinarios de funcionamiento lo cual se tradujo en matrículas más altas que pagan las familias y los estudiantes, la venta de bienes y servicios, crédito universitario, pésimas condiciones de labores para profesores y trabajadores. Durante este periodo se dejaron de destinar 5.700.000 pesos por estudiante a solo 3.600.000 pesos. Se redujeron los profesores de tiempo completo del 46% en el año 1992 al 25% en el 2010, y como consecuencia de esto, se ha hecho mayor hincapié en un tipo de vinculación docente de “subcontratación” y hora cátedra, llamado coloquialmente como “profesor buseta”, lo que implica una reducción en la dedicación docente para la investigación y atención al desarrollo pedagógico, y en últimas en una merma de la calidad de la Universidad.

El Sistema Universitario Estatal detalló recientemente a cuánto ascienden los recursos faltantes para educación superior al año 2012, por un lado, y las necesidades de inversión actuales, por otro. En gastos recurrentes, es decir, para invertir no solo en 2013 sino año a año, se requirieron $1.327 billones. Mientras que en inversión para resolver todo aquello que se ha acumulado, pero en las condiciones actuales, sin poner un solo pupitre más, $9.827 billones. Hasta aquí el cuadro es claro: la Ley 30 de 1992 le abrió paso a la negación del derecho fundamental a la educación y a la degradación de su calidad.

A la par de la disminución de las transferencias estatales a las universidades y del incremento de sus recursos propios, le abrieron paso al capital financiero para montarse un negocio más. Los créditos otorgados a través del Icetex han recibido un extraordinario impulso los últimos años. Mientras al Icetex en 2004 se invertía 1 billón de pesos, en 2011 fueron 2.3 billones ¡128% más en 5 años! Otra forma simple de manejar la plata: no entregarla a las universidades públicas sino a las familias, pero en forma de crédito, y todo crédito lleva consigo un negocio.

No en vano los continuos informes y recomendaciones del Banco Mundial sobre la educación superior en Colombia concluyen en la necesidad de establecer líneas de crédito – curiosamente con ellos mismos- para incentivar la demanda, es decir, los créditos educativos estilo ICETEX, mientras al mismo tiempo se sugiere reducir el gasto público destinado a fortalecer la oferta, es decir, los recursos que van directamente a la base presupuestal de las universidades públicas.

La decisión de instalar una burbuja especulativa con los créditos estudiantiles va resultar muy costosa para el país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 40 millones de estudiantes endeudados por cuenta de los créditos educativos, cuya cartera asciende a mil millones de dólares, superando la de las tarjetas de crédito.

En el caso colombiano y a la luz de la realidad actual, no es sostenible continuar endeudando estudiantes y familias al ritmo que se está haciendo. Pues para un estudiante que pide un préstamo de 20 millones de pesos, equivalente al 50% del costo de su carrera, tras la capitalización de los intereses en el “periodo de gracia” durante los años de estudio, terminará pagando $32.200.000, que diferido en 120 cuotas mensuales durante 10 años, equivale a pagar ¡85.9 millones de pesos! Cuotas de 716.000 pesos mensuales que representan alrededor del 50% del ingreso promedio de un profesional recién graduado que es de $1.400.000. Y eso si consigue trabajo, ya que solo un tercio de los graduados consigue empleo formal.

Hecho que se agrava con que cartera morosa del ICETEX, las deudas impagables, alcanza ya el 34%, endeudados que tienen que enfrentarse a cobros de toda índole. Hace pocos días casi 16 mil millones de deuda fueron “vendidos” a CISA (Central de Inversiones) en un ¡96% menos! que su precio, para que cobren y se ganen una plata. Este es un gobierno de genialidades, pues a la par que se recorta la vida de la universidad pública y se hipoteca el futuro de miles de endeudados, se le crea un negocio “archi-mega-rentable” a la especulación financiera.

¿Y la salida para las universidades públicas? También el endeudamiento: otra genialidad del gobierno. En el marco de alianzas del sector público con el privado para construir infraestructura física de las universidades se crea otro nicho de negocio, golpeando la autonomía de la universidad pública y rentando sobre sus bienes. Bajo la Ley de Concesiones de 2012, la universidad estatal entra en el experimento del ánimo de lucro, en el negocio, ya que establece que dineros provenientes de dicho sector en cantidad no inferior a $3.540 millones, que se inviertan en infraestructura o servicios de las universidades públicas, tienen derecho de retribución o usufructo durante un periodo máximo de 30 años, lo que reafirma el hecho de que el lucro entra por la puerta trasera si la universidad se desfinancia.

¿Y por qué lo hacen? Se volvió regla en Colombia cada cosa que lleve la firma del Banco Mundial o de la OCDE. Estos organismos hablaron de reforma universitaria en 2012, y plantearon que las modificaciones en cuanto a las finanzas debían orientarse en “atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado” pues, partiendo de la insuficiente fuente de recursos públicos y la creciente demanda insatisfecha, “la única manera de hacerlo sería recurrir a proveedores privados y compartir los costos [donde] las asociaciones mixtas público-privadas representan un modelo muy prometedor para Colombia.”

¿Y para que lo hacen? Claro es el hecho de convertir a Colombia en un lugar donde la inversión extranjera tenga el máximo beneficio posible, con el mínimo riesgo y una legislación acorde, sumado a la concentración de la economía en actividades de baja exigencia en investigación científica y tecnológica. Entre los años 2000 y 2009 la Inversión Extranjera Directa se multiplicó por 3 y sus utilidades por 11, lo que se ajusta al hecho que el diario The Economist pusiera a Colombia en el 5° lugar en vulnerabilidad frente a un frenazo de los flujos de capital.

Este gobierno lo definió con precisión en su plan, al iniciar su primer periodo, en el cual las locomotoras de la economía debían definir el tipo de educación que el país requería. Dime qué país quieres y te diré que tipo de educación necesitas, y la de hoy es una dura consecuencia del servilismo financiero.

Para un país minero no es de extrañar que se desmonte la inversión en Ciencia y Tecnología, pues en correspondencia con lo que se hace y produce en el país ésta jugará un papel menos determinante. De otro modo no se explica cómo este gobierno mantiene una pésima inversión en este campo: el 0.17% del PIB, cuando desde el año 1996 la “misión de sabios” recomendó un 2% del PIB. Los países desarrollados invierten 30 veces lo nuestro y en América Latina entre 10 y 15 veces más. Hace 200 años Francisco José de Caldas comprendió que la ciencia era requisito para alcanzar la soberanía, y hoy Santos se encarga de acabar las dos cosas.

El SUE declaró el pasado 13 de septiembre: “Como ha sido suficientemente aclarado, y aceptado, las universidades estatales de Colombia carecen de un modelo de financiamiento que cubra los costos crecientes que deben atender […] Los esfuerzos en eficiencia y generación de recursos propios se han dirigido a atender el desbalance estructural, sin impedir el deterioro evidente de las condiciones internas de funcionamiento […]Ahora, el presupuesto presentado en el año 2015, de nuevo, no incorpora recursos adicionales […] lo que pone a las universidades estatales en situación de emergencia.”

Cabe aclarar que no es cierto, como dijo el presidente Santos, que la educación sea el primer rubro del presupuesto ya que es el tercero por debajo del servicio a la deuda y el monto asignado a pensiones. Además, tampoco es cierto que sea la primera vez que el presupuesto de educación supera al de defensa, pues fue en el gobierno de Uribe, con Santos como Ministro de Defensa, que ese sector superó por primera vez en muchos años al de educación. Es decir, antes educación ya había superado a defensa y con Uribe se relegó.

Para el PGN del año 2015 tampoco reconoce el déficit planteado por los rectores y en consecuencia mantiene congelados una vez más las bases presupuestales de las universidades, a pesar del angustioso llamado para aumentarlas en mínimo 4% por encima del IPC. Una cifra que está lejos de solucionar los problemas de la universidad. En el Acuerdo Superior 2034 no compromete un solo peso adicional ni para comprar una tiza, más sí plantea 400 mil becas en el aire sin recursos ni compromisos. Y no podía ser de otra forma cuando en las “discusiones” no se abrió el debate financiero ni su relación con la característica de derecho fundamental que debe orientarla. El problema más grave del tal acuerdo es que no lo es.

Mientras el gobierno desconoce el déficit de las universidades, las debilita financieramente universidades trayendo consigo una posibilidad de negocio educativo y le abre paso a los privados en el sector público, la MANE sí reconoce el panorama actual de crisis y plantea soluciones sensatas y aterrizadas al respecto: reconoce los costos crecientes de la educación; establece el fortalecimiento a la oferta como eje del sistema y el incentivo a la demanda como un asunto subsidiario, opción más no obligación; propone que los fondos del ICETEX provengan del presupuesto nacional; resuelve de manera urgente el déficit recurrente de 1.3 billones y presenta un plan para inyectar 10 billones de pesos necesarios para mejorar la infraestructura de las universidades y la formación doctoral. Por eso afirmamos que en este debate hay dos modelos contrapuestos: uno neoliberal y privatizador que encarna el Gobierno, y el democrático y nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Muchas gracias.