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Tomado de ANNCOL
Por Camilo Raigozo - Notimundo
El pasado 6 de mayo, el Juzgado Primero Promiscuo de Control de Garantías, de Granada, Meta, ordenó la libertad de tres campesinos, víctimas de falsos positivos judiciales del Ejército y la Fiscalía.
La orden de libertad por vencimiento de términos cobijó al presidente de una junta de acción comunal en La Uribe y otros dos son campesinos afiliados y activistas en diferentes comités de juntas comunales del mismo municipio.
Los tres labriegos junto a otros 10 fueron víctimas de un operativo militar y judicial, el 26 de Mayo de 2013, informó Héctor Hugo Torres Hurtado, defensor de derechos humanos, de la Corporación de Derechos Humanos del Bajo Ariari.
Ese día en la inspección de La Julia, cuando el alcalde y otros funcionarios de La Uribe estaban convocando a las madres de la localidad para celebrarles su día, miembros del Ejército incursionaron en la caseta y capturaron a 13 campesinos.
Wntre ellos, La inspectora de policía Nohora González, el concejal Edwin Conde Hernández, acusados del delito de rebelión. Luego los agentes represores patrullaron el pueblo y fueron sacando uno a uno, a 9 o 10 pobladores más y los llevaron a Granada.
A la misma hora en la cabecera municipal, la Policía y el Ejército detuvieron a otros tres pobladores.
El alcalde Marcelino Chacón luego de la actividad en la inspección de La Julia se trasladó al corregimiento El Diviso donde le festejó el a las madres su día. Luego emprendió el viaje a la cabecera municipal.
Allí lo estaban esperando el Ejército y la Policía quienes lo capturaron acusado de rebelión y lo trasladaron a Granada.
En la audiencia de control de garantías, legalización de las capturas, imputación de cargos e imposición de medidas de aseguramiento, los abogados del alcalde Chacón, del concejal Conde y de la inspectora de policía González, apelaron la medida de aseguramiento la que fue fallada a su favor quedando los tres en libertad.
Las otras 9 víctimas del régimen, entre ellas, Wilson Daniel Vacca, Numael Paez y Edgar Cruz Aguiar, dirigentes comunales, quedaron detenidos ya que extrañamente los abogados de oficio que los defendía no apelaron las medidas de aseguramiento las cuales fueron ilegales.
A estos campesinos les tocó esperar por su libertad, decretada por Juez Primero Promiscuo de Control de Garantías de Granada, hasta el pasado 6 de mayo.
Sin embargo, la libertad de las tres víctimas solo se realizó el 10 de mayo debido a supuestos trámites dilatorios del sistema judicial y del Inpec, quienes para encarcelar a los campesinos si son acuciosos, diligentes y rápidos.
Existe preocupación en los pobladores de la región porque el Ejército y la Policía han amenazado con que tienen al menos otras 80 órdenes de capturas contra igual número de campesinos. Varias personas han sido encarceladas este año con base en montajes judiciales.
Entre los últimos capturados hay importantes líderes comunales, sociales, defensores de derechos humanos, comerciantes y antiguos habitantes de la región, lo que demuestra la estrategia criminal de los organismos militares y judiciales del estado.
Los tres campesinos próximos a quedar en libertad han sido defendidos por los abogados José Manuel Rátiva Mayuza, de la Corporación Derechos Humanos, Vida, Dignidad y Paz, Dhvdp.
En el desarrollo del proceso contra los labriegos no ha habido pruebas contundentes que sustenten los argumentos por los cuales la Fiscalía solicitó las órdenes de captura y las medidas de aseguramiento.
A pesar de que el material probatorio es débil e insuficiente, a los campesinos se les ha inducido para que acepten los delitos que se les imputa y realicen acuerdos judiciales.
Por su parte la Defensoría del Pueblo, de manera descarada, asignó a un exmilitar como abogado defensor de varios procesados por el delito de rebelión. Este de manera irresponsable lo que hace es pedirle a sus “defendidos” que acepten los delitos y se acojan a sentencia anticipada. El exmilitar debe declarase impedido para ejercer la defensa de sus víctimas.
Por otro lado, desde el día 6 de mayo de 2014, campesinos que se movilizan desde distintos sectores y municipios del Bajo Ariari, fueron amedrentados e intimidados por la Policía y el Ejército quienes impiden el derecho a la protesta y movilización pacífica.
Ese mismo día fue impedido el paso de los buses de empresas transportadoras, desde Villavicencio a los municipios del Bajo Ariari, en el Meta y algunos de estos fueron objeto de inmovilización.
En la inspección de la Julia y en la cabecera municipal de Uribe, el Ejército y la Plicía, empadronaron, registraron y presionaron de manera abusiva a los campesinos que participaban en el paro.
Los responsables de los abusos de las tropas del Ejército y Policía son el coronel, Eduardo González Guerrero, comandante de la Brigada Móvil 2. El teniente coronel, Julio Cesar Mejía, comandante del Batallón 29 de contra guerrillas.
El teniente coronel Kell Soler Linares, comandante de la Brigada Móvil 10, con sede en La Julia. El mayor, Arnulfo Caicedo, comandante Estación de Policía de La Julia y el subteniente, Carlos Alberto Bolaños Romero, comandante de la Estación de Policía La Uribe.
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