Coca: ¿por qué insiste Colombia con la erradicación aérea?

Análisis

Tomado de Prensa Rural 

Por Arturo Wallace 

Los estudios muestran que hay unos daños asociados a la aspersión en la salud, especialmente enfermedades dermatológicas y abortos; hay otros que demuestran mayor prevalencia de desnutrición infantil en las zonas de aspersión"

La destrucción de plantíos de coca mediante la aspersión aérea con glifosato tiene mala fama: no es particularmente efectiva, se cree que causa problemas de salud y afecta también a los cultivos legales.

Pero en Colombia, después de una pausa de más de cuatro meses, las autoridades se aprestan a volver a usar el herbicida en sus labores de erradicación.

La decisión, que debería ver a las primeras avionetas retomar el vuelo este 15 de febrero, no está exenta de polémica y de hecho en los últimos meses parecen haberse multiplicado las voces en contra de la práctica.

Y si bien la interrupción temporal de las labores de aspersión fue forzada por problemas de seguridad –con la guerrilla de las FARC atribuyéndose el derribo de un par de avionetas dedicadas a la actividad– el acuerdo alcanzado en septiembre del año pasado entre Colombia y Ecuador en el marco de una disputa por los daños causados por las fumigaciones en la zona de frontera, también les había hecho creer a muchos que el gobierno colombiano habían empezado a tomar conciencia de los problemas del uso del glifosato.

"Lo que pasó con Ecuador es un reconocimiento tácito de las autoridades colombianas de que la aspersión sí genera daños, y por eso Colombia decidió compensar (con aproximadamente US$15 millones) a Ecuador", le dijo a BBC Mundo Daniel Mejía, el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Cesed.

"Aunque obviamente la cancillería colombiana no va a admitir eso y dice que esto simplemente es una donación para el desarrollo de la zona fronteriza. Pero todos sabemos que eso no es así: esto fue una compensación para que Ecuador retirara la demanda en la Corte Internacional de Justicia", explicó.

Más problema que solución

Los estudios de Mejía, quien es considerado uno de los principales expertos en el tema, han contribuido a demostrar la poca relación costo–beneficio de la erradicación con glifosato.

"Los cálculos más positivos que se han hecho sobre este tema son los míos y dicen que por cada hectárea asperjada con glifosato el número de hectáreas cultivadas se reduce entre 0.1 y 0.15 hectáreas. Esto básicamente se traduce en que para eliminar una hectárea tienes que asperjarla entre ocho y diez veces", le explicó el experto a BBC Mundo.

Y, según Mejía, la literatura sobre el tema también está llena de investigaciones sobre los daños colaterales de la práctica sobre el medio ambiente, la salud, e incluso la confianza institucional.

"Los estudios muestran que hay unos daños asociados a la aspersión en la salud, especialmente enfermedades dermatológicas y abortos; hay otros que demuestran mayor prevalencia de desnutrición infantil en las zonas de aspersión, lo que puede tener que ver con los choques de ingreso que sufren las familias cuando los cultivos son destruidos", dijo.

Y tampoco faltan investigaciones que establecen una relación entre la aspersión y un importante deterioro de la confianza en las instituciones del estado, especialmente en las fuerzas de seguridad. Algo que, según el investigador, tiene que ver con el hecho de que en muchas de las zonas del país donde se practica la aspersión "la única presencia del estado es una avioneta fumigando con glifosato".

¿Por qué entonces la insistencia de las autoridades colombianas con esta modalidad de erradicación?

Las razones de Colombia

La respuesta no es sencilla. Y a pesar de sus esfuerzos BBC Mundo no pudo obtener una explicación oficial por parte de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Pero Mejía ofrece varias hipótesis. Y la primera es un recordatorio de que uno de los principales logros de Colombia en su lucha contra las drogas es la reducción sostenida del área cultivada con coca, al punto de haber sido superada recientemente por Perú.

"Hay varias métricas con las que la política antidrogas es evaluada. Y una de esas, que se ha vuelto muy importante en Colombia, es el área cultivada y el número de hectáreas asperjadas con glifosato", recordó el experto.

Y además de ser algo relativamente fácil de medir, explica Mejía, la aspersión es también algo relativamente fácil de organizar, sobre todo cuando se le compara con otras estrategias antidrogas, como la interdicción.

"Los estudios muestran que hay unos daños asociados a la aspersión en la salud, especialmente enfermedades dermatológicas y abortos; hay otros que demuestran mayor prevalencia de desnutrición infantil en las zonas de aspersión"

Por otro lado están las que podrían calificarse de "teorías de la conspiración", según las cuales varias compañías estadounidenses presionan para que la aspersión continúe porque se benefician financieramente de ella.

Mejía sin embargo, cree que la principal razón de la insistencia en la aspersión con glifosato es la inercia propia de muchas políticas públicas, que hace que no se revisen ni se reviertan las cosas porque se considera que de alguna manera eso sería reconocer que un error se ha estado cometiendo durante muchos años.

"Algunos miembros del gobierno colombiano dicen: ’¿Cómo vamos a detener una política que nos ha costado tantas vidas, nos han matado tantos erradicadores?’, explica Mejía.

"Pero mi respuesta es: precisamente por eso, porque no está siendo efectiva y nos está costando mucho", aseguró.

¿Final a la vista?

Hay, sin embargo, varias razones para creer que las cosas podrían cambiar próximamente, entre otras cosas porque la actitud de Estados Unidos –el principal financiador de las aspersiones con glifosato– hacia este tipo de programas también ha ido cambiando con el tiempo.

El Departamento de Estado norteamericano, por ejemplo, no tuvo problemas en aceptar la decisión de Afganistán de suspender la erradicación aérea de las plantaciones de amapola –empleadas para l a producción de heroína– pues además de ser poco efectiva estaba poniendo a la población rural afectada del lado del Talibán.

Y la Ley de Presupuesto recientemente aprobada por el congreso de EE.UU. incluye una cláusula que sugiere retener el 10 por ciento de la ayuda destinada a la fumigación de cultivos ilícitos hasta que no se certifique "que los herbicidas empleados no representan un riesgo para la salud de los humanos o el medio ambiente".

"Hay además otro tema, que yo creo va a empezar a moverse muy pronto y es el judicial. Y es que con todos los resultados de estos estudios que se han hecho, que muestran que la aspersión causa daños sobre la salud y sobre el medio ambiente se activa un principio legal que es el principio de precaución", le dijo Mejía a BBC Mundo.

Y el director del Cesed también cree que el discurso del presidente Juan Manuel Santos en el tema drogas terminará por empujarlo a la acción.

"Tenemos un presidente que ha sido muy enfático en decir que quiere un debate sobre la política de drogas, que va a tener que empezar a mostrar acciones dentro de Colombia", dijo el experto.

"(Santos) tiene que pasar de los anuncios de un debate a las acciones de política interna. Y una cosa que él puede rápidamente mostrar es decir: ’revisamos la evidencia sobre aspersión, la tomamos en serio, y decidimos detener la aspersión’", explicó.

El factor FARC

Otro factor a tomar en cuenta es que la interrupción de todo tipo de erradicación forzosa, empezando por la aspersión aérea, es una de las principales propuestas que sobre el tema ha hecho la guerrilla de las FARC en las conversaciones de paz de La Habana.

"Me late que el gobierno está esperando para hacerle esta concesión a las FARC y decirle: ’miren, nosotros estamos haciendo concesiones, empiecen ustedes a ceder también un poco’. Y eso sería un grave error", considera Mejía.

Y, en ese sentido, existe la posibilidad de que la principal razón por la que el gobierno decidió retomar las aspersiones con glifosato sea para poder luego suspenderla y presentarla como una concesión a la mesa de diálogo.

Si ese es el caso, sin embargo, Mejía cree que el gobierno se está equivocando.

"Eso sería dejar que las FARC ponga la agenda en este tema. Y el gobierno debería poner la agenda", le dijo a BBC Mundo.

"El gobierno podría llegar a la mesa y decir: "Mire, revisamos los estudios y nosotros mismos aceptamos que la aspersión tiene unos efectos muy pequeños y está generando unos daños muy grandes y nosotros mismos decidimos detenerla. No porque ustedes lo pidan, sino porque nosotros lo decidimos autónomamente. Que esto les guste a ustedes, magnífico. Pero la razón va más allá de que ustedes lo piden’", dijo el experto.