Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores
Comunicado
Por Delegación de Paz FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, febrero 25 de 2014
En desarrollo los lineamientos generales de la “Política antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo”, las FARC-EP presentan ocho propuestas mínimas correspondientes al sétimo punto sobre “Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores”:
- Reconocimiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública
- Diseño e implementación democrática y participativa de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas
- Centralidad de la responsabilidad del Estado frente al consumo de drogas sicoactivas
- Prevención del consumo de drogas sicoactivas
- Tratamiento terapéutico, rehabilitador y de reducción del daño del consumo de drogas sicoactivas
- Financiación estatal de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas
- Reforma estructural al régimen de seguridad social en salud
- Regulación estatal y despenalización del consumo del consumo de drogas sicoactivas
1. Reconocimiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública
El consumo de drogas sicoactivas será reconocido como un problema de salud pública, explicado en lo esencial por causas estructurales propias de la lógica económica, política, social y cultural del capitalismo, por la pobreza, el desempleo, la discriminación y la exclusión social, así como por la ausencia de perspectivas de vida, especialmente para la población joven. Se promoverá la investigación científica y académica para elaborar un diagnóstico sobre el estado actual y las tendencias del consumo y propiciar un conocimiento especializado de la problemática que permita su abordaje integral a través de medidas y acciones de política pública. Para tal efecto se conformará una Misión interdisciplinaria de expertos, que deberá producir un “Informe sobre estado y tendencias del consumo de drogas sicoactivas”.
2. Diseño e implementación democrática y participativa de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas
Se integrará el “Consejo Nacional de Políticas contra el consumo de drogas sicoactivas” con representantes de las instituciones del Estado, las instituciones científicas y los centros especializados, las comunidades terapéuticas y los consumidores organizados. Su función principal consiste en el diseño democrático y participativo de la política pública en esta materia, considerando un enfoque de salud pública y de derechos humanos, así como los resultados del “Informe sobre estado y tendencias del consumo de drogas sicoactivas”. La política pública privilegiará la prevención, el tratamiento terapéutico, la rehabilitación y la reducción del daño, así como la regulación del consumo; considerará especificidades y necesidades de focalización según grupos de edad, género, condición socioeconómica y ubicación geográfica.
3. Centralidad de la responsabilidad del Estado frente al consumo de drogas sicoactivas
Sin perjuicio del carácter democrático y participativo de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas, se reconocerá la centralidad de la responsabilidad del Estado para enfrentar la problemática. Ello conlleva su compromiso de disponer recursos de inversión social y emprender acciones conducentes a superar las causas estructurales del consumo. También implica el alistamiento del sistema de seguridad social para atender los requerimientos que resultan del reconocimiento del problema del consumo como un asunto de salud pública. Asimismo comprende medidas y acciones de política criminal contra las grandes redes de comercialización de sustancias sicoactivas y sus principales beneficiarios, así como tratamientos diferenciados, incluidas acciones de rehabilitación y de ofrecimiento de alternativas económicas, para quienes se encuentran involucrados en el llamado microtráfico.
4. Prevención del consumo de drogas sicoactivas
La política de prevención del consumo de drogas sicoactivas se concentrará en los niños, niñas y jóvenes, sin desatender otros grupos poblacionales. Se formularán e implementarán programas especiales de prevención en las instituciones educativas en sus diferentes niveles, involucrando al conjunto de las comunidades educativas. Tales programas se extenderán a los centros urbanos y las zonas rurales, incluyendo la participación activa de las comunidades organizadas y la definición de zonas a priorizar si a ello hubiere lugar. La prevención se fundamentará en campañas educativas y de información para evitar el consumo y mitigar el riesgo de quienes ya consumen, así como para promover estilos de vida saludable. En este aspecto, la provisión gratuita y la garantía de ofertas estatales permanentes de alternativas culturales, deportivas y de recreación ocupan un lugar primordial; también la disposición de opciones y alternativas laborales.
5. Tratamiento terapéutico, rehabilitador y de reducción del daño del consumo de drogas sicoactivas
Se reconocerá al consumidor de drogas sicoactivas como un sujeto de derechos, con quien el Estado tiene una responsabilidad dada su adicción. Se garantizará el acceso gratuito al tratamiento terapéutico, rehabilitador y de reducción del daño a los consumidores. En desarrollo de ese propósito, se dispondrán los recursos correspondientes para aumentar significativamente la oferta pública estatal y apoyar los centros especializados existentes. De igual forma, se informará ampliamente acerca de las rutas de acceso para el tratamiento y la rehabilitación en el sistema de salud. Se perfeccionarán las funciones de vigilancia y control sobre los centros de rehabilitación, a fin de garantizar la calidad de los tratamientos terapéuticos. Tales centros serán sometidos a evaluaciones especializadas permanentes. Se crearán centros de atención ambulatoria gratuita para drogadictos. Para consumidores crónicos y quienes mantengan la decisión de consumir se diseñarán programas enfocados a la reducción del riesgo y del daño, incluida la desintoxicación y la recuperación de la autoestima.
6. Financiación estatal de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas
La política pública de investigación, prevención, tratamiento terapéutico, rehabilitación, y de reducción del daño, así como la regulación del consumo de drogas sicoactivas será financiada por el Estado, sin perjuicio de aportes provenientes de diversos sectores de la sociedad. La financiación deberá garantizar la sostenibilidad de la política pública en el mediano y largo plazo. Para tal efecto, se conformará un Fondo especial, con recursos provenientes del presupuesto nacional y de las incautaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
7. Reforma estructural al régimen de seguridad social en salud
La verdadera garantía para el tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como un problema de salud pública que privilegie la prevención y posibilite el tratamiento terapéutico, la rehabilitación y la reducción del daño, desde un enfoque de los derechos humanos, se encuentra en una reforma estructural y profunda al régimen de seguridad social, con los correspondientes rediseños institucionales, que materialice en forma efectiva el derecho a la salud y al bienestar de la población, con fundamento en los principios de la universalidad, la gratuidad, la equidad y la desmercantilización. Una condición necesaria de tal reforma resulta del desmonte inmediato de la intermediación financiera y la privatización, así como del fortalecimiento del sistema público estatal de salud y, en especial, de la red pública hospitalaria y de atención ambulatoria.
8. Regulación estatal y despenalización del consumo del consumo de drogas sicoactivas
La política pública se fundamentará en la superación del prohibicionismo y la despenalización del consumo. Ello implica privilegiar medidas y acciones tendientes a la regulación gradual y diferenciada del consumo, incluida su legalización, atendiendo sus impactos y usos. Para tal efecto, se emprenderán los estudios especializados correspondientes, considerando el tipo de droga y experiencias internacionales, así como los derechos de los consumidores. Éstos serán tratados como víctimas de la empresa criminal transnacional del narcotráfico; se proscribirá su estigmatización y persecución, y se garantizará la descriminalización del consumo, lo cual conlleva la realización de las reformas del caso en materia penal.
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