Análisis
Tomado de Revista Semana
Por Daniel Coronell
UN PARAMILITAR ACUSÓ AL SEÑOR ESCOBAR DE HACER PARTE DE SU MISMO GRUPO. SU CASO FUE ARCHIVADO VELOZMENTE. POR ESA ÉPOCA SU HERMANA YA ERA UNA IMPORTANTE FUNCIONARIA DE LA FISCALÍA, AUNQUE TODAVÍA NO ERA DIRECTORA DEL CTI.
Unicentro Villavicencio puede ser el centro comercial más interesante del país. Narcotraficantes, paramilitares, un general en problemas y el hermano de la semicaída exdirectora del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) han tenido que ver con este exitoso lugar.
Empecemos por el último. En esta columna les conté que empezando el año había sido nombrado en un cargo profesional de la Fiscalía un hermano de la directora del CTI, Maritza Escobar Baquero.
El asunto no se quedaba en el nepotismo. El señor William Escobar había aplicado para un cargo de investigador criminalista del CTI pero –vaya uno a saber por qué– terminaron designando al graduado en Ciencias Militares como profesional de la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía.
La verificación de la hoja de vida del señor Escobar fue supervisada por su propia hermana, la directora del CTI. La deficiente verificación dejó ver, no obstante, que el señor había sido denunciado varias veces por violencia intrafamiliar y que, en una de esas oportunidades, la esposa había desistido de la querella antes (!) de presentar la denuncia. Aunque parezca increíble, existen documentos que prueban que ella retiró sus quejas dos años antes del maltrato.
La historia se pone aún mejor. Un paramilitar, que entregó sus armas, acusó al señor Escobar, dueño de una empresa de vigilancia para la que trabajaba, de hacer parte de su mismo grupo: el Bloque Centauros de las Autodefensas. La Fiscalía decidió abrirle proceso por “concierto para delinquir y terrorismo”, pero el señor Escobar salió de problemas apenas en ocho días. Su caso fue archivado velozmente. Por esa época, su hermana ya era una funcionaria importante de la Fiscalía, aunque todavía no había llegado a directora del CTI.
Como consecuencia de la columna, la Fiscalía anunció primero que el señor Escobar no se posesionaría y después que se le aceptaba la renuncia a la directora del CTI.
Al final el anuncio resultó sonoro pero vacío.
La doctora Maritza seguirá en la Fiscalía ya no como directora del CTI sino como fiscal delegada ante el Tribunal de Cundinamarca. Es decir, el ente acusador considera –después del exabrupto ético– que ella no puede ser jefe de los investigadores judiciales del país, pero sí puede desempeñarse como fiscal.
El tema pudo haber tenido un entierro de tercera como la mayoría de las investigaciones por corrupción pero hay una parte que sigue insepulta.
La hoja de vida que don William presentó al CTI afirma que fue “directivo” de la empresa de seguridad Sociedad Río Humea Limitada. En realidad el señor Escobar era más que un simple “directivo”. Los papeles mercantiles prueban que ha sido y sigue siendo el gerente y mayor accionista de la firma que operó, según él, hasta 2011.
Pero –y aquí empieza un nuevo capítulo de sorpresas– la empresa del señor Escobar había perdido su licencia de funcionamiento cuatro años antes de 2011. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad le revocó la autorización por irregularidades encontradas en una visita de inspección.
Una de esas irregularidades consistía en prestar servicios de vigilancia en zonas rurales y urbanas con hombres no uniformados y fuera de las zonas autorizadas. La Superintendencia en su resolución se refiere específicamente a Unicentro Villavicencio.
Ese centro comercial fue construido en un terreno que perteneció al paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy y que terminó en manos de Marco Antonio Gil, alias el Papero, condenado por narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La Unidad Investigativa del diario El Tiempo reveló que entre los promotores de esta obra –que cuidaba don William– estaba la esposa del general de la Policía Flavio Buitrago, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Uribe.
La esposa del general Buitrago, Elba Alieth Pulido, figura además como compradora de un local de 369 millones de pesos en el pujante Unicentro Villavicencio. El general Buitrago está cómodamente detenido en las instalaciones del Cespo de la Policía y su esposa goza de detención domiciliaria. Los dos están acusados de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía, en su sabiduría, estableció hace unas semanas que las hijas cuarentonas de alias el Papero, su yerno, su esposa y una de sus compañeras sentimentales –beneficiarios de muchos de sus bienes– nunca supieron nada sobre las actividades delictivas de Gil.
El 23 de diciembre, mientras sonaban los villancicos, el ente acusador decidió acabar los procesos que les adelantaba por testaferrato y enriquecimiento ilícito.
Tomado de Revista Semana
Por Daniel Coronell
UN PARAMILITAR ACUSÓ AL SEÑOR ESCOBAR DE HACER PARTE DE SU MISMO GRUPO. SU CASO FUE ARCHIVADO VELOZMENTE. POR ESA ÉPOCA SU HERMANA YA ERA UNA IMPORTANTE FUNCIONARIA DE LA FISCALÍA, AUNQUE TODAVÍA NO ERA DIRECTORA DEL CTI.
Unicentro Villavicencio puede ser el centro comercial más interesante del país. Narcotraficantes, paramilitares, un general en problemas y el hermano de la semicaída exdirectora del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) han tenido que ver con este exitoso lugar.
Empecemos por el último. En esta columna les conté que empezando el año había sido nombrado en un cargo profesional de la Fiscalía un hermano de la directora del CTI, Maritza Escobar Baquero.
El asunto no se quedaba en el nepotismo. El señor William Escobar había aplicado para un cargo de investigador criminalista del CTI pero –vaya uno a saber por qué– terminaron designando al graduado en Ciencias Militares como profesional de la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía.
La verificación de la hoja de vida del señor Escobar fue supervisada por su propia hermana, la directora del CTI. La deficiente verificación dejó ver, no obstante, que el señor había sido denunciado varias veces por violencia intrafamiliar y que, en una de esas oportunidades, la esposa había desistido de la querella antes (!) de presentar la denuncia. Aunque parezca increíble, existen documentos que prueban que ella retiró sus quejas dos años antes del maltrato.
La historia se pone aún mejor. Un paramilitar, que entregó sus armas, acusó al señor Escobar, dueño de una empresa de vigilancia para la que trabajaba, de hacer parte de su mismo grupo: el Bloque Centauros de las Autodefensas. La Fiscalía decidió abrirle proceso por “concierto para delinquir y terrorismo”, pero el señor Escobar salió de problemas apenas en ocho días. Su caso fue archivado velozmente. Por esa época, su hermana ya era una funcionaria importante de la Fiscalía, aunque todavía no había llegado a directora del CTI.
Como consecuencia de la columna, la Fiscalía anunció primero que el señor Escobar no se posesionaría y después que se le aceptaba la renuncia a la directora del CTI.
Al final el anuncio resultó sonoro pero vacío.
La doctora Maritza seguirá en la Fiscalía ya no como directora del CTI sino como fiscal delegada ante el Tribunal de Cundinamarca. Es decir, el ente acusador considera –después del exabrupto ético– que ella no puede ser jefe de los investigadores judiciales del país, pero sí puede desempeñarse como fiscal.
El tema pudo haber tenido un entierro de tercera como la mayoría de las investigaciones por corrupción pero hay una parte que sigue insepulta.
La hoja de vida que don William presentó al CTI afirma que fue “directivo” de la empresa de seguridad Sociedad Río Humea Limitada. En realidad el señor Escobar era más que un simple “directivo”. Los papeles mercantiles prueban que ha sido y sigue siendo el gerente y mayor accionista de la firma que operó, según él, hasta 2011.
Pero –y aquí empieza un nuevo capítulo de sorpresas– la empresa del señor Escobar había perdido su licencia de funcionamiento cuatro años antes de 2011. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad le revocó la autorización por irregularidades encontradas en una visita de inspección.
Una de esas irregularidades consistía en prestar servicios de vigilancia en zonas rurales y urbanas con hombres no uniformados y fuera de las zonas autorizadas. La Superintendencia en su resolución se refiere específicamente a Unicentro Villavicencio.
Ese centro comercial fue construido en un terreno que perteneció al paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy y que terminó en manos de Marco Antonio Gil, alias el Papero, condenado por narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La Unidad Investigativa del diario El Tiempo reveló que entre los promotores de esta obra –que cuidaba don William– estaba la esposa del general de la Policía Flavio Buitrago, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Uribe.
La esposa del general Buitrago, Elba Alieth Pulido, figura además como compradora de un local de 369 millones de pesos en el pujante Unicentro Villavicencio. El general Buitrago está cómodamente detenido en las instalaciones del Cespo de la Policía y su esposa goza de detención domiciliaria. Los dos están acusados de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía, en su sabiduría, estableció hace unas semanas que las hijas cuarentonas de alias el Papero, su yerno, su esposa y una de sus compañeras sentimentales –beneficiarios de muchos de sus bienes– nunca supieron nada sobre las actividades delictivas de Gil.
El 23 de diciembre, mientras sonaban los villancicos, el ente acusador decidió acabar los procesos que les adelantaba por testaferrato y enriquecimiento ilícito.
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