Análisis
Colombia Soberana
Por Jaime Barreneche
La destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años, es un evidente “derechazo” propinado por el procurador Alejandro Ordóñez contra las aspiraciones populares de amplios sectores de la sociedad colombiana, que aún creen posible una transición pacífica hacia una Nueva Colombia en paz con justicia social, enviando un pésimo mensaje al proceso de búsqueda de una solución política al conflicto social con expresión armada que se desarrolla en la Habana entre las delegaciones del Gobierno Nacional y de la guerrilla FARC-EP, que cuenta con el respaldo y la fortaleza de la mayoría de los colombianos, que han optado por la alternativa histórica de la paz.
Es la demostración de que el ejercicio de la voluntad soberana del pueblo, expresada aún dentro de los estrechos márgenes de un sistema electoral diseñado para mantener la dominación clasista del poder en el marco de una “democracia” legitimante, no va a ser reconocida ni respetada por ese sector ultra derechista de la oligarquía colombiana, que hará uso de todos sus recursos y mecanismos legales e ilegales, que le otorga una concepción del derecho y una legislación hecha para proteger los intereses económicos y políticos de la clase dominante, totalmente opuestos a los de la mayoría de nuestros compatriotas.
Dispone pues de las herramientas necesarias para desconocer la voluntad soberana de nuestro pueblo y permanece incrustado en alto cargos del gobierno y del estado con el poder y capacidad suficiente para suprimir de un plumazo, como en los casos del alcalde Petro y la senadora Piedad Córdoba, a los contradictores del sistema político imperante en nuestro país, anulando de paso la posibilidad a la izquierda para acceder a espacios de incidencia política mediante el uso del mecanismo de expresión electoral.
De llegar las conversaciones en la Habana a un Acuerdo Final, que incluya la participación política de la insurgencia y entre ella el ejercicio electoral que conduzca a la presencia de sus miembros en las corporaciones públicas y cargos de elección popular cabe pensar que desde ya, esa ultra derecha que hemos mencionado y que ya sea manifestado con la feroz represión y crímenes contra la movilización social presente y creciente en toda Colombia, debe estar preparando todas las formas para eliminar del proceso de transformación económica, política, social y cultural del país a los contradictores del sistema capitalista en este caso la izquierda revolucionaria, cuyos miembros en aplicación del posible acuerdo saldrían a exponer sus ideas sin las suficientes garantías para el desarrollo de su compromiso en el camino de un tránsito pacífico hacia la paz.
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