Comunicado
Por Departamento de Derechos Humanos de la CUT
El Departamento de Derechos Humanos de La Central Unitaria de Trabajadores CUT, denuncia y rechaza las amenazas de muerte contra destacados dirigentes del POLO Democrático y la CUT en Colombia, casos como el Representante a la Cámara WILSON ARIAS, el presidente de Sinaltrainal JAVIER CORREA, el Director de Derechos Humanos de la CUT ALVARO VEGA y el presidente de la CUT Valle WILSON SAENZ, quienes han sido mencionados en las recientes amenazas que han llegado mediante mensajes de texto a los celulares de varios dirigentes.
No es coincidencia que dichas amenazas se intensifican justo en el momento en que persisten conflictos nacionales en los sectores agrario, minero, de salud y educación entre otros, que han tenido pleno respaldo de los dirigentes amenazados y/o las organizaciones que representan.
Uno de los temas que ha generado gran escándalo nacional son las denuncias lideradas por el representante WILSON ARIAS sobre el acaparamiento de tierras en la Orinoquia, y la adquisición de terrenos baldíos en Vichada por empresas como Río Paila-Castilla, la multinacional Cargill, Ingenio Manuelita y firmas del reconocido empresario Luis Carlos Sarmiento, desatándose a su vez una fuerte discusión en torno al modelo de desarrollo de la altillanura y la necesidad de reformar la Ley 70 de 1994 como lo reconoció recientemente el propio presidente Juan Manuel Santos.
Rechazamos estas amenazas contra la vida de estos compañeros y exigimos al gobierno nacional las garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia, que se erradique completamente el paramilitarismo y el terrorismo de estado, y que se refuercen las medidas de seguridad de nuestros dirigentes amenazados, pues ya son 11 los sindicalistas asesinados en lo corrido de este año y 68 durante la presidencia de Santos, además de un incremento del 27% en los crímenes contra defensores de derechos humanos en todo el país.
Solicitamos la solidaridad nacional e internacional de las organizaciones sociales y de derechos humanos, mediante pronunciamientos públicos dirigidos al alto gobierno, expresando su rechazo a esta política de exterminio, amenazas y estigmatización por parte de la extrema derecha en Colombia.
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