“2021, el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz”: JEP

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Colombia 2020

La Unidad de Investigación y Acusación del Tribunal de Paz entregó el informe de monitoreo de riesgos de seguridad que revela que, entre el 1 y el 24 de enero de este año, se han presentado 33 enfrentamientos, amenazas y masacres, 18 hechos más que en el mismo periodo en 2020.

Las amenazas de muerte a líderes sociales, los enfrentamientos armados entre fuerza pública y otras estructuras criminales y las masacres son los tres hechos violentos que más se han presentado en los primeros 24 días del 2021. Según una investigación del Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación, conocida como la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este comienzo de año ha sido el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz.

La UIA también reveló que cada cinco días está siendo asesinado un excombatiente de las Farc y cada 41 horas, un líder social. “Los resultados de este monitoreo son preocupantes: 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la Fuerza Pública, 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales, seis masacres, cinco asesinatos de excombatientes de las Farc-EP, 14 homicidios de líderes sociales, tres hostigamientos y siete enfrentamientos armados entre grupos ilegales”, dice el análisis.

En este mismo periodo en 2020, por ejemplo, se habían presentado nueve enfrentamientos armados, cuatro amenazas a líderes sociales y cinco masacres; mientras que en 2019, a esta fecha, no se había presentado ninguna masacre, se registraron seis amenazas y seis enfrentamientos. Los años menos violentos desde la firma del Acuerdo de Paz fueron 2017 y 2018, con seis y siete hechos respectivamente.

Una de las más grandes preocupaciones de la Jurisdicción es la persistencia de los homicidios a excombatientes de las Farc, pues muchos de ellos deben rendir cuentas ante esta justicia, razón por la que han hecho varios llamados de atención al Gobierno para que cumpla con su deber de proteger esta población a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y del “Plan Estratégico de Seguridad y Protección”. De hecho, el pasado 22 de enero, esta justicia transicional reiteró la importancia de que se cumpla con 686 escoltas y 40 analistas de riesgo necesarios para esta labor.

Por otro lado, la JEP también alertó sobre la situación territorial en los municipios de Tumaco (Nariño), Caloto (Cauca) y Apartadó (Antioquia), tres zonas que fueron priorizadas y están siendo investigadas en la JEP a través de los casos 02, 05 y 04, respectivamente. “Se registraron múltiples conductas violatorias a los derechos humanos y eventos del conflicto armado”, menciona la entidad.

Sobre los enfrentamientos armados la UIA puntualizó que “hay evidencia de una mayor iniciativa de combate por parte de la fuerza pública hacia las diferentes estructuras criminales”. En los primeros 24 días del 2021 se ejecutaron 14 enfrentamientos, la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. De acuerdo con los expertos, los hechos se dieron contra las disidencias de las Farc en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño. También hay registro de combates contra subestructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Antioquia y otros tres hechos contra la guerrilla del Eln en La Guajira, Norte de Santander y el Valle del Cauca.

“En zona rural de Cúcuta integrantes de las AGC y Los Rastrojos iniciaron enfrentamiento contra el ELN. En Zaragoza, Antioquia, ocurrió un combate entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Cabe destacar que este hecho es producto de la incursión de las disidencias en la zona, pues previamente no se registraba presencia y actividad armada de este tipo de estructuras criminales, a diferencia del Clan del Golfo que si evidenciaba un predominio desde el primer semestre del 2018”, se lee en el documento.

Por otro lado, las amenazas de muerte a líderes sociales tampoco cesan. Uno de los casos referidos por la JEP son las recientes intimidaciones que han recibido habitantes de El Salado, municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar), por supuestos integrantes de las Águilas Negras. De acuerdo con la investigación, esto evidencia un recrudecimiento del conflicto armado en los Montes de María, 21 años después de la masacre. Sobre esta región, la Defensoría del Pueblo, desde 2018, ha alertado sobre el interés de las AGC por controlar el territorio que ha sido históricamente corredor estratégico de drogas, armas y personas.

Uno de los hechos delictivos sin precedentes desde 2017 son los secuestros. En el municipio de Guachené (Cauca), el pasado 8 de enero fue secuestrado el líder social y docente José Vizney, quien fue privado de la libertad durante tres días por grupos armados desconocidos. Diez días después, en Mutatá (Antioquia), fue retenido el líder emberá Jesús Bailarín, a quien las AGC liberaron cuatro horas después, tras haber amenazado de muerte a su esposa.

Finalmente, advirtieron sobre el peligro del aumento de reclutamiento forzado a menores de edad en Apartadó (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca), atribuidas a las AGC y al grupo armado ilegal “La Local”, respectivamente.

Para la JEP, analizar los patrones de violencia en los territorios es fundamental, sobre todo para conocer las condiciones en las que viven las víctimas del conflicto, los excombatientes de las Farc y los testigos que hacen parte de las investigaciones del Tribunal. “Estos reportes realizan un seguimiento permanente de los riesgos que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, las organizaciones defensoras de DDHH y los comparecientes en los procesos que desarrolla la JEP en los territorios”, concluye el informe.