Ojalá pudiéramos llegar al Consejo de Seguridad de la ONU: Timochenko

Entrevista

Por El Tiempo

31 mayo 2020

Con Herney Betancourt Arias, asesinado el sábado en Campoalegre, Huila, ya son 199 los exguerrilleros que, según las cuentas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), han sido víctimas de homicidio desde la firma del Acuerdo de Paz.

Este lunes, a las 9:30 a.m., varios voceros de Farc participarán de una audiencia dialógica en la que serán escuchados por varios magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de las medidas cautelares de protección colectiva que estudia la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de esa justicia.

El presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, habló en esta entrevista con EL TIEMPO de las inquietudes y propuestas que le presentarán a la JEP, justicia en la que se estudia proteger no solo a exguerrilleros, sino también a comparecientes de la Fuerza Pública, como una forma de proteger el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

¿Cuál será el panorama que presentarán ante la JEP este lunes?

Tenemos mucha expectativa, creemos que es muy importante la decisión que ha tomado la JEP y lo primero que vamos a plantear es la necesidad de la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que funcione en el marco del espíritu letra con que está definida esa comisión en los acuerdos de La Habana. También planteamos la de convocar una coordinación institucional para que le haga seguimiento minucioso a las medidas y acciones en función del cumplimiento del punto 3 del Acuerdo de Paz. También exigir, porque nada que lo hacen, el Plan Estratégico por parte del Ministerio del Interior, junto con la Unidad Nacional de Protección, para marcar la ruta estratégica en función de la seguridad de nuestra gente. Otro elemento que es necesario plantear es que está establecido que muchos compañeros nuestros necesitan esquema de seguridad y no se ha hecho. Además, vamos a exigir que la Comisión de Investigación y Desmantelamiento de la Fiscalía, creada también por el Acuerdo, funcione como debe ser y establezca con claridad quiénes están detrás y qué intereses se mueven detrás de los asesinatos de exguerrilleros y exguerrilleras.

¿Hace cuánto no funciona la Comisión Nacional de Garantías?

Ya ni me acuerdo. Creo que se ha reunido una vez. Una vez, en una reunión formal en la cual prácticamente no se definió nada. No ha funcionado.

¿Por qué no está funcionando?

Por falta de voluntad política. A mí me preguntaban qué es lo que se necesita para parar los asesinatos de los firmantes del Acuerdo, y yo decía: voluntad política del Estado. Desde que haya voluntad política, los paramos. Tienen todos los instrumentos y mecanismos, además los acuerdos de paz dejaron eso establecido. Ese tema lo trabajó con mucha minuciosidad, de nuestro lado, ‘Pablo Catatumbo’ y del lado del Gobierno el general Óscar Naranjo, un hombre conocedor de los temas de seguridad.

¿Sienten que las versiones que han entregado a la JEP en los casos les han generado riesgos o estos son de otra naturaleza?

Uno espera que eso no tenga que generar riesgos, pero sí fue planteado en su momento incluso por la misma JEP, que estableció en el caso 001 una serie de medidas de seguridad en función de quienes estamos participando en ese caso. Uno espera que no, pero nos está haciendo mucho daño la estigmatización y a lo que está jugando el actual Gobierno. Está jugando a hacer fracasar el proceso y uno de los instrumentos es la estigmatización tratando de mostrar, con mentiras, con medias verdades y con calumnias que nosotros no estamos cumpliendo.

Aquí no tenemos que inventarnos nada, es retomar lo que está en los acuerdos, es que no ha habido voluntad política para plasmarlos en la práctica

¿Qué espera el partido Farc que la JEP haga en su estudio de medidas cautelares frente a los mecanismos de protección que ya existen?

Aquí no tenemos que inventarnos nada, es retomar lo que está en los acuerdos, es que no ha habido voluntad política para plasmarlos en la práctica. Lo importante es que es una medida cautelar colectiva, que tengan en cuenta los espacios territoriales, pero también las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que son como 86. Esperamos que a partir de lo que la JEP determine se dispongan mecanismos en función de esto. En el tema de la seguridad, nuestra misma gente y la de las comunidades tiene experiencia, pero se necesita la voluntad y el apoyo político del Estado.

Ya que menciona los antiguos ETCR, en el caso de Ituango el Gobierno ha dicho que ellos les habían recomendado cambiarse de ese lugar a otra zona, incluso más cerca de Medellín, ¿qué pasa allí?

Yo desconozco hasta donde han logrado avanzar, lo que sé es que no ha habido voluntad política, porque está también el tema de La Blanquita (en Frontino, Antioquia, donde familias de exguerrilleros fueron amenazadas y desplazadas), y están los riesgos que ya han expresado distintos compañeros en varias regiones, que les ha tocado desplazarse de las zonas donde están. Insisto en que las medidas de la JEP deben ir encaminadas a hacer que haya voluntad política de implementar lo que está en los Acuerdos en materia de seguridad.

Ustedes van a pedir que se realicen audiencias regionales con autoridades municipales y departamentales, ¿cuál es el objetivo?

Tenemos mucha esperanza de que la JEP recoja esa propuesta, porque es lo que hemos venido diciéndole hace mucho rato al Gobierno: hay que ir y escuchar a la gente, hay que reunirse con los exguerrilleros y exguerrilleras en la región y con la gente de la región. Y en este caso, también que involucren a las autoridades departamentales y municipales. La mayor experiencia que nosotros hemos tenido para encontrar soluciones a cualquier problema, en este caso al de seguridad, es la discusión colectiva en la región que además sabe de dónde provienen las agresiones.

Sin embargo, la responsabilidad de garantizar la protección es del Gobierno Nacional, ¿qué podrían hacer alcaldes o gobernadores?

Creo que creamos un hecho político que va a generar presión en el Gobierno nacional, con la JEP de por medio. Esperamos que sea un elemento que incida para que se haga algo, porque explicar 199 exguerrilleros y exguerrilleras asesinados y los desplazamientos que ha habido es bastante complejo.

La mayoría de excombatientes está por fuera de los antiguos ETCR, ¿cree que esto significa un riesgo mayor, teniendo en cuenta que estos han sido las principales víctimas de asesinatos?

Lo hemos dicho en otros momentos. El elemento para garantizar la seguridad es el cumplimiento de los acuerdos en su integralidad. Está el tema de la tierra, que es un factor generador de violencia, hay que cumplir ese primer punto. No vamos a responsabilizar a los compañeros, porque la gran mayoría se han salido por falta de perspectivas o buscando otros escenarios donde se les abren posibilidades. La causa fundamental de esto es el incumplimiento. Esas son cosas que vamos a plantear con mucha fuerza también en la JEP. No se trata de escoltas, carros blindados ni fusiles, se trata de generar unas condiciones para que esos fenómenos no se repitan.

En este momento están en marcha solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la JEP, ¿cuál es la apuesta del partido Farc en estas dos instancias con procesos que parecen similares?

La apuesta de nosotros es la paz de Colombia y hay una serie de obstáculos que lo están impidiendo, entonces estamos buscando todos los instrumentos y mecanismos. Ya no estamos usando las armas para el proyecto político, ahora estamos usando la palabra, la institucionalidad, la legalidad y las herramientas que nos da el mismo Acuerdo. Ojalá pudiéramos ir al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir que nos ayuden, nos protejan y le garanticen a Colombia transitar a la paz. La apuesta de nosotros es a la paz y en función de eso haremos hasta lo imposible para que Colombia no tenga que volver a transitar por los caminos de la guerra y la confrontación.

¿Han recibido alguna respuesta de la CIDH? ¿Cuál es el siguiente paso?

Ya las presentamos (la solicitud de medidas cautelares), tuvimos una entrevista con la Comisión, nos dieron el espacio para hacer las exposiciones, expusimos nuestras inquietudes, los planteamientos que tenemos sobre lo que está sucediendo, por qué pedimos las medidas cautelares. La Comisión de manera muy amable recibió todo eso, lo escuchó, y pues ellos se toman sus tiempos, no garantizan absolutamente nada, son muy realistas. Quedamos con la esperanza de que la decisión sea favorable.

¿Cuál es el llamado que le hacen ustedes a la sociedad sobre los riesgos que corren y que ya se han materializado?

Yo creo que en este momento hay que generarle conciencia a la gente porque hay toda una campaña de estigmatización. Esa estigmatización, fomentada incluso desde el mismo Gobierno, genera las condiciones para que estos fenómenos se sigan repitiendo, prácticamente es la vía libre para que los sicarios aprieten el gatillo. Es muy importante que las organizaciones sociales, políticas, todos los que queremos no volver a la confrontación, podamos construir una Colombia en paz, que cerremos filas y exijamos al Gobierno el cumplimiento y la voluntad política para parar este desangre, que no es solamente con los exguerrilleros y exguerrilleras, es también con los líderes sociales.