Trato preferencial para unos, y que los otros vean

Análisis

Tomado de Las 2 Orillas

Por Gabriel Ángel

El fiscal general de la Nación demuestra que el monstruo que fue Néstor Humberto Martínez al frente de esa institución, es apenas una mascota juguetona si se lo compara con él. Si aquél presentó en sus momentos unas objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz que pretendían hacer nugatorios los Acuerdos de Paz de La Habana, éste objeta el proyecto de decreto de descongestión carcelaria que evitaría un contagio masivo del covid19 en las prisiones.

También se asegura que obró taimadamente con las denuncias de prensa en torno al escándalo de compra de votos a favor de Iván Duque en las elecciones de 2018. Los famosos audios de Cayita que ponen de presente la corrupción con la que obró el Centro Democrático, y que pertenecían a otra investigación penal, sospechosamente no se hallaban en la Fiscalía y así lo aseguró el doctor Barbosa en varias declaraciones. Hasta que por fuerza de los hechos tuvieron que aparecer.

Aunque con la maniobra de no acelerar la investigación principal, sino dirigirla contra los posibles responsables de haber filtrado los audios a terceras personas. Si sobre todas las actuaciones del fiscal Martínez recaían siempre las sospechas de favorecer y hasta ocultar los posibles vínculos del grupo Aval con diversos ilícitos, las del doctor Barbosa parecen estar dirigidas a cubrir de cualquier indagación al expresidente Uribe y sus pupilos en el gobierno.

La renuncia del embajador Sanclemente como consecuencia del hallazgo de laboratorios de cocaína en una finca suya cercana a la capital del país, viene a producirse sólo tras varias semanas del descubrimiento, cuando la Fiscalía no pudo soslayar por más tiempo la gravedad del hecho. Muchos se han cuestionado con toda razón cuál habría sido la conducta del Fiscal, si siquiera unos gramos de marihuana fueran hallados en bienes de algún dirigente de la  oposición.

Mientras a todo el país se le ordena mantener encerrado en casa ante el peligro inminente de la expansión desbordada del covid-19, en las cárceles de Colombia se sostiene el más inhumano hacinamiento, con la gravedad de que no existen condiciones mínimas de higiene, no se garantiza el suministro de agua a los reclusos, ni se presta un servicio adecuado de atención médica. Aparte de que se asesina y reprime con brutalidad o se traslada de modo arbitrario a quienes reclaman.

Asegura el fiscal Barbosa que no puede pretenderse aprovechar la epidemia, para buscar soluciones improvisadas a un problema que es estructural en el sistema penitenciario colombiano. Sacar de las cárceles a los adultos mayores, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de tres años, a los condenados a penas inferiores a cinco años, entre otros, no solucionaría nada a su juicio. Mejor resulta dejarlos dentro, con grave riesgo para sus vidas.

Tampoco se entrevé la posibilidad de dar solución al problema de los prisioneros políticos que pertenecieron en el pasado a la guerrilla de las Farc, a quienes el Acuerdo de La Habana, un acto legislativo, una ley de la república, un decreto presidencial y otras varias disposiciones cobijaron con una amnistía que ordenaba sacarlos de manera inmediata de las cárceles. Da más bien la impresión de que para no tener que liberar a estos, la decisión apunta a no liberar ninguno.

Hasta en los más pequeños detalles resulta posible encontrar los efectos del odio venenoso que el partido de gobierno y sus funcionarios mantienen vivo contra cualquier cosa que lleve el nombre de paz, justicia social, derechos humanos o democracia. Mientras el fiscal insista en su cerrojo y el gobierno lo atienda, tampoco recuperarían su libertad temporal personajes como Andrés Felipe Arias y los demás condenados que hicieron parte del gobierno Uribe.

Así que para que estos últimos puedan salir finalmente de entre sus jaulas de oro, fiscal y gobierno concertarán una fórmula que los deje satisfechos a ambos. Al fin y al cabo para eso existen, para cubrirse de beneficios y cubrir a los intereses que los patrocinan y elevan a tan altos cargos. Es la misma filosofía que inspira las actuaciones para prevenir y combatir la pandemia. Quienes merecen toda la ayuda son los banqueros, el sector financiero, los empresarios.

Para el ministro Carrasquilla este trimestre será el peor para la economía nacional en toda su historia. La cuarentena le costará al país 100 billones de pesos mensuales. Hay que salvar el sistema bancario y al gran empresariado y para ello habrá que apelar a las reservas internacionales. Si se mira bien, el  peligro de quiebra obedece a que los trabajadores no pueden acudir a sus puestos de trabajo por causa de la cuarentena, sin su mano de obra cualquier riqueza se desvanece.

¿Por qué entonces el trato preferencial debe ser para aquellos? Lo justo y práctico sería que los trabajadores pasaran a ser los empresarios, aunque eso suene a criminal herejía.