Comunicado
Tomado de Prensa Rural
| Foto de Internet |
La red de organizaciones sociales y campesinas de norte y bajo Cauca denunció que desde el 18 de abril, en el cañón de la Santamaria, vereda Bioqui del municipio de Toledo, Antioquia, unidades del Ejército adelantan operativos de erradicación forzada, desconociendo los acuerdos construidos con la comunidad y poniendo en riesgo de potencial contagio a la población rural, ya que hay elevada aglomeración de personas, desatendiendo los protocolos definidos por el mismo gobierno central en el marco de la emergencia sanitaria y confinamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19.
Las organizaciones sociales en el territorio, en especial la Asociación de campesinos del municipio de Toledo, norte de Antioquia, (ASCAT-NA), rechazan vehementemente la realización de este tipo de operaciones militares, porque el campesinado ha demostrado su voluntad de sustituir, acogiéndose al programa nacional integral de sustitución de cultivos, PNIS, donde el Estado se comprometió en las reuniones de socialización, con la asociación, juntas de acción comunal y administración municipal a garantizar la implementación de los acuerdos, estos avances se expresaron en la construcción de cartografía social, de reconocimiento de la extensión y densidad de cultivos. Generando expectativa en las comunidades de la región, que fueron excluidas posteriormente cuando unilateralmente el gobierno descarto la participación de los municipios de Toledo, San Andrés de Cuerquia, Sabanalarga y Yarumal, alegando falta de recursos.
Estas acciones, que contravienen el espíritu de las comunidades de encontrar caminos para superar el complejo tema de los cultivos ilícitos, a los que se han visto abocados por la inexistencia de políticas que reivindiquen la tradición agropecuaria de estas comunidades que han sido empobrecidas secularmente y optan por estos cultivos como única alternativa de subsistencia, atentan contra la estabilidad económica de cientos de familias y abren escenarios de violencia que revictimizan al campesinado de la región.
La red de organizaciones sociales y campesinas de norte y bajo cauca rechazan las erradicaciones violentas, por considerarlas una medida de fuerza, y de elevado riesgo sanitario, contraria a lo definido en el acuerdo de paz y en extensión a lo definido con la comunidad, ya que está afectando a campesinos de los municipios de Taraza, Valdivia, Ituango y Toledo.
Por último las organizaciones elevaron una solicitud al Gobierno Nacional, “… reactive junto a la actual administración municipal, de manera inmediata la ruta metodológica para la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, con las garantías emanada del acuerdo de paz en el municipio de Toledo, y cumpla los acuerdos firmados en los municipios afectados por erradicación forzada y a los que tiene derecho los beneficiaros del PNIS.”
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