Claudia López, de heroína alternativa a villana neoliberal

Análisis

Tomado de Prensa Rural

Por Guillermo Andrés Pérez

Durante las últimas tres semanas de confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló su verdadero talante derechista y neoliberal. A pesar de que en su campaña electoral logró confundir a millares de incautos electores con su supuesta lucha contra la corrupción, su presunta disposición al diálogo democrático y la apuesta por la distribución del erario público en beneficio de los más necesitados, los hechos han terminado por desmentirla y ubicarla en el terreno de los partidos tradicionales. No debería sorprender, al fin de cuentas, pues López es aprendiz de Sergio Fajardo (el uribista vergonzante por excelencia) y Enrique Peñalosa (el corrupto vendedor de buses).

No se pronostican nada bueno para Bogotá bajo la administración López. Se evidencia en ella un discurso pretendidamente técnico y equilibrado con el que intenta maquillar su agenda política de marcada tendencia derechista en temas estratégicos para la ciudad y sus habitantes. Basta sólo con mirar la justificación grotesca y leguleya con la que defendió dos de los más terribles proyectos que dejó Peñalosa: el Transmilenio por la Avenida 68 y el metro elevado – a pesar de los señalamientos que hicieron los entes control sobre graves irregularidades en el proceso de licitación.

Lo más problemático es que en medio de la pandemia del Coronavirus López ha mantenido su racionalidad neoliberal. Sus decisiones no han sido en beneficio de las mayorías, sino a merced de los intereses de los sectores más ricos y prósperos de la ciudad, en este caso representados en los empresarios de la salud y los medios de comunicación. Como se viene evidenciando, López no tiene interés por atender prioritariamente a la clase trabajadora, la cual se encuentra en condición de profunda precariedad económica. Para los y las trabajadoras, que sufren el hambre y la desprotección del Estado, sólo existe represión y abuso policial.

Los hechos hablan por sí solos. Acá mencionamos las cuatro grandes atrocidades de López contra los sectores populares de Bogotá en medio de la pandemia y que se tendrán graves consecuencias en el corto plazo.

Otorgamiento de recursos públicos a los prestadores privados de Salud

Para atender lo que será la crisis del sistema de salud en Bogotá, Claudia López prefirió firmar contratos con las EPS en vez de financiar y fortalecer la red pública hospitalaria, dejando de lado la compra de camas y la ejecución de programas de salud preventiva en los barrios de la ciudad. Esto se traduce en al menos dos cosas: A) desvío de recursos a empresas privadas cuya prioridad no es salvar vidas sino generar utilidades; B) debilitamiento de la red pública hospitalaria, la cual atiende prioritariamente a las personas que no tienen vinculación al sistema de salud y seguridad social. Por lo tanto, al desfinanciar al sector público de la salud, los pobres, los desempleados, los migrantes, los habitantes de calle, los trabajadores informales, los adultos mayores sin pensión y las pobladores de la Bogotá rural de Usme y Sumapaz se quedarán sin cobertura en salud. A su vez, miles de trabajadores de la salud seguirán desempleados, los barrios sin impacto con programas de prevención y promoción, y los hospitales públicos en vía de cierre o privatización como ya lo decidió la Secretaría de Salud con los hospitales de Bosa, Usme y el San juan de Dios.

Criminalizar la protesta social

Sin ruborizarse, Claudia López salió a los medios a decir que ella enviaría la policía y al escuadrón de la muerte, ESMAD, a los lugares dónde se alterara el orden público. Es decir, la alcaldesa desconoció la emergencia social de miles de familias pobres, que en Bogotá aguantan hambre y equiparó la protesta social con el intento de robo a un supermercado. El desafortunado discurso populista de López pretende que quienes tienen hambre, miedo y angustia, esperen tranquilitos en su casa sin protestar ni decir nada. Y ante las muestras de desaprobación popular en el sur de la ciudad por las promesas incumplidas de la gobernante, entonces amenaza y chantajea. Es lamentable que esta administración, que presume de su transparencia y disposición al diálogo, juegue a quedar bien en público mientras solapadamente atropella a millones de personas necesitadas.

Priorización del gasto público

El gasto público debe estar encaminado a garantizar el acceso a servicios y derechos fundamentales. Si el erario público no se destina para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, Bogotá será el centro de una calamidad mayor que se medirá en muertes por Covid-19 y por violencia social. Consecuentemente, no se entiende por qué la alcaldesa prefiere gastar más de 5000 millones de pesos para poner camas por tres meses en Corferias, que dejar capacidad instalada permanente en hospitales públicos. Tampoco se entiende que gaste más de 6000 millones de pesos en publicidad para seis meses, cuando ni siquiera hay mercados para todas las familias registradas en el SISBEN. Tampoco se entiende como, bajo el Estado de emergencia no se han renegociado los contratos de Transmilenio que le entregan el 92% de las utilidades a los operadores privados que no están incurriendo en ningún gasto de funcionamiento fundamentalmente porque no hay demanda del servicio en tiempo de confinamiento. El Covid-19 es un reto económico, es decir, de satisfacción de necesidades. En términos monetarios se traduce en reducción de las tasas de utilidad para los empresarios y en reducción de ingresos para las familias. Sólo atendiendo las necesidades de las familias se podrá garantizar el confinamiento y la redistribución parcial, vía consumo, a algunos sectores de la economía nacional. En un país con ética y sentido del equilibrio económico se nacionalizaría la banca o por lo menos se retendrían parcialmente los 13 billones de ganancias del sector financiero en 2019.

La mentira como estrategia comunicativa

Finalmente, es lamentable que López acuda a la mentira sin ruborizarse para evitar el escándalo público. Ante las protestas de cientos de familias en Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Bosa, por la demora en la entrega del subsidio otorgado por el Distrito, López afirmó que la demora era causada por los entes de control. Lo lamentable es que la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría tuvieron que salir a desmentir a la mandataria distrital porque tales entidades no estaban reteniendo la entrega de los subsidios. Ya de por sí es indignante que la Alcaldesa les llame deliberadamente “ayudas” a los subsidios, que son un derecho en el marco del estado de emergencia, y que ahora se excuse mintiendo y echándole la culpa a otros para ocultar su inoperancia. Así no se construye confianza ni se garantiza el ejercicio de la ciudadanía.