Ahora van por el Archivo y la Biblioteca Nacional: ¿El uribismo quiere refundar nuestra memoria?

Análisis

Tomado de EL Pacifista

Ricardo Piglia, el escritor argentino, decía que “el Estado es uno de los grandes narradores en las sociedades contemporáneas”. Según él, y citando a Paul Valéry, el poder necesita de fuerzas ficticias que lo mantengan.

La historia es una de ellas.

¿Qué tiene que ver esto con la reciente posesión como nuevo director del Centro de Memoria Histórica de Darío Acevedo, quien abiertamente ha desconocido que en Colombia existió (¿existe?) un conflicto armado interno? ¿Y qué tiene que ver con la reciente salida de los directores del Archivo Nacional y de la Biblioteca Nacional a petición del gobierno?

A principios de este año, el presidente Iván Duque nombró a Acevedo al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica. La polémica no se hizo esperar porque el historiador y profesor emérito de la Universidad Nacional había asegurado que la existencia de una guerra interna no podía reconocerse como una “verdad oficial”. Cientos de personas criticaron el nombramiento por las implicaciones que este podía tener para las víctimas del conflicto, sobre todo si se tiene en cuenta que el CNMH es una de las instituciones más importantes en la conservación y manejo de la historia colombiana.

A partir de la noticia del nombramiento de Acevedo, las víctimas de la masacre de Bojayá, Chocó, la más grave en la historia del conflicto armado en el país, tomaron la decisión de retirar sus archivos del CNMH, a modo de protesta. Sus pasos los siguieron las víctimas del exterminio a la UP, quienes tampoco estuvieron de acuerdo con el polémico nombramiento.

La zozobra es generalizada por el hecho de que se quiera cambiar la manera como hemos narrado nuestra historia, y que desde el Estado mismo se tenga la intención de cambiar la versión de ciertos eventos que nos han marcado. Y este asunto se complica aún más cuando comienza a haber sospechas en el uso que se le va a dar a los archivos, los mismos que sirven para armar, justamente, esos relatos de nación.

La semana pasada el Ministerio de Cultura le pidió la renuncia a Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional, y a Armando Martínez Garnica, director del Archivo General de la Nación. (Se alcanzó a pensar que la renuncia también se le había pedido a Daniel Castro, director del Museo Nacional, pero esa noticia fue prontamente desmentida).

En su momento, la directora saliente de la Biblioteca Nacional le dijo en entrevista a Semana que: “hay un hecho y es que ganó el uribismo: el sector que considera que aquí no ha habido conflicto, que aquí no ha habido guerra. Y parte del trabajo que nosotros hemos hecho ha sido justamente desmontar esos aparatos de guerra, y, en lugar de armas, llevar palabras”.

¿Cuáles son entonces las implicaciones de que tres de las instituciones culturales y archivísticas más importantes del país lleguen a ser dirigidas por personas afines a la ideología que sigue el Centro Democrático?

En primer lugar, el negar un conflicto armado es, también, negar a las víctimas. Decir que hubo narcoterrorismo, en vez de conflicto, es homogeneizar al enemigo y negar que en nuestra guerra siempre ha habido múltiples bandos, entre los que el Estado ha jugado un papel importante. O como se lo dijo un historiador de la Universidad Nacional hace poco a ¡Pacifista!: “bajo esa fórmula (la de la guerra contra el terrorismo) se homogeniza al actor armado y al victimario; se le lava las manos a los paramilitares y al Estado y se le niega a las víctimas su condición de víctimas”.

Según la investigación Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo de Dejusticia,  los archivos que dan cuenta de elementos relacionados con graves violaciones de derechos humanos contienen la información de la que dependen los procesos de verdad que hacen parte de los procesos de justicia transicional.

Una sociedad en transición requiere esclarecer los hechos constitutivos de violaciones graves, reconocer a víctimas y reconstruir su memoria histórica, pues solo de esta forma se garantiza el derecho la verdad. El derecho a la verdad en este marco es un derecho individual y colectivo a saber los hechos, las circunstancias, las causas, las consecuencias, los responsables y las victimas de las graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario

¿Hay razones para la alarma?

Para Sandra Patricia Rodríguez, profesora de la Universidad Pedagógica y experta en temas de archivo y de memoria, sí hay motivo de alarma puesto que el uribismo se opuso al proceso de paz que se encuentra en implementación y estas entidades han aportado al desarrollo del Acuerdo. Además “Estas tres instituciones cumplen dos roles fundamentales y complementarios en la sociedad: de un lado contribuyen a la investigación histórica y de otro lado aportan los componentes simbólicos de la identidad nacional, por tanto la administración de estas entidades requiere no solamente un presupuesto acorde a estos fines, sino también criterios construidos en el marco del orden constitucional, legal y ético que requiere la construcción de los referentes de memoria histórica de una nación”, dice la profesora Rodríguez.

Por su parte, quien fuera coordinador de la primera misión de sabios en el gobierno de César Gaviria (1990-1994) le envió una carta al presidente Duque en la que entre otras cosas se puede leer que: “Parece que el gobierno y el partido de gobierno no se considerara a la historia como ciencia, sino como herramienta de indoctrinación (sic) y control”, refiriéndose no sólo a la salida de los directores de estas instituciones, sino también al proyecto de ley propuesto por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Edward Rodríguez, que pretende limitar la libertad de cátedra en los colegios.

Para la profesora Rodríguez negar el conflicto, como lo ha hecho el uribismo, resta “legitimidad al trabajo académico que se realiza en las universidades, en los centros de investigación y en varias organizaciones sociales, como si los resultados de su trabajo procedieran de posiciones doctrinarias y no del esfuerzo de años de investigación”.

Por otro lado hay quienes no creen que la salida de estos directores sea motivo de alarma. Es el caso del mismo director saliente del Archivo General, Armando Martínez Garnica, quien cree que la solicitud de renuncia es un resultado normal del cambio de gobierno. “Para mí es una razón más baladí. La secretaria general nos citó y nos dijo que se solicitaba nuestra renuncia. Así son los sistemas clientelistas en todos los países: cambio de gobierno, cambio de gente”, dijo en su momento al diario El Espectador.

Los archivos del DAS

Además de la discusión sobre si hubo o no conflicto armado interno en Colombia, hay una incertidumbre más concreta: qué va a pasar con los archivos del extinto DAS, que actualmente se encuentran en el Archivo General de la Nación.

Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe salió a la luz la noticia de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estuvo realizando interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales (más conocidas en el habla popular como “chuzadas”) a periodistas, miembros de la oposición, magistrados y otros funcionarios del Estado. Por estos crímenes se condenó a la que en su momento era directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

Con la remoción del actual director del Archivo General (y la probable llegada de alguien afín a la ideología uribista) el destino de los archivos del DAS que reposan allí es incierto.

Los archivos actualmente encuentran en reserva legal por 30 años, lo que significa que no son de conocimiento público: los ciudadanos no pueden acceder a ellos por medio de derecho de petición, como suele ser el caso con los documentos estatales. Desde el 2014, una fracción de los documentos del DAS se encuentran en el Archivo en bodegas blindadas a las que solo tienen acceso tres personas: el procurador, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y un funcionario del Archivo General.

Esos archivos contienen información clave que podría ayudar a esclarecer eventos importantes del conflicto armado colombiano. Entre ellos, eventos que podrían incriminar (como en los casos de las chuzadas) directamente al senador y expresidente Álvaro Uribe.

En palabras de la profesora Rodríguez: “Si esos archivos no gozan de una tutela institucional responsable, se pueden reducir los esfuerzos que se requieren para garantizar las medidas de satisfacción de las víctimas y para superar definitivamente la confrontación armada en un país como Colombia”.

Todavía no se han anunciado quiénes serán los nuevos directores a ocupar las respectivas direcciones del Archivo y la Biblioteca Nacional. Se puede, en todo caso, esperar que quienes lleguen a ocupar esos cargos serán afines a las posiciones que ha tenido el Centro Democrático respecto de los temas de la memoria y su constante negativa a aceptar que en Colombia hubo un conflicto armado.

Queda estar alerta a cuál vaya a ser el manejo que se le den a esas instituciones y a esos documentos allí guardados. O, como le decía hace poco el periodista Juan Miguel Álvarez a ¡Pacifista!: “La guerra para el Centro Democrático no va a ser tan fácil, pero ellos tienen las instituciones del Estado, y como las tienen, van a hacer todo lo posible por implantar esa verdad. Y de nosotros, desde la academia y desde la prensa, depende contrarrestarla. A la sociedad es a la que corresponde sacarlos de ahí y que venga un gobierno que acepte las cosas como son”.