“No les va quedar fácil hacer trizas la paz”: Pablo Catatumbo

Entrevista

Tomado de Semanario Voz - Edición virtual

29 de Noviembre 2018

En la confrontación entre Estado e insurgencia armada, fue el comandante del Bloque Occidental Alfonso Cano y miembro del secretariado de las FARC-EP. Igualmente, fue integrante de la delegación en La Habana y firmante del Acuerdo del Teatro Colón. Hoy es senador de la República por la Fuerza del Común, integrando la comisión quinta del Senado y la bancada por la paz

En diálogo para VOZ, Pablo Catatumbo, habla de la acción parlamentaria de su partido como de la coalición alternativa, los ataques al acuerdo de paz, como de los mecanismos parlamentarios y extraparlamentarios para defender lo que define como una conquista del pueblo colombiano. Igualmente habla de los 100 días del gobierno de Iván Duque cuyas políticas tienen movilizado al país, del escándalo de corrupción que compromete seriamente al actual Fiscal General de la Nación, y de la inocencia de su compañero Jesús Santrich.

Acción parlamentaria

–Senador, en pasadas ediciones le preguntábamos a Rodrigo Londoño, presidente del Partido FARC, sobre un balance de la actividad parlamentaria y señalaba que era positivo, con las dificultades propias de ser “nuevos” en el parlamento. ¿Cuál es su balance sobre los primeros meses de trabajo parlamentario de la bancada FARC?

–Sin lugar a dudas el balance es muy positivo. Los espacios en las comisiones nos permiten defender y abrir las puertas a los sectores populares y trabajadores. Poco a poco hemos ido asimilando y ganando experiencia y hemos dado respuesta a la resistencia de quienes quieren seguir en la guerra con sus reformas políticas regresivas para el país y los Acuerdos de Paz.

–¿En lo particular cómo le ha ido en la Comisión Quinta de Senado? Se lo pregunto porque allí se abordan temas de tierras y vemos que en el acuerdo de paz hasta ahora no hay un centímetro de tierra de lo acordado.

–Los proyectos de Ley que por el momento se tramitan en la Comisión han sido muy diversos. Nos ocupa uno en particular, el Proyecto de Ley 003 que busca modificar la Ley 160 de 1994. Un proyecto a todas luces regresivo, pues pone en riesgo la existencia de las economías campesinas, indígenas y afrocolombianas; además, abre la puerta para que los baldíos de la Nación pasen a manos de grandes propietarios e incluso a capitales extranjeros. Otro riesgo latente del proyecto es el cambio de paradigma sobre el desarrollo rural, ya que incluye dentro de las actividades rurales la explotación de hidrocarburos y minería a cielo abierto en baldíos de la nación, lo cual resulta dañino para la sostenibilidad ambiental.

Nuestros esfuerzos se concentran en esta discusión, debido a la importancia de una mejor y democrática distribución de la tierra para superar las causas estructurales del conflicto. Es de advertir que esta discusión se debe abrir al país. En nuestro ejercicio parlamentario estamos en constante diálogo con las organizaciones sociales para aunar esfuerzos en esta discusión. Porque sabemos que la discusión en el espacio del Congreso no es suficiente, se debe acompañar de la movilización popular.

–FARC hace parte de la bancada alternativa de oposición, viene haciendo unas audiencias llamadas “Colombia por la vida”. ¿Ese es un mensaje que se puede interpretar como un síntoma de madurez política para la unidad de la izquierda, de cara a las elecciones del 2019?

–Sí, vamos avanzando en la construcción y el fortalecimiento de una bancada que trabaje por un propósito común: la defensa de los intereses de los más pobres. A pesar de las diferencias, hemos ido avanzando en construir esa unidad. Conjuntamente con la Comisión de Paz del Congreso, integrada por diversos partidos y fuerzas políticas, hemos visitado diversos territorios, hemos hecho audiencias públicas para escuchar a la población.

Sin lugar a dudas, este ejercicio es un síntoma de madurez que fortaleceremos con el apoyo popular, la mano trabajadora, el pueblo étnico y campesino. Se han presentado proyectos de Ley y reformas en favor de la paz y los derechos de los colombianos.

Hemos hecho varias audiencias públicas en defensa de la vida, la paz, el agua, el medio ambiente, la tierra y territorio, la preocupación por el incremento de la violencia sociopolítica y las masacres efectuadas por paramilitares. Esperamos avanzar en acuerdos programáticos para 2019.

Ataques al acuerdo de paz

–La legislatura se ha caracterizado por la intentona de la derecha por hacer trizas la paz con modificaciones en lo sustancial del acuerdo de La Habana. ¿Tendrán éxito esos atentados a la paz?

–No les va a quedar fácil. El estatuto de la oposición les ha puesto restricciones para maniobrar al conformar alianzas. Además, si usted recuerda, el gobierno no logró aglutinar una coalición mayoritaria en el Congreso, esto también se debe a la falta de gobernabilidad del señor presidente y al avance en el número de parlamentarios de los partidos de oposición. La comunidad internacional tiene un papel importante; tienen los ojos puestos en el país, la ONU, la Unión Europea y la CPI que se han manifestado contundentemente al respecto.

–Con la pretendida modificación a la JEP para los militares ¿se abren las puertas de la Corte Penal Internacional, CPI?

–Sin lugar a dudas la situación es preocupante, recordemos que la JEP es un componente fundamental del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición a partir del escrutinio de las responsabilidades de todos los actores del conflicto armado, militares, funcionaros públicos y particulares. La reparación individual y colectiva de las victimas junto al cumplimiento de sus derechos, deben ser una prioridad del gobierno y del Estado.

Una JEP paralela, minaría la credibilidad de la JEP existente, en donde los magistrados fueron escogidos de forma legítima por las instituciones delegadas para ese fin como la ONU, el ICTJ, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

Además, es posible que sigan presentándose nuevas propuestas para garantizar la impunidad absoluta, afectando el Acuerdo de Paz. La fuerza está en el movimiento popular, trabajador y campesino para defender la Paz, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición en los territorios.

Balance a Duque

–En tiempos de balances a Duque por su gestión en los primeros tres meses tenemos un país movilizado: estudiantes, camioneros, comunidades rurales etc. ¿Cuál es su lectura del momento político?

–Bueno, la respuesta no puede corresponder al simplismo político. Es necesario precisar que estamos en un momento que expresa una realidad histórica de reclamación de derechos y libertades, mediante la protesta pacífica de los colombianos más excluidos, ante las políticas autoritarias, excluyentes y hegemónicas que confrontamos desde la lucha armada, y que ahora enfrentamos en el debate de las ideas en el Congreso de la República y en la plaza pública.

Para realizar esta labor, se necesita del apoyo de todos los sectores sociales: campesinos, sindicales, las mujeres y estudiantiles que enfrentan con valor y dignidad, las injusticias sociales del gobierno presidido por Duque Márquez. Esto corresponde a un sistema político, económico y social de corte autoritario, despótico y tecnocrático, al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros, que representan a su vez, un sistema neoliberal a través de monopolios y oligopolios y que ha sido impuesto como modelo político desde 1990 con mayor vigor y con expresiones de violencia o terrorismo de Estado.

El fiscal Martínez y Santrich

–Inevitable preguntar por el escándalo de corrupción de Odebrecht, Martínez y el grupo AVAL. ¿Debe o no renunciar Martínez? Pero algo más importante, vemos más audios comprometedores del Fiscal en la trama de Ruta del Sol que los audios de Santricth en la conspiración para enviar cocaína a los Estados Unidos.

–Sin duda, se trata de uno de los escándalos por apropiación ilegal de dineros públicos más grandes de la historia. En esta conjura contra los intereses del Estado, terminaron vinculados como socios, una empresa multinacional (Odebrecht) y el capital privado de Colombia, como socio del proyecto de infraestructura para la construcción de la obra “Ruta del Sol” y el principal grupo económico de Colombia de propiedad mayoritaria de señor Sarmiento Angulo, conocido como Grupo Aval. Pero lo más escandaloso de todo esto es que para eso contaron con la asesoría del “gran consejero jurídico”, el abogado Néstor Humberto Martínez Neira, actual Fiscal General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación debe renunciar y debiera nombrarse, no un fiscal ad hoc, que puede resultar peor que el actual o un fiscal de bolsillo, sino, una comisión especial nombrada por la Corte Suprema de Justicia.

No es comparable la situación jurídica del Fiscal General con la del compañero Santrich. Sobre la detención ilegal de nuestro compañero, no existe un acervo probatorio recaudado en debida y legal forma por la Fiscalía General de la Nación.

Las pruebas que se hacen aparecer en su contra corresponden a meros indicios, a pruebas insuficientes y a razonamientos ausentes de argumentación, que no fundamentan una medida de aseguramiento en legal forma, de conformidad con la garantía al debido proceso en toda actuación judicial, al cual tienen derecho todos los colombianos.

De esta manera, creemos que es otra conspiración judicial en nuestra contra como partido político, reconocido ante la institucionalidad nacional. Por lo expuesto creemos firmemente que Santrich, continúa de manera ilegal e inconstitucional, detenido en una cárcel de Colombia.

En conclusión, parece que existieran dos sistemas de justicia en Colombia. Una para el propio Fiscal General y otra, para un compañero reincorporado legalmente ante la Justicia Especial para la Paz.

–Odebrecht es un caso de corrupción que une a la clase política tradicional. Luego de la consulta anticorrupción ¿considera que el país está en un estado de alerta para rechazar esas prácticas de la política de los partidos de gobierno?

–Es clara la vinculación entre la corrupción administrativa y la clase política tradicional y hegemónica en Colombia. No sólo es el caso de Odebrecht, este escándalo judicial, es la consecuencia de un sistema corrupto que se ha mantenido bajo esa práctica desde nuestros primeros años de República y que se expresa ahora, acorde con la coyuntura histórica de la postmodernidad en la que se ha incrustado en la cultura colombiana.

A pesar de que la consulta anticorrupción no cumplió con el umbral, vemos como la sociedad está despertando. Los jóvenes, los medios de comunicación alternativos y las nuevas formas de comunicación masivas han aportado de forma importante, lo que nos queda, es organizar ese descontento en una propuesta de país incluyente. Estamos trabajando en eso y muy seguro en el mediano plazo podremos ver los frutos.