Análisis
Por María Méndez
Se va el 2018, un año en el el cual nuestro país prosiguió el camino del proceso de paz que en este momento se halla, aún, en fase de implementación del Acuerdo de La Habana. Esta fase, desafortunadamente, ha sido lenta y problemática.
Acudimos a las urnas. Se eligieron congresistas, "presidente", y se votó contra la corrupción. A pesar de esto, el Estado cayó más bajo. El gobierno está, de nuevo, en manos del lumpen paramilitar, el resto de las ramas del poder público y los entes estatales continúan en la puja entre la más rancia oligarquía y la narcoligarquía, solo salvándose por algunas personas democráticas.
Las FARC llegan por primera vez al Congreso haciendo parte de la Bancada por la Paz, junto con la lista de Decentes (en la que se encuentra la UP), el Polo, la Alianza Verde, Colombia Humana, entre otros, quienes han presentado 14 proyectos de ley para hacer cumplir el Acuerdo de La Habana y en pro de los más necesitados, además de acercar a la población la actividad parlamentaria por primera vez.
El balance de la implementación es negativo. Sólo se cumplió la parte que le correspondía a las FARC. Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) hoy Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), nunca fueron terminados al 100% por el Estado, más de 400 presos políticos de las FARC siguen en las cárceles, Jesús Santrich está preso ilegalmente y a la espera de una posible extradición a causa de un montaje judicial, y los demás puntos del Acuerdo no se han cumplido.
El paramilitarismo crece y se fortalece en el país en connivencia y bajo la batuta del Estado, cuyo gobierno pretende firmar un decreto que permitirá a "algunos ciudadanos de bien" el uso de armas, lo que da pie a su legalización en Colombia. 30.500 personas fueron desplazadas de sus territorios forzadamente.
En este año han habido dos masacres, una la de Tumaco, directamente realizada por la Policía. El ejército se ha visto relacionado con asesinatos, por ejemplo el de Luis Eduardo Garay. Al genocidio contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes de restitución de tierras, partidos de oposición y militantes de las FARC, ahora se le suma la persecución y el asesinato contra los líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito, más o menos 80 en este año.
A pesar de este turbio panorama, las FARC cumplen el Acuerdo, las comunidades más azotadas por la violencia estatal siguen en la búsqueda de la construcción de una Colombia Nueva, según el informe de las Naciones Unidas el 92% de las familias que sembraban coca erradicaron voluntariamente sus cultivos.
La movilización social crece. Los estudiantes dieron una digna lucha por la educación pública, las comunidades se manifiestan por los actos de corrupción, asesinatos y las políticas antipolulares del gobierno y el descontento crece a grandes pasos.
La semilla del cambio está sembrada, la movilización la alimenta. En este nuevo año necesitamos cerrar las filas de la unidad, sentir el Acuerdo de La Habana como propio, organizarnos, ir a las calles y luchar por los derechos de todos y por el futuro de nuestro país.
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Acudimos a las urnas. Se eligieron congresistas, "presidente", y se votó contra la corrupción. A pesar de esto, el Estado cayó más bajo. El gobierno está, de nuevo, en manos del lumpen paramilitar, el resto de las ramas del poder público y los entes estatales continúan en la puja entre la más rancia oligarquía y la narcoligarquía, solo salvándose por algunas personas democráticas.
Las FARC llegan por primera vez al Congreso haciendo parte de la Bancada por la Paz, junto con la lista de Decentes (en la que se encuentra la UP), el Polo, la Alianza Verde, Colombia Humana, entre otros, quienes han presentado 14 proyectos de ley para hacer cumplir el Acuerdo de La Habana y en pro de los más necesitados, además de acercar a la población la actividad parlamentaria por primera vez.
El balance de la implementación es negativo. Sólo se cumplió la parte que le correspondía a las FARC. Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) hoy Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), nunca fueron terminados al 100% por el Estado, más de 400 presos políticos de las FARC siguen en las cárceles, Jesús Santrich está preso ilegalmente y a la espera de una posible extradición a causa de un montaje judicial, y los demás puntos del Acuerdo no se han cumplido.
El paramilitarismo crece y se fortalece en el país en connivencia y bajo la batuta del Estado, cuyo gobierno pretende firmar un decreto que permitirá a "algunos ciudadanos de bien" el uso de armas, lo que da pie a su legalización en Colombia. 30.500 personas fueron desplazadas de sus territorios forzadamente.
En este año han habido dos masacres, una la de Tumaco, directamente realizada por la Policía. El ejército se ha visto relacionado con asesinatos, por ejemplo el de Luis Eduardo Garay. Al genocidio contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes de restitución de tierras, partidos de oposición y militantes de las FARC, ahora se le suma la persecución y el asesinato contra los líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito, más o menos 80 en este año.
A pesar de este turbio panorama, las FARC cumplen el Acuerdo, las comunidades más azotadas por la violencia estatal siguen en la búsqueda de la construcción de una Colombia Nueva, según el informe de las Naciones Unidas el 92% de las familias que sembraban coca erradicaron voluntariamente sus cultivos.
La movilización social crece. Los estudiantes dieron una digna lucha por la educación pública, las comunidades se manifiestan por los actos de corrupción, asesinatos y las políticas antipolulares del gobierno y el descontento crece a grandes pasos.
La semilla del cambio está sembrada, la movilización la alimenta. En este nuevo año necesitamos cerrar las filas de la unidad, sentir el Acuerdo de La Habana como propio, organizarnos, ir a las calles y luchar por los derechos de todos y por el futuro de nuestro país.
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