Noticias
Tomado de Pacocol
Por Libardo Muñoz
"4.770 niños wayuu muertos por los estragos del hambre en un lapso de 8 años, esto es una barbarie"! exclamó incrédulo el Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Alberto Rojas Ríos.
Con el informe en sus manos, el alto dignatario de la Corte Constitucional se resistía a darle crédito a unas cifras sobre la situación de vulnerabilidad en que viven miles de guajiros y que han alcanzado niveles que parecen los resultados de una guerra.
En Riohacha, capital del departamento colombiano de La Guajira, acaba de realizarse una Audiencia de seguimiento de la sentencia T-302, que declaró como estado de cosas inconstitucional las muertes de niños desnutridos, pertenecientes a la etnia wayuu.
Al lado del Magistrado Rojas se encontraba el Procurador General de La Nación Fernando Carrillo, voceros comunitarios y Elson Rodríguez Beltrán, autor de la acción de tutela que originó la reacción de la Corte Constitucional, contra la Presidencia de La República, el Ministerio de Salud, el ICBF, el Departamento de La Guajira y los municipios Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
Un activista wayuu hizo notar que a la audiencia de seguimiento de la Corte Constitucional no se invitó a la organización Siphia Wayu, que encabeza el más importante trabajo de denuncia sobre la que puede ser una de las más grandes tragedias sociales del país, reflejo de la incapacidad, el desinterés, la corrupción y la falta de preparación de líderes políticos expertos en el peculado por apropiación y delitos conexos.
La Corte Constitucional dijo en la audiencia de Riohacha que se trata de una realidad de crisis humanitaria la que está cobrando la vida de cientos de niños wayuu cada año, y citó que en 2018 van 39 víctimas, diseminadas a lo largo de las llanuras desérticas de La Guajira.
Incluso, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió el informe de los estragos del hambre en La Guajira, dictó medidas cautelares a favor del pueblo y nada parece surtir efecto.
La CC concluye en que el exterminio no declarado de toda una etnia en Colombia "es una vulneración absoluta del Derecho a la Vida.
No hay coordinación institucional y como lo expresó Gustavo Valbuena, líder wayuu de la Alta Guajira, uno de los presentes: "hay instituciones campeonas en eludir las responsabilidades de las órdenes judiciales".
En la audiencia de seguimiento de la sentencia de la CC, el Procurador Carrillo manifestó que en la ineficacia de programas de alimentación, saneamiento básico y atención en salud para los niños wayuu hay "una clase política responsable" de lo que está sucediendo.
En La Guajira, los ex gobernadores que no están presos están huyendo, hizo notar otro ciudadano en la audiencia de Riohacha.
Comentarios
Publicar un comentario
Este es un espacio para la sana exposición de las ideas. La paz se hace con un diálogo fundamentado en la descencia y el respeto. Por favor omitir groserias y vulgaridades.