Elección de contralor: el cambio en una resolución del Congreso que tiene nombre propio

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Por El Espectador

En un mismo día, la Mesa Directiva del Legislativo expidió dos resoluciones, en la última, cambiando los requisitos para aspirar al cargo, beneficiando directamente a uno de los postulados: José Félix Lafaurie.

El Congreso en pleno ha sido convocado para el próximo jueves 16 de agosto, a las diez de la mañana, con el fin de realizar la elección del contralor general de la República. Ya la Universidad Industrial de Santander (UIS) hizo un primer filtro seleccionando a 60 de los 109 postulados para suceder a Edgardo Maya, quienes hoy, en una especie de segunda ronda, serán escuchados en audiencia pública por una comisión especial designada por el mismo Legislativo, que a su vez será la encargada de definir a los diez finalistas. Mañana, martes, estos serán escuchados por las plenarias del Senado y Cámara de Representantes, y el jueves se llevará a cabo la elección.

Un proceso que no ha estado ajeno a las polémicas, que ha tenido el acompañamiento de la Procuraduría —a solicitud del mismo presidente del Congreso, senador Ernesto Macías— y al que ahora se le suma una nueva denuncia por parte de la Red de Veedurías Ciudadanas, que acaba de solicitarle al viceprocurador Juan Carlos Cortés una investigación frente al cambio que se hizo de una resolución a otra en los requisitos para aspirar al cargo, el cual, en su concepto, beneficia directamente a uno de los postulados, en concreto a José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, actual senadora del Centro Democrático.

El 19 de julio, la Mesa Directiva del Congreso expidió la Resolución 007, que en su artículo 4 definió los parámetros que regirían la convocatoria, reseñando los impedimentos: “No podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes”. Y subrayando como causales de inadmisión o exclusión de la convocatoria el “tener vínculos dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los miembros del Congreso que participen en la elección por mandato constitucional”.

Sin embargo, dice en su denuncia la Red de Veedurías, el mismo 19 de julio se expidió una nueva resolución, la 008, sacando de tajo esa causal de exclusión relacionada con integrantes del Congreso, un hecho que para ese organismo de control ciudadano va en contra de normas superiores, pues la misma Constitución, en su artículo 126, sobre la inhabilidad para los servidores públicos, establece que estos “no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.

“Más grave resulta la preocupación de esta Veeduría, que al verificar el listado de candidatos inscritos a la convocatoria y advertir que con la eliminación de la causal, al único que podría beneficiar es al actual presidente del gremio Fedegan, José Félix Lafaurie Rivera, compañero sentimental de la congresista María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, en el cual también milita el presidente Iván Duque Márquez”, señala el documento de la denuncia, que además recalca la necesidad de respetar el principio de separación de poderes, que exige la independencia y autonomía de los órganos de control del Estado.

Al final, la Red de Veedurías le solicita a la Procuraduría abrir investigación disciplinaria formal en contra de los suscribientes de la Resolución 008 del 19 de julio de 2018 y, a la vez, efectuar intervención preventiva de manera integral en todo el proceso, incluyendo la revisión de las hojas de vida de los seleccionados. Dicha resolución aparece firmada por los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, respectivamente, así como por sus secretarios generales, Gregorio Eljach y Jorge Humberto Mantilla.

También se instauró una tutela, admitida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, interpuesta contra la convocatoria del proceso de elección de contralor, solicitando “el amparo a la debida información, publicidad, claridad y transparencia”, ante la reseñada modificación de las reglas. Aun así, todo indica que no hay vuelta atrás y que este jueves se hará la elección, la cual es vista como la primera gran prueba de fuego para el gobierno de Iván Duque, pues allí quedará claro si la coalición de partidos funciona para hacer mayorías. Estos últimos días serán de un lobby intenso por parte de los partidos y quienes hoy son considerados como los más opcionados a ser el nuevo contralor, entre ellos el mismo Lafaurie (a quien por cierto le fue mal en la calificación de su hoja de vida); Felipe Córdoba, exauditor general; José Joaquín Plata, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral; Gilberto Rondón, exrepresentante a la Cámara, y Wilson Ruiz, exmagistrado de la Judicatura.

En respuesta a la polémica, fuentes de la Mesa Directiva del Congreso señalaron que, contrario a lo que dice la Red de Veedurías, lo que se hizo fue evitar un prevaricato, pues la Constitución Política, tal y como lo dice el mismo documento de la denuncia, lo que establece es la inhabilidad para el congresista y no para los postulados, como se quiso incluir en la Resolución 007. “Fue un gol que por poco nos meten, pero logramos atajarlo”, dijo la fuente. En ese caso, frente al caso de Lafaurie y su esposa, la senadora Cabal, simplemente bastaría con que ella se aparte del proceso, se declare impedida y no participe ni en las plenarias para escuchar a los candidatos ni en la votación.