Ir al contenido principal

Demandan ante la Corte Constitucional la Ley de procedimiento de la JEP

Noticia
Por El Espectador


Las acciones judiciales las presentaron organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y Dejusticia que cuestionan algunas disposiciones introducidas por el Centro Democrático en el trámite que se dio en el Congreso.

La ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz tuvo un arduo debate en el Congreso de la República, tras el cambio de las fuerzas políticas que se dio tras las elecciones presidenciales y la victoria de Iván Duque el pasado 17 de junio. Al final fueron aprobados en esta ley dos elementos claves, propuestos por el Centro Democrático, que acaban de ser demandados ante la Corte Constitucional por organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y Dejusticia.

Se trata de la creación de un procedimiento “especial y diferenciado” para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado. La propuesta que finalmente fue aprobada, en la práctica dispone un término de 18 meses para que el Gobierno y el Congreso presenten ese procedimiento. Para el Gobierno esto es innecesario, porque ya existe unas reglas de juego en ese sentido. Y la demanda, a la que tuvo acceso El Espectador, pide declarar este artículo inconstitucional.

De acuerdo con la demanda, esta propuesta establece un trato diferenciado para los integrantes de la Fuerza Pública que no es razonable. En primer lugar, porque se terminaría excluyendo a la JEP de la facultad de investigar las “estructuras, los planes criminales y los móviles de las violaciones que sufrieron las víctimas, especialmente, los grupos discriminados y vulnerables”.

En segundo término, porque “ordena suspender las actuaciones de la JEP contra los integrantes de la Fuerza Pública hasta que exista un procedimiento especial y diferenciado para ellos, excepto que estos lo acepten voluntariamente; y les permite acceder y mantener los beneficios penales incorporados en las normas aplicables a dicha jurisdicción sin cumplir el régimen de condiciones e incentivos establecidos para tal efecto”.

Los demandantes, entre quiénes están Gustavo Gallón Giraldo, Juan Carlos Ospina Rendón, Rodrigo Uprimny Yepes y Diana Isabel Güiza Gómez, este artículo, el 75 de la ley 1922 de 2018, también es inconstitucional porque sólo fue introducido en el último debate en el Senado, lo que implicaría un vicio de forma.

El segundo aspecto clave en la demanda tiene que ver con las reglas de juego en la JEP para los trámites de extradición de desmovilizados que se hayan acogido al proceso de paz. Como se sabe, en el Congreso se eliminó la posibilidad que esa justicia especial pueda pedir las pruebas para determinar si la conducta por la que un exguerrillero es requerido por otro país, se cometió antes o después de la firma del Acuerdo de Paz.

Para los demandantes, la prohibición a la Sección de Revisión de la JEP de practicar estas pruebas “viola la autonomía e independencia de esa jurisdicción”. Por otro lado, la acción judicial que deberá ser analizada por la Corte, para determinar si cumple los requisitos para ser admitida, también ataca un aparte del primer artículo de la Ley que dice que en todos los casos se “se preservará el derecho al buen nombre” de las personas que sean mencionadas en cualquier trámite de la JEP.

En su criterio, esto implica que se prioriza el derecho al bien nombre sobre los derechos de las víctimas del conflicto. Además, también cuestionaron que ese mismo artículo imponga a la JEP la obligación de comunicar a la justicia ordinaria cualquier mención que se haga de un tercero en la justicia especial. “Tal exigencia genera un privilegio injustificado a favor de los terceros, que vulnera el derecho a la justicia de las víctimas, pues los terceros conocerán de investigaciones penales que los involucren, antes de que se inicien formalmente, por lo que pueden obstaculizar el desarrollo de esas pesquisas”, dice la demanda.

Comentarios

Entradas populares de este blog

La implementación del acuerdo ha caído sobre los hombros de la FARC. La entrevista que censuró el gobierno

Noticia
Por Colombia Soberana






En el marco del Acuerdo de  paz se creó el programa Mimbre que ha venido siendo emitido en el Canal Institucional. Es dirigido por Gloria Cecilia Gómez y su comité editorial está conformado por delegados de las FARC y del Gobierno. 
Desde hace 9 meses ha estado al aire sin mayores contratiempos, pero su última edición fue censurada porque la oficina del Alto Comisionado para la Paz decidió no sacar al aire una entrevista que  Gloria Cecilia Gómez le hizo a Pastor Alape. Para Luis Roberto Rodríguez "El programa no se trata de que una parte acuse a la otra parte de cosas ante millones de colombianos". 
Sin embargo, al ver la entrevista, se puede notar que el dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, habla de temas puntuales y verídicos: la transformación de la JEP y de la participación política, el problema de seguridad en las regiones y demás, por lo tanto se puede considerar este hecho como un  acto de censura. 
El vídeo, que …

ASESINAN A LÍDER SOCIAL DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DE LA PERLA AMAZÓNICA, EN PUTUMAYO

Noticia Por Contagio Radio 10 de octubre 2018

La Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica, ADISPA, denunció el asesinato de Otto Valenzuela, líder de esta organización. Los hechos se presentaron el pasado 8 de octubre, cuando integrantes de esa comunidad encontraron el cuerpo de Valenzuela con un impacto de bala en la vereda Frontera.
Yaneth Silva, integrante de ADISPA, señaló que durante la mañana, el líder social estuvo trabajando en la Minga Comunitaria y posteriormente se retiró a su vivienda. Allí, los vecinos de ese predio manifestaron que escucharon un disparo, pero no alertaron a las autoridades debido a que no imaginaron que se tratara de un acto de violencia.
De igual forma, Silva  expresó que cuando se le informó a la Policía de los hechos, le manifestaron que no podían acercarse al lugar porque estaba muy retirado, y le hicieron recomendaciones "de ser muy cuidadosos con el tema de recoger cascos de balas", como material de investigación, del…

El regreso a las armas es un absurdo político

Análisis Tomado de Las 2 Orillas Por Gabriel Ángel


La carta de Iván Márquez y el Paisa a la Comisión de Paz del Senado de la República, más que un signo de alarma acerca de una división en el partido Farc, pone de presente una manera de ver las cosas que simplemente contribuye a agravarlas. Nadie con un mediano raciocinio se atrevería a poner en duda el pobre nivel de cumplimiento de los Acuerdos de La Habana por parte del Estado. Otra cosa es el qué hacer frente a tan complicado problema.
No deja de sorprender que el grito de batalla de los firmantes de la carta sea la exigencia de la implementación completa de lo acordado. Reiteran incluso que su mayor anhelo es contribuir a la construcción de la paz en nuestro país. Pues eso precisamente es el propósito fundamental asumido por el partido de la rosa desde su nacimiento, reiterado en su último Consejo Nacional de los Comunes. Todos queremos que se cumpla lo acordado, ¿cuál es el problema entonces?
Un recurso fácil, que habla poco a favor …