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Por El Espectador
Un proyecto de Acto Legislativo radicado por la bancada uribista propone que “bajo ninguna circunstancia” mecanismos como la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad conozcan información relacionada con la seguridad nacional y operaciones de inteligencia militares.
La representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus puso bajo la lupa el nuevo proyecto de Acto Legislativo radicado el pasado miércoles por el Centro Democrático en la cámara baja del Capitolio. Mediante este, la bancada uribista busca que ninguno de los mecanismos que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tengan acceso a documentos del Estado de carácter reservado o de seguridad nacional.
Esto reduce significativamente las competencias otorgadas tanto a la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), negociadas y acordadas entre el anterior gobierno y la antigua guerrilla Farc en La Habana. Situación que, según la representante “pone en grave riesgo el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido en el conflicto armado”.
El documento presentado por la bancada uribista plantea que dichos mecanismos:
“En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrán solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden, a los organismos de control, a los servidores públicos y a los particulares que cumplen o cumplieron funciones públicas, información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional, tales como operaciones militares, operaciones estatales, operaciones de inteligencia, operaciones de contrainteligencia o cualquier otra información que atente o ponga en riesgo mínimo la seguridad nacional o de cualquiera de sus agentes. Tampoco podrán las instituciones y/o mecanismos señalados en el inciso anterior, so pretexto de cumplir sus funciones, requerir ningún tipo de información personal contenida en hojas de vida, historial personal, listas de miembros o datos relacionados con la vida profesional o privada del personal de los servicios inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado”.
Estos señalamientos no solo dejan en la cuerda floja a una de las columnas vertebrales del Acuerdo Final, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición —un conjunto de mecanismos judiciales y extra judiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de reparar a las víctimas del conflicto y construir la verdad de lo sucedido en la guerra en Colombia—, sino que también contradice lo que hasta ahora se ha definido alrededor de este tipo de informaciones, en las que su carácter de reserva no se puede oponer ante las investigaciones relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El proyecto propone, además, sancionar a quien solicite o suministre este tipo de documentos argumentando en la exposición de motivos que ello “podría generar unos daños irreparables a la seguridad y defensa del Estado” y que “la mayoría de los miembros de las entidades son de una tendencia de izquierda”.
Goebertus agregó a su denuncia que “sorprende que esta sea la propuesta de la bancada del Centro Democrático cuando esta misma semana el gobierno del presidente Duque retiró un proyecto de Acto Legislativo al darse cuenta que cometía un error al poner en grave riesgo la reincorporación institucional de los excombatientes tanto de las guerrillas como de los paramilitares”.
Esta no es la primera vez que el uribismo intenta cambiar las reglas de juego en estos mecanismos. Durante su paso por el Legislativo, a la ley de reglamentación de la JEP se le incluyó la posibilidad de un tratamiento judicial especial a los miembros de la Fuerza Pública involucrados en hechos de materia de investigación en el conflicto armado.
La verdad les aterra.
ResponderEliminarCuando el pueblo colombiano pueda conocer los detalles sobre la forma como el Estado aplico las políticas contra-insurgentes para contener la creciente rebelión mediante el exterminio físico de los opositores al régimen y quienes determinaron esa practicas comprenderá el origen de los movimientos armados.
Se entenderá que todo correspondió a las decisiones de una clase parasitaria violenta que utilizo a las Fuerzas Armadas no para defender la Soberanía Nacional sino para enriquecerse a costa de la deprecación del trabajo del pueblo trabajador en campos y ciudades.