Noticia
Por El Tiempo
5 de julio del 2018
La matanza, cometida por paramilitares en Bolívar, ocurrió entre el 16 y 21 de febrero del 2000.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 13 años de prisión contra el capitán de corbeta Héctor Martín Pita Vásquez por no haber desplegado acciones militares que evitaran la masacre de El Salado, en el Carmen de Bolívar (Bolívar), pese a que era el comandante de la compañía Orca.
En lugar de prevenir la matanza, dice la Corte, el capitán contribuyó en su realización.
La Sala de Casación Penal de la Corte ratificó la condena contra Pita y otros oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina, que “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron durante varios días la población de El Salado y sus zonas aledañas, prestando de manera omisiva su concurso para ese cometido criminal, dejando de actuar conforme al mandato constitucional que les imponía contrarrestar las acciones lesivas que fueron ejecutadas durante ese tiempo”.
El fallo de la Corte ratificó las decisiones del Tribunal Superior de Cartagena y de un juez de esa ciudad que condenó a Pita en primera instancia en calidad de cómplice del delito de homicidio agravado.
La masacre de El Salado ocurrió entre el 16 y 21 de febrero del 2000. Según la Corte, en la tarde del 19 de febrero y después de asesinar a 38 personas, los grupos paramilitares iniciaron su despliegue por las vías El Salado-vereda la Sierra, Zambrano, Canutalito y vereda El Balguero.
Tras esos hechos de violencia, el capitan Héctor Martín Pita Vásquez, que estaba adscrito al Batallón de Contraguerrilla de Infantería de Marina y era comandante de la Compañía Orca, recibió la orden de trasladar sus tropas a la zona de los acontecimientos y neutralizar la acción de los grupos paramilitares.
“La Compañía Orca arribó a El Salado a las 6 de la tarde del 19 de febrero, poco después que los miembros de los grupos paramilitares abandonaran el lugar”, asegura el fallo.
Sin embargo, dice la Corte, esa compañía “no desplegó ninguna acción militar tendiente a reprimir la acción de los violentos que a su paso por las áreas rurales aledañas a la población, cobraron la vida de Euclides Torres Zabala, Edgar Cohen Castillo, Ornedis Cohen Sierra, Eliseo Torres Sierra y Eduardo Torres Pérez, asesinados en distintas circunstancias y lugares el 21 de febrero, con la participación omisiva del Capitán Pita Vásquez”, dice la sentencia.
La Corte dijo que el capitán incumplió su deber de "impedir los resultados suficientemente conocidos, en tanto se encontraba a su alcance funcional contrarrestar las acciones desplegadas por los ofensores, quienes a partir de ese momento y en su retirada continuaron realizando conductas contra la vida de varios habitantes”.
La Corte dijo que no son válidos los argumentos de la defensa en el sentido de que "los bandidos tenían más de hora y media de haberse ido", o que "los militares llegaron a El Sala después de caminar muchos kilómetros, y estaban cansados" o que "no debían perseguir a los agresores por montes y veredas oscuras".
El alto tribunal tuvo en cuenta el testimonio del infante de marina Alfonso Enrique Benítez Espitia, del 17 de marzo de 2000, quien reconoció que hubo "connivencia entre los militares y los grupos paramilitares para ejecutar las acciones en El Salado".
El testigo, que hacía parte de la compañía Orca, dijo que hubo "disparos provenientes de los invasores que anunciaban su salida de El Salado, cuando la tropa militar se aproximaba".
Según el infante de marina, después de salir del corregimiento de El Salado, se encontraron con los paramilitares que habían perpetrado la masacre y en lugar de atacarlos y reducirlos, como era la consigna y su deber, departieron con ellos y discutieron sobre la coordinación de sus acciones.
La Corte dijo, demás, que todas las conductas perpetradas en esta masacre deberían ser crímenes de lesa humanidad para que no prescriban.
Así, dijo la Corte, le corresponderá a la Fiscalía "hacer la declaratoria de crímenes de lesa humanidad sobre las conductas lesivas ejecutadas en desarrollo de la misma y en relación con todos los partícipes e intervinientes en su ejecución, respecto de quienes se estén adelantando los respectivos procesos y, también, sobre los que aún no son objeto de intervención penal”.
Eso, como se sabe, demuestra la complicidad, la colaboración del ejército, en este caso, al igual que la policía con los paramilitares. Por eso es que esos criminales no se acaban porque no hay voluntad política del gobierno para ponerlos en cintura.
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