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Así va la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz


Noticia
Por El Espectador




La Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación entregó el primer balance acerca de la implementación de este enfoque en los diferentes puntos del acuerdo firmado con las antiguas Farc. Hay avances y deudas.

Luego de un año y seis meses de la firma del Acuerdo de Paz, laSecretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular-Programa para la Paz (Cinep-PPP) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), presentó el primer informe en el que se da cuenta de los avances que hay en materia de enfoque de género en la implementación de lo pactado.

Por supuesto, no se trata de la “ideología de género” que se vendió desde las toldas opositoras durante la campaña por el plebiscito, sino desde el enfoque de género que, según los académicos, es entendido como “una categoría analítica que manifiesta la construcción social en torno a los discursos sobre las diferencias normativas entre hombres y mujeres, implicando una relación de poder entre ambos”. ¿Cuál es la importancia del enfoque de género? Que permite una diferenciación e identificación de los roles que ha tenido la mujer el contexto de la terminación del conflicto, como víctimas, agentes del conflicto o gestoras de paz.

A grandes rasgos, el informe hace un barrido por la normatividad que se ha expedido en la materia por parte del Gobierno Nacional y lo que se ha tramitado vía Congreso. En ese sentido, concluyen que de 35 decretos expedidos por el presidente, 17 incorporan disposiciones en las que se incluye en enfoque de género. En ese mismo sentido, sucede lo mismo en dos de cinco actos legislativos, en tres de seis leyes aprobadas a través del mecanismo del “fast track” y en seis de siete proyectos radicados en el segundo período de la última legislatura.

La Secretaría también desglosa la implementación de este enfoque en los seis puntos del Acuerdo. Así, en cuanto al punto 1, el de la Reforma Rural Integral (RRI), indica que fueron identificadas varias disposiciones que promueven la participación activa de las mujeres en espacios de concertación relacionados con los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y otras medidas que principalmente las benefician a ellas. “Sin embargo, gran parte de las disposiciones hacen una consideración genérica del enfoque de género sin hacer explícito la forma en que éste se implementará. Ninguna de las disposiciones identificadas hace una referencia directa a la población LGBT”, señala el informe.

Sobre la participación política (punto 2), destaca que tanto en el Estatuto de la Oposición como en el Consejo Nacional de Paz y Reconciliación, se promueve la inclusión de las mujeres en los escenarios políticos. Aunque también hay observaciones: “En cuanto al decreto que crea el Sistema Integral de Protección para el Ejercicio de la Política (SISEP), la mayoría de las medidas identificadas únicamente consideran de forma genérica el enfoque de género, sin hacer explícito la forma en que se garantizará su implementación”.

En el punto 3, de Terminación del Conflicto, se señala que el enfoque de género se encuentra, sobre todo, en los procesos de reincorporación socioeconómica y con una participación femenina del 33 % en la Comisión Nacional de Garantías. Una recomendación es que en la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales se prioricen las metodologías para investigar hechos delictivos contra de mujeres y población LGBT. En el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, se destaca la inclusión de mujeres en elPrograma Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Y en los últimos dos puntos del Acuerdo (Víctimas e Implementación), se resalta, por ejemplo, que en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 53% de los magistrados son mujeres, además de la creación de la Instancia Especial de Género que promueve la inclusión y participación de las mujeres y de la población LGBTI en el proceso de implementación, respectivamente.

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