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Por Semana
En un pronunciamiento presentado para apoyar una tutela que estudia ese alto tribunal, la organización manifestó que negar la posibilidad de un aborto seguro “pone en riesgo la vida de mujeres y niñas”.
El caso, que está en manos de la magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo Schlesinger, fue presentado por una mujer, que a las 26 semanas de gestación, descubrió por un examen médico que el feto tenía complicaciones que le provocaban serios problemas en su desarrollo cerebral.
Amparada en el fallo de la Corte Constitucional, que permite el aborto en tres casos específicos (riesgo para la vida o la salud de la madre, violación o incesto y malformaciones fetales graves), la mujer solicitó la interrupción voluntaria de su embarazo, pero tres centros médicos diferentes se negaron a llevar a cabo el procedimiento.
La tutela presentada por esta mujer ha dado lugar a un debate en el que se discute, por una parte, si los médicos pueden poner trabas o impedir la posibilidad de abortar a las madres que cumplan las condiciones exigidas por la Corte Constitucional, y de otra, si estas restricciones son válidas después de un determinado número de semanas de gestación.
Según Human Rights, sus investigaciones les muestran que “incluso con la vigencia del marco legal establecido por la decisión de la Corte Constitucional, las mujeres y las niñas tienen serias dificultades para acceder al aborto seguro y legal luego de haber sufrido hechos de violencia sexual, lo cual vulnera sus derechos humanos fundamentales”.
Cita la organización, igualmente, un reporte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que expresó su preocupación por “los informes sobre los obstáculos a los que se habrían enfrentado algunas mujeres en la práctica para acceder al aborto legal, incluyendo la invocación de la objeción de conciencia por el personal de salud sin remisiones apropiadas y su falta de capacitación adecuada”.
En Colombia, muchos médicos se han negado a practicar abortos por razones de conciencia, sin que se les brinde a las mujeres una alternativa para que se lleve a cabo el procedimiento, según HRW que afirma que “cualquier criminalización del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Colombia” y que “la negación del acceso al aborto seguro y legal pone en riesgo la vida de mujeres y niñas”.
Sobre el tema de las semanas de gestación, dice HRW que la legislación y la jurisprudencia debe “cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos de despenalizar el aborto y asegurar un acceso seguro y legal a esta práctica, como mínimo, cuando se encuentre en riesgo la vida o la salud (física o psíquica) de la mujer embarazada, haya malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina o el embarazo sea el resultado de violencia sexual” y que Colombia “no debe imponer ninguna restricción al aborto que interfiera de manera irrazonable en el ejercicio de las mujeres de sus derechos humanos”.
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