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Denuncian derrame de crudo en Yondó, Antioquia

Noticia
Tomado de Prensa Rural
Por Comunidad de Yondó



En el municipio de Yondó, Antioquia, en el campo de producción La Rompida, en el pozo productor Santarosa 3, se viene presentando una situación que el operador del campo no ha querido remediar. Desde hace dos meses está saliendo sin control crudo desde la unidad del pozo, esto ha causado una grave afectación a los recursos naturales y al ganado, generando importantes daños en los medios de producción.

La locación esta a escasos metros del caño La Rompida, el cual es un grupo de humedales importantes en el municipio. Parte de la actividad petrolera se hace en la cabecera municipal, un campo maduro, sin embargo gran parte de las actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos se hace en zonas frágiles y de abundante biodiversidad (variedad de especies animales y vegetales).

Muchas de las personas que habitan estas regiones viven directamente de sus recursos naturales. Cuando ocurre un derrame de petróleo los animales mueren. Para descontaminar el sitio es necesario remover la vegetación y la parte del suelo que entró en contacto con el petróleo, que es generalmente la parte orgánica (donde se encuentran los microorganismos que fertilizan el suelo).

Exigimos se haga de forma inmediata una visita que corrobore lo que está en esta denuncia, y se tomen las medidas pertinentes para remediar el daño y evitar que vuelva a ocurrir. Adicionalmente queremos que los culpables de este atropello ambiental respondan ante las autoridades competentes, exigimos a Ecopetrol y a las autoridades ambientales desarrollar acciones preventivas, de seguimiento continuo y correctivas en las áreas críticas (básicamente cuencas del Magdalena); hacer estudios detallados de suelos, agua, flora y fauna en esos ecosistemas, revisar y adecuar los planes de mitigación establecidos y por establecer para atender a las comunidades que se vean afectadas, no solo por la construcción de nuevos oleoductos sino por su operación, y por último invertir el dinero que la industria petrolera invierte en seguridad en programas que mejoren la calidad de vida de las comunidades y que subsanen el impacto social, ambiental y económico sobre estas.


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