Ir al contenido principal

Anzoátegui y Santa Isabel se unen para rechazar hidroeléctrica en el río Totare

Noticia
Tomado de Pacocol
Por Nelson Lombana


Las comunidades de los municipios de Anzoátegui y Santa Isabel (Tolima), se reunieron ayer sobre el puente del río Totare para rechazar categóricamente la construcción de hidroeléctricas en este río, perjudicando gravemente el ambiente y el territorio de esta vasta región de estos dos municipios, ubicados al norte del departamento, y que son divididos por este río.



Cerca de doscientas personas se congregaron después de las tres de la tarde, de la mano de los personeros municipales, Jonatán Materón y Rodolfo Sierra, respectivamente, lo mismo que los concejos municipales en pleno de ambos municipios. Los personeros se comprometieron a redactar un documento para rechazar esta iniciativa imperialista de las multinacionales y trasnacionales y que hacen parte de la política perversa del uribismo y ahora del santismo.

Unos de los líderes comunitarios asistentes al encuentro señaló: “Hoy (ayer), a las tres de la tarde, se dieron cita en el puente del Fierro, sobre el río Totare, en límites de Anzoátegui y Santa Isabel, concejales de ambos municipios, personerías de ambos municipios y aproximadamente unas doscientas personas de ambos municipios, donde manifestamos un no rotundo a la creación de hidroeléctricas, un no rotundo al estudio de impacto ambiental para la creación de hidroeléctricas en el municipio de Anzoátegui, ya que las personas allí presentes exponían que estas hidroeléctricas que se pretenden crear sobre este río, no son con el fin de producir energía para el municipio, para los municipios cercanos, sino por el contrario, se hacen dentro del corazón de cinco solicitudes mineras que suman alrededor de 700 hectáreas en el municipio de Anzoátegui. Esto fue lo que se expuso allí”, señaló el líder comunitario quien pidió que se omitiera su nombre por el señalamiento que es víctima a diario.

Por su parte, el joven universitario y ambientalista, Diego Alejandro Zuluaga, indicó: “Saludar este espacio para poder dialogar las dos comunidades, los dos vecinos, los municipios de Santa Isabel y Anzoátegui. En este momento nos llama la unión, a partir de una amenaza y un riesgo que vemos sobre todo para para nuestros predios y para nuestro territorio”.

Agregó: “Debo reconocer al señor personero de Santa Isabel, porque en la misma resolución dice que él se opuso a que se realizara dicho estudio de impacto ambiental. También al consejo municipal de Santa Isabel que también cómo se expresa en la resolución, se opuso a la realización de dicho estudio”.

“También debo reconocer el ejercicio del concejo municipal de Anzoátegui (Tolima), en ese momento con la presidencia de la señora Miriam Londoño, que también rechazó rotundamente las solicitudes de títulos mineros que iban llegando. Todo el concejo en pleno. Los once concejales. Siempre tuvieron una preocupación latente del tema de la minería en Anzoátegui, porque allí fue donde comenzaron las solicitudes”.

A pesar del liderazgo del personero municipal de Anzoátegui, Jonatán Materón, también encaminado a rechazar la política minero – energética, el dirigente ambientalista, rechazó la postura del funcionario de separar la problemática ambientalista de la problemática política.

En esa dirección, dijo: “No estoy de acuerdo con la postura del señor personero de Anzoátegui, de que esto no tenga un contexto y una coyuntura política. Todo lo contrario. Sí me parece que es muy político y le voy a explicar por qué: En mis manos tengo un documento técnico que elaboré siendo consultor de la alcaldía de Anzoátegui. A este municipio llegaron cinco solicitudes de concesión de minería. Esas cinco solicitudes de concesión minera, son de aproximadamente, 700 hectáreas que tienen que ver directamente con el municipio a partir de la quebrada la Puerquera, que es finalizando la recta de don Alirio Torres (ya fallecido), baja directamente hasta Verdún, hasta la Unión (Veredas), coge de ahí hacia el Hatillo, baja hacia Cuminá, cogiendo Santa Bárbara, Betulia, Santa Rosa. Toda esa área que para Anzoátegui en este momento está en solicitud de concesión de exploración minera. Unas las hace Anglo Gold Ashanti, directamente para la explotación de oro. ¿Eso qué significa? Eso significa que la hidroeléctrica no va a sacar energía para las comunidades, ni para exportarla, sino que la hidroeléctrica sería el primer paso para empezar a hacer todo este daño ambiental. Este proyecto que en este momento nos está presentando tiene que ver directamente con unos proyectos minero – energéticos que son del orden nacional, porque la solicitud que se está realizando la hace la agencia nacional de minería. ¿Cuál es el problema que está en el centro de la discusión? Es el problema de la autonomía territorial. Es una discusión que tiene que ver entre el ordenamiento jurídico que está consignado en la ley orgánica de ordenamiento territorial y el código minero que fue aprobado en el año 2001”.

“El primero que lo hace es Piedras en el Tolima, a través de una consulta popular; sigue Cajamarca (Tolima), que lo hace a través de una consulta popular. Pero, cuando el gobierno nacional se empezó a dar cuenta que se le venía pasos de gigante, en ese momento pasa la solicitud de consulta el alcalde de Ibagué para consulta popular y no se lo aprueba el tribunal administrativo y lo envía al Consejo de Estado. Posterior, el concejo municipal de Ibagué, de manera muy juiciosa, porque conozco el asesor jurídico que hace toda la documentación previa en términos de derecho, son 24 páginas de afirmación constitucional, defendiendo el recurso natural hídrico, como patrimonio natural del municipio. ¿Qué es lo que sucede? Lo envían al señor gobernador (Oscar Barreto Quiroga), y el gobernador políticamente dice: Tribunal Administrativo. Y el Tribunal Administrativo responde de una manera que me parece vergonzosa, con un solo párrafo responde las 24 páginas de argumentación jurídica, diciendo: Eso es ilegal, porque el Estado es dueño del subsuelo”.

Por su parte, el personero de Santa Isabel, Rodolfo Sierra, manifestó argumentadamente, su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica en el río Totare por su impacto ambiental grave contra esta vasta cuenca hidrográfica. El defensor público se declaró partidario de hacer causa común para defender el territorio de la política extractivista y de la construcción de hidroeléctricas, las cuales no van a ayudar al desarrollo comunitario, sino que van a fortalecer las multinacionales y transnacionales.   


La comunidad de ambos pueblos hermanos, se declaró dispuesta a movilizarse en defensa del medio ambiente y la autonomía de las comunidades que se hayan asentadas allí.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Diego Palacio admite que sí compró reelección de Uribe

Noticia El Espectador


El exministro de Protección Social se acogió a la Justicia Especial para la Paz y empezó a colaborar con la justicia para obtener beneficios

Era la ficha que faltaba. La justicia Colombia había condenado a la excongresista Yidis Medina por el delito de cohecho al vender su voto para que fuera aprobada en Comisión Primera de Cámara la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Este había sido comprado con el nombramiento de un gerente para una Empresa Social del Estado y había sido entregado por el ministro de Protección Social de este gobierno, Diego Palacio Betancourt.

El alto funcionario del gobierno Uribe lo había negado en varias ocasiones, incluso su caso llegó a la corte Suprema de Justicia que en diciembre de 2015 ratificó su condena. En esa situación, Palacio seguía asegurando que era inocente y hasta amenazaba con ir ante tribunales internacionales por lo que consideró una persecución política.

Pero la clave estuvo en la Justicia Especial para la Paz (JEP). Di…

Cómo la política de Álvaro Uribe posibilitó la multiplicación de los colados de las FARC

Análisis Tomado de Las 2 Orillas Por Gabriel Ángel 24 de abril del 2019


Su gobierno ordenó dispersar a los guerrilleros por todas las cárceles y los comandantes perdieron control sobre 3000 presos. Allí pudo comenzar el tráfico de nombres
Me contaba una exguerrillera que en los días en que permaneció en La Habana, durante las conversaciones de paz, desempeñando la misión asignada y relacionada con la Mesa, se contactó con ella por el Facebook un antiguo mando de su Frente, que se encontraba en prisión desde hacía varios años. Quería pedirle un favor. En las cárceles ya corría la noticia de que se elaborarían listas de los prisioneros de las FARC y necesitaba que ella le ayudara a ser incluido.

Ella lo había conocido bien, sabía de quién se trataba y las circunstancias en las que había caído a la cárcel. Se interesó por él, le recibió sus datos, nombre, seudónimo, número de cédula, Frente al que pertenecía, en fin, lo que consideró pertinente. Y le prometió que plantearía su caso ante el res…

Álvaro Uribe busca volver trizas Acuerdo de Paz y demoler el sistema judicial.

Análisis Tomado de Pacocol Por Humberto de la Calle

La declaración leída por el Dr. Álvaro Uribe a raíz del caso Santrich no solo contiene afirmaciones absolutamente falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República, a impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades y es un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial que abarca la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ahora la Jurisdicción Especial.
En la Habana no se pactó un cogobierno con el narcotráfico. Las FARC se obligaron a romper todo vínculo con esa actividad criminal. El Acuerdo prevé que la garantía de no extradición no cubre los delitos posteriores al Acuerdo. La providencia de la JEP no debilita eso. Se basa en la ausencia de pruebas sobre la fecha de los delitos atribuidos a Santrich.

Si se afirma que hay pruebas contundentes en poder de la Fiscalía, no es posible explicar que el Sr. Fiscal, en vez de renunciar, no haya procedido de inmedia…