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Por El Espectador
Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo del nuevo sistema especial para la paz, explicó que la medida cautelar sobre los expedientes del extinto organismo estatal se realiza para garantizar el derecho a la verdad a las víctimas.
Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, le ordenó en un auto al Gobierno Nacional que los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que permanecen bajo custodia del Archivo General de la Nación, sean puestos a disposición del nuevo sistema especial para la paz.
“Al existir información reservada en los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, sensible al conflicto armado, de la cual hubo un uso irregular, se hace indispensable proteger dicha información con el fin de hacer realizables los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición”, precisó el documento, de 13 páginas, firmado por Correa.
El auto explicó que las múltiples investigaciones penales, algunas ya cumplidas y otras en curso, se fundamentaron por documentos que reflejaban el supuesto actuar delictivo de funcionarios y empleados del DAS, así como las relaciones con grupos al margen de la ley, por lo que su preservación y disponibilidad son de suma importancia para la JEP.
Uno de los casos que el documento citó fue la sentencia de la Corte Suprema en contra del exdirector del extinto organismo, Jorge Noguera Cotes, que daba cuenta de los nexos de esa administración con el Bloque Norte de las Autodefensas, la filtración de información de inteligencia, suministro de listas de sindicalistas, estudiantes y dirigentes de izquierda, entre ellos, Fernando Piscioti, Alfredo Correa De Andreis y Zully Codina Pérez.
Otro de los fallos citados fue la condena del alto tribunal, en 2016, en contra de cuatro funcionarios Grupo de Inteligencia Estratégica G-3, del DAS, por los hechos cometidos contra varias personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, políticos, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Estas decisiones evidencian el potencial de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS para el esclarecimiento de violaciones de los Derechos Humanos”, se explicó en el escrito.
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