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Gobierno incumple acuerdos de sustitución con campesinos del Magdalena Medio

Comunicado
Tomado de Prensa Rural
Por Coccam Magdalena Medio




En el marco del proceso de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, PNIS, en el Magdalena Medio, persisten los incumplimientos y la toma de decisiones de manera unilateral por parte de la Dirección Nacional de Cultivos de Uso Ilícito y su delegado territorial Ricardo Polo. A pesar de lo dispuesto en la hoja de ruta de intervención expedida desde el mes de agosto de 2017 y la reunión que ratificó la continuidad del Programa a nivel territorial el 21 de enero del año en curso, en la que participaron delegados del Gobierno, FARC, COCCAM, organizaciones sociales, organizaciones de acompañamiento internacional, Fuerza Pública y entidades territoriales, se sigue incumpliendo lo pactado en el Punto 4 del Acuerdo de Paz, y los Decretos 896 de 2017 y 362 de 2018.

Ante esta situación, las comunidades representadas en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM de la región del Magdalena Medio, denunciamos ante la opinión pública que no se han institucionalizado las Comisiones municipales de planeación participativa, los Consejos municipales de evaluación y seguimiento ni el Consejo Asesor Territorial.

No se está socializando el contenido de los formularios de inscripción individual con las comunidades, la COCCAM, ni la delegación regional de FARC para el PNIS, otras palabras, la gente no sabe que es lo que realmente está firmando.

Se están creando nuevos criterios para la inscripción de beneficiarios del Programa como el de estar afiliado al Sisbén, desconociendo así la voluntad expresada por las comunidades de acogerse al Programa al momento de la firma de los Acuerdos municipales.

Se restringe el número de beneficiarios a partir de un “número pre-establecido de cupos” que responde a las restricciones presupuestales del Programa para su ejecución en la vigencia actual, perdiendo de vista el alcance que tiene la implementación de los Acuerdos de Paz.

Las familias que por no estar inscritas en el Sisbén o no alcanzar a los cupos de los que habla el equipo de Gobierno, serán excluidas del Programa, y por tanto, víctimas de erradicación forzada, desconociendo su interés manifiesto de sustituir los cultivos de manera voluntaria.

No se ha realizado la verificación del censo de cultivadores en Asambleas Comunitarias, ni por parte de Naciones Unidas.

Se redujo el número de núcleos veredales al momento de la inscripción individual, limitando ampliamente la participación de las personas que manifestaron su voluntad de acogerse al Programa, dadas las precarias condiciones de las vías para su desplazamiento y el corto tiempo destinado a las inscripciones (menos de un día) pese al exponencial incremento del número de personas que confluyen en un mismo núcleo.

Se está dejando por fuera a los recolectores, a la fecha no hay para ellos ningún formato de inscripción ni recursos claros para su inclusión en el Programa, situación que los hace vulnerables a reincidir en actividades ilícitas.

No se está realizando inscripción individual de menores, desconociendo su voluntad de no continuar en esta actividad ilícita, limitando la posibilidad de realizar un censo preciso, y poniendo en riesgo su acceso futuro a los derechos que buscaba garantizar el Acuerdo.

El equipo de Gobierno del PNIS a nivel regional está modificando de manera unilateral los planes de trabajo concertados con los Delegados de FARC, la COCCAM regional e instituciones acompañantes.

Ratificamos nuestra voluntad

A pesar de lo anterior, ratificamos nuestra voluntad irrestricta de acogernos al proceso de sustitución, siempre y cuando se den todas las garantías establecidas, se respete el espíritu del Acuerdo de Paz y se cumplan los procedimientos establecidos desde el nivel nacional.

Por ello exigimos respetar el compromiso adquirido por parte del Gobierno Nacional de no adelantar procesos de erradicación forzada en las zonas donde se suscribieron Acuerdos municipales y en aquellas donde el Programa se encuentra en las fases previas a la suscripción de los mismos.

Que se pongan en marcha los Consejos municipales de evaluación y seguimiento, los Comités municipales de planeación participativa, y se constituya el Consejo Asesor Territorial, de acuerdo a lo establecido en el Punto 4 del Acuerdo, el Decreto 896 de 2017 y 362 del 22 de febrero de 2018.

A la DSCI que emita una comunicación pública en donde se expongan con claridad las orientaciones, criterios y procedimientos que se están estableciendo desde el nivel nacional para el ingreso individual de cultivadores, recolectores y menores al Programa a nivel municipal.

Que se respeten las funciones que le otorgó el Acuerdo y sus Decretos reglamentarios a las Asambleas Comunitarias, para que estas sean reconocidas como la máxima instancia de decisión del Programa a nivel territorial.

Al equipo de Gobierno encargado del PNIS para el Sur de Bolívar, socializar de manera detallada y oportuna el procedimiento y formulario de inscripción individual, con comunidades, COCCAM, entidades territoriales y delegación FARC previo a su firma.

Mantener la nucleación definida en los Acuerdos municipales, y en caso contrario, brindar a las comunidades las garantías que les permitan acogerse al Programa de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada territorio, para que ninguna persona que haya manifestado su voluntad de sustituir quede excluida de este proceso.

Instamos al Gobierno Nacional a cumplir con lo pactado y así mismo a los organismos nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales a mantenerse alerta y reaccionar frente a los continuos y graves incumplimientos por parte del gobierno nacional y sus delegados territoriales frente al Acuerdo Final de Paz y lo establecido en el Punto 4 con respecto al tema de sustitución de cultivos declarados de uso ilícito.


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