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Por El Tiempo
Ratifican condena contra hacendados por crimen de Jesús María Valle
En la decisión, Tribunal de Medellín compulsó copias para investigar al expresidente Álvaro Uribe.
Los hacendados antioqueños Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio fueron condenados a 30 años de prisión por el Tribunal Superior de Medellín como responsables del crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
El Tribunal ratificó una condena inicial impuesta por un juez de la misma ciudad que consideró probado que los ganaderos fueron los determinadores de ese asesinato, perpetrado por la banda 'La Terraza', que era el aparato sicarial de los paramilitares de Carlos Castaño, en febrero de 1998.
En la sentencia el Tribunal consideró que: “existen suficientes elementos de juicio conforme a lo expresado en esa decisión, que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces Álvaro Uribe Vélez”.
En todos estos años, el expresidente Uribe Vélez ha defendido su inocencia y ha señalado que varios de los paramilitares que hoy aparecen como testigos en su contra, como Salvatore Mancuso y 'Don Berna', fueron precisamente extraditados por su gobierno para que respondieran por narcotráfico en los Estados Unidos.
El hoy senador compartió en su cuenta de Twitter un comunicado en el que dice que ya hay "miles de folios en esas investigaciones, toda clase de presiones en mi contra, nada creíble que me comprometa", y agregó es un "combatiente de las ideas pero no un delincuente".
En la decisión el Tribunal asegura que los hermanos Angulo Osorio, que lograron evadir la cárcel a pesar de que desde el primer momento fueron señalados como cerebros del crimen de Valle y de la masacre de El Aro (municipio de Ituango), ordenaron la muerte del abogado y defensor de derechos humanos por sus denuncias contra los financiadores de los grupos paramilitares.
Según el fallo, los ganaderos asistieron a una reunión en la que también estuvo el fallecido Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de la Gobernación de Uribe Vélez, y allí se determinó la necesidad de "silenciar al doctor Valle".
Igualmente en las compulsas de copias del Tribunal aparecen el general Carlos Alberto Ospina, el coronel Germán Morantes Hernández, el mayor Emiro Barrios, la oficial Aurora Bonilla, los tenientes Cristian Arias y Everardo Bolaños Galindo y el agente de la Policía, Carlos Emilio Gañán Sánchez.
“El solo hecho de que las Fuerzas Militares permitieran su funcionamiento (de los paramilitares), de no combatirlos, como era su deber legal y constitucional, es indicador de su compromiso con esas organizaciones ilegales, y por supuesto de los actos y conductas punibles cometidas, igual ocurre con la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas, es decir ayudaron con sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que investigar y juzgar”, se lee en la sentencia.
La sala de decisión agrega en la sentencia de 135 páginas: “obran elementos de juicio que estudiados en forma coordinada e integral indican con suficiencia la probable responsabilidad de los agentes del Estado que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía General. Se debe evitar la falacia muy recurrida de estos casos de culpar a los muertos, en este caso al general (Alfonso) Manosalva y al doctor (Pedro Juan) Moreno, ellos tienen parte de la culpa, pero son integrantes de una organización, lo que se busca es juzgar a los que aún están vivos y que participaron en ella”.
En su decisión los magistrados no accedieron a la nulidad del fallo de primera instancia y mantuvieron la condena de 30 años de cárcel y ordenaron la captura de los hermanos Angulo Osorio por su responsabilidad en el crimen del abogado Jesús María Valle registrada en febrero de 1998.
En el expediente aparece la denuncia de Valle sobre una supuesta alianza entre la Policía, el Ejército y los paramilitares, y sus señalamientos contra el comandante de la Cuarta Brigada y el entonces Gobernador de Antioquia.
El Tribunal señala que hay un nexo entre el asesinato del abogado y las masacres de La Granja y el Aro y que “participaron varias personas más, varias de ellas están muertas y otras no han sido siquiera vinculados a las mismas, en especial de quienes hacían parte de las instituciones estatales, gobernación de Antioquia, Fuerzas Militares, Policía, el extinto DAS, a la vez de ciertos grupos económicos”.
Uno de los testigos reservados identificado como 001 indica que en la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez en el municipio de Yarumal permanecían “los primos que son paracos”.
Aparecen las declaraciones de exjefes paramilitares que fueron extraditados durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, como Salvatore Mancuso.
El exparamilitar dijo que en las acciones de las Autodefensas tuvieron apoyo de empresarios, la Policía, el Ejército y la Gobernación de Antioquia. “Las Convivir era una fachada de las Autodefensas, era una estructura para comprometer a los particulares en la guerra, pero estaban bajo su dominio y era parte de la estrategia para combatir la guerrilla, fue una estrategia patrocinada por la Gobernación de Antioquia”, dijo Mancuso.
A su turno el también extraditado exparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano ‘Don Berna’ señaló que Pedro Juan Moreno incidió en la decisión de asesinar al abogado Valle al decirle a “Castaño que estaba haciendo una investigación en la cual iría a comprometer en la masacre del Aro a los integrantes de las Fuerzas Militares y del Gobierno”.
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