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Tomado de PCC
Por Telesur
La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de Colombia, también manejará el impacto de las desapariciones en en el conglomerado social.
La directora de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado en Colombia, Luz Marina Monzón, manifestó que uno de los desafíos que tendrá este nuevo mecanismo será conocer la cifra exacta de cuántas personas son dadas desaparecidas.
"El Centro Nacional de Memoria Histórica hizo una investigación sobre desaparición forzada y se tituló 'Hasta encontrarlos'; y en esa investigación se realizó una base de datos, donde se ha podido identificar 80.094 desaparecidos forzados; sin embargo, no se conoce la cifra exacta", expresó Monzón en programa transmitido por teleSUR, Paz por Lozano.
Otros de los desafíos que enfrenta la Unidad será manejar el impacto que tiene la desaparición en Colombia en el marco del conflicto armado en el conglomerado social.
"Por un lado es el ir desarticulando tejidos sociales dentro de las comunidades para hacer alianzas y salir adelante. Una desaparición forzada rompe muchas veces esa construcción social, porque la desaparición lo que deja es incertidumbre e inseguridad", sostuvo.
Monzón dijo esperar que exista una buena relación entre la Unidad y los familiares de las víctimas. "Yo espero que sea una relación muy fluida, propositiva y activa. Hay mecanismos de búsqueda es porque las víctimas han construido eso con sus experiencias. Entonces yo esperaría que esas experiencias nutrieran la forma en que la Unidad pueda cumplir con ese mandato que tiene", comentó.
Asimismo, indicó que la Unidad gestionará ante entidades competentes las atenciones psicosociales. "Esto causa dolor, angustia e insomnio, es decir, es un montón de emociones y la atención psicosocial es fundamental para que la Unidad sea un mecanismo de reparación de las víctimas", resaltó.
La Unidad, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y reparación, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, está reglamentada en el decreto Ley 589 de 2017 y funcionará por 20 años. Tendrá como objetivo realizar labores humanitarias para la búsqueda y la localización de los desaparecidos.
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