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¿Una conspiración sistémica contra el Acuerdo de Paz?

Análisis
Por: Sakina Iwoka / Comunicadores Populares 

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El pasado 24 de noviembre  se cumplió un año de la culminación oficial del proceso de diálogo y negociación llevado a cabo en Colombia entre la guerrilla FARC-EP y el gobierno nacional para darle, por fin, una  salida social y política a ese  conflicto militar cuya duración superó el medio siglo. 


Para tal fecha, en el teatro Colon de la ciudad de Bogotá, D.C., de cara a la comunidad nacional e internacional, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la guerrilla FARC-EP representada por su Comandante “Timoleón Jiménez”, los integrantes de ambos equipos negociadores, representantes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y de los países acompañantes y garantes de este proceso de negociación, incluido Cuba cómo país anfitrión, hicieron entrega oficial del producto de cinco años de negociaciones y arduo trabajo consolidado en el Documento “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” .

Sin duda, este evento histórico reactivó  las esperanzas de un mejor amanecer para ese 70% de la población colombiana (indígena, afro, campesina, habitantes de los cordones de miseria de las urbes) que por siempre ha sido víctima real y directa del histórico conflicto social, político y militar impuesto por el sistema económico y de poder imperante y que, en consecuencia, dio origen a las diversas expresiones de resistencias populares de tinte militar con tan desafortunados y dolorosos efectos que nuestra memoria histórica pueda recordar.

El proceso de negociación social y político al que estas dos fuerzas militares confrontadas entre sí por más de 50 años se involucraron,  es el reconocimiento  mutuo de la incapacidad de cada una de ellas de derrotar militarmente a la otra, pero también, y sobre todo, de aceptarse que cada una de ellas es portadora de un modelo económico, de poder y de sociedad diferentes y adversos entre sí:  La Mesa de Negociaciones en la Habana, un escenario sin derrotados ni vencidos militarmente pero sí reconocidos como actores sociales y políticos. 

El Acuerdo Final que da fe de ello,  es el resultado de un  consenso nacional social y político en el que participaron, además de los representantes de las FARC y del Gobierno Nacional, muchos sectores sociales y comunitarios importantes del país que de manera presencial aportaron valiosos insumos que enriquecieron cada uno de los temas gruesos del documento, pero además se recogieron e incluyeron infinidad de proposiciones que llegaron a través de las redes sociales. Es decir, a pesar de la distancia física entre la Mesa de negociaciones y la sociedad, se puede afirmar que este proceso en general  fue el escenario de un dialogo social entre los administradores del modelo económico vigente y una gran parte de sus  víctimas. Por efecto,  el Documento (Acuerdo Final) reconoce, tanto  las razones sociales que motivaron el alzamiento de armas de dicha guerrilla (y por tanto, también victima) cómo de la histórica deuda social que aun hoy el Estado tiene para con el pueblo Colombiano. 

El estado de salud del Acuerdo Final.

Sin pretender “aguar la fiesta”,  pero si reflexionando sobre el estado de salud actual del Acuerdo Final (original) nos obliga a echar un repaso al recorrido accidentado de (desde) esos 5 años que duró la gestación y posterior alumbramiento de esa hoja de ruta  (Acuerdo Final) para la construcción de la paz con justicia social y dignidad tan anhelada y soñada por varias generaciones,  y de cómo va hoy.

Es un imposible ocultar que éste proceso desde sus inicios  ha sido asediado y atacado  por sectores poderosos de la élite colombiana que se niegan, no solo a compartir el poder que han usurpado por más de 200 años,  sino a responder ante la sociedad colombiana por sus delitos atroces y de lesa humanidad que han cometido en toda la geografía nacional en aras a conservar y ampliar cada vez más su poder, recurriendo incluso a la creación de grupos criminales narco-paramilitares. 

Quisiéramos creer en la buena voluntad del presidente Juan M. Santos para con este proceso y para con la paz misma, pero no podemos dejar de lado la suspicacia que despertó su anuncio unilateral e inconsulto con las FARC, de llevar a un plebiscito el acuerdo final, toda vez que << éste era innecesario e inconstitucional, ya que la firma misma del proceso de paz con la guerrilla era una aplicación concreta del derecho constitucional fundamental consagrado en el art. 22 de la Carta Política de 1.991, que reza “ la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” >>. (Jesús Pérez González, Revista Semana, 11-10-2017). Los resultados de este plebiscito puso en entre dicho el trabajo de cinco años y en aprietos al Acuerdo mismo, pero se sorteó haciéndole las primeras modificaciones acorde a los intereses de los más recalcitrantes enemigos de la paz.  

Posterior a esto y cómo efecto de los resultados adversos, Juan Manuel Santos  entregó el Acuerdo Final para su convalidación y reglamentación por Fast trak (vía rápida para la aprobación por bloque temático del Acuerdo Final), en las manos de éste Congreso de la República, en el que la gran mayoría de sus integrantes se hallan inmersos en procesos jurídicos y disciplinarios por delitos de corrupción (ej.  Cambio Radical) y de para-política (ej. Centro Democrático). 

No es fácil entender cómo alguien con una pisca de sentido ético entregue  a una instancia tan cuestionada e ilegitimada, el fruto de cinco años de trabajo que apenas si son, no la revolución, los mínimos necesarios para empezar a saldar la gran deuda social con los colombianos a través de los Planes Nacionales, los Proyectos de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y los Planes Nacionales Integrales de Sustitución (PNIS), entre otros temas; e igual, a través del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y el compromiso de no Repetición (SVJRNR), tal como lo mandata el Acuerdo, poner al día  la deuda jurídica acumulada en esos 50 años de guerra fratricida.

Como si fuera poco, la Corte Constitucional, a inicios del mes de mayo, hizo su primer aporte contra el Acuerdo Final tumbando le esencia del <Fast Track>, brindándole así la posibilidad al Congreso de la República, para iniciar “estudio” (léase: manoseo) de punto por punto y posterior modificación a su antojo.

Al unísono de estos lamentables episodios, se suma  la del cuestionado Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien descarga “petardos”  contra la Jurisdicción Especial para la Paz (Punto 5 del Acuerdo Final y columna vertebral del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición), contra el derecho a la participación política del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Punto 2 del Acuerdo Final), contra sus Dirigentes y amenazando con una pronta persecución jurídica contra ellos.

A este panorama ya caldeado de por sí, la sangre de campesinos, indígenas y afros hace su presencia cuando una manifestación de cocaleros en Tumaco que se resistían a la erradicación manual, pues ello va en contravía a lo acordado de la Sustitución de cultivos de uso ilícito (punto 1 y 4 del Acuerdo Final) , fue atacada a tiros por el ejército y la policía nacional y, que según informe de Defensoría del Pueblo y de Organismos de Derechos Humanos, dejó un saldo de diez  muertos y una veintena de heridos. Posterior a este sangriento suceso, han sido asesinados varios dirigentes sociales y comunitarios de esta región del pacifico colombiano, que se suman a la larga lista de casi un centenar de asesinatos de líderes/sas sociales y defensores de derechos humanos durante el 2017, sin contar los más de 30 ex militantes de la antigua FARC-EP que han sido asesinados a mansalva en diferentes regiones del país.

Ahora bien, presenciamos como la Corte Constitucional se pronunció respecto a la Jurisdicción Especial para la paz (JEP),  pero más parece otra arremetida contra la esencia del Acuerdo Final, toda vez que al excluir a terceros (empresarios, ganaderos) que participaron en crímenes atroces, da vía libre a la permanencia de la impunidad, limitó a 20 años la permanencia de la JEP, traslado lo pertinente a las tutelas hacia la justicia ordinaria, es decir, gran parte de lo que adelante y sentencie la JEP, quedara a merced de la justicia ordinaria que siempre ha favorecido con notoria impunidad o condenas irrisorias al “poderoso”. También dio vía libre para que, al día siguiente de dicha sentencia, la plenaria del Senado “amordazara” a la JEP y la reglamentara, como ya lo advertimos, a merced de los intereses de los verdaderos responsables directos y terceros de la guerra sucia que enluto, y sigue enlutando, nuestra patria. Así, la Corte Constitucional también arremete contra las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y NO repetición (punto 5 y 6 del Acuerdo Final). 

Y qué decir de los medios masivos de comunicación (RCN, CARACOL, CITY TV, CM&, NOTICIAS UNO, El TIEMPO, ESPECTADOR, etc.) cuyo libreto noticioso y de opinión en estos  temas de paz y de justicia social,  es un formato estigmatizando, desinformando, direccionando y ocultando la verdad  en favorecimiento del sistema y del statu quo. En este caso en particular, sirviendo de parlante para desviar la atención de la esencia fundamental de este proceso, colocando en la tribuna pública a la guerrilla y su dirigencia cómo único actor militar de la guerra y sus consecuencias desafortunadas,  engañando al país al  proteger a los verdaderos responsables de los cientos de miles de asesinados, cientos de masacres,  de los casi 5 millones de desplazados y de cientos de miles de hectáreas de tierra rural  arrebatadas a sus legítimos y legales dueños (campesinos, indígenas y afros) y demás hechos delincuenciales cometidos por la clase oligárquica.

Soplan vientos de traición.

En ese orden de acontecimientos, para nada aislados entre sí, se evidencia de manera clara, desde nuestro punto de vista, un perverso entramado sistémico conspirativo contra el Proceso de paz y su Acuerdo Final,  iniciado por el mismo presidente Santos y orquestado con las fuerzas militares, la fiscalía general de la nación, el congreso de la república, la corte constitucional, los medios masivos de comunicación, los empresarios,  ganaderos , terratenientes y los sectores, ya no tan oscuros, de la narco-parapolítica institucionalizada. 

Ajeno a lo acertado que sea esta hipótesis, lo cierto e inocultable es que al Proceso firmado entre el Gobierno Nacional y la FARC, le soplan fuertes vientos de traición por parte del régimen desde sus diferentes vertientes y sin excluir al ejecutivo mismo y, por tanto,  abonando así el terreno hacia una nueva burla y frustración a los anhelos de paz con Dignidad y Justicia social  para la presente y futura sociedad colombiana. 

Quienes algo conocemos de esta oligarquía, sabemos que la vergüenza por el incumplimiento a su palabra empeñada siempre ha brillado por su ausencia, y en este caso no será la excepción, incluso frente a la misma comunidad internacional que respaldó y acompañó éste proceso. La pregunta que surge, en el marco del actual estado de Acuerdo Final es: ¿con qué argumentos éticos pretende el Gobierno llevar a “feliz término” las negociaciones con la guerrilla del ELN, que hoy se adelantan en la llamada “Mesa de Quito”?. 


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