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Palabras de Iván Márquez ante Secretario General de la ONU

Comunicado
Por FARC - Iván Márquez


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Señor Antonio Guterres, Secretario General de NNUU





Señor Secretario General, constituye un gran honor contar con su presencia en Colombia, país que intenta en medio de múltiples dificultades, dejar definitivamente en el pasado, décadas de guerra, de conflicto armado, sobre la base del cumplimiento y la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana. 


Este esfuerzo colectivo no puede fracasar, porque está de por medio la nación en masa que anhela paz y vida digna, y porque tiene el concurso y el respaldo material y espiritual de la comunidad internacional en el que se destaca la fuerza y el compromiso de Naciones Unidas, su Asamblea General y el Consejo de Seguridad.


El proceso de paz de Colombia debe ser preservado como referente y ejemplo para la solución de conflictos en un mundo que necesita la paz como el aire para respirar. Que el sentido común nos ilumine para consolidarlo.


Una vez más pedimos al Gobierno Nacional hacer respetar la obligación del Estado, de cumplir con lo acordado en La Habana sin cambios que desfiguren la esencia de lo pactado.


Recordemos los mecanismos consensuados en el Acuerdo de Paz para garantizar su inmutabilidad y su cumplimiento:


En desarrollo de lo convenido por las partes el Acuerdo Final fue depositado tras su firma en el Consejo Federal Suizo, como un acuerdo especial del artículo 3 común de las Convenios de Ginebra. Luego fue depositado por el gobierno colombiano ante Naciones Unidas, como una Declaración Unilateral de Estado, que tiene compromiso de cumplimiento, y en consecuencia el Acuerdo de Paz es hoy un Documento Oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 


El mismo Acuerdo de La Habana fue refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016. Y a través del Acto Legislativo 002 de 2017 -declarado exequible por la Corte-, el mencionado Acuerdo adquiere rango constitucional y se convierte en norma superior de obligatorio cumplimiento.


Más allá de todos estos aseguramientos, sin negar los avances, debemos decir que existen evidentes incumplimientos, y comenzar con su reconocimiento es paso fundamental para lograr su superación. En tal sentido, son válidas las preocupaciones y advertencias del Secretario General adjunto para asuntos políticos de NNUU, el señor Feltman, frente a los déficits del proceso que lo llevan a concluir “que existe la valoración común de que se debe hacer más para garantizar que se mantengan los logros notables de la primera fase del proceso de paz”. 


Dentro de esta misma perspectiva, Naciones Unidas ha precisado que la decisión de los insurgentes de renunciar a la violencia armada para hacer actividad política pacífica en un contexto democrático, es el corazón del asunto”. Habiendo hecho la guerrilla dejación de armas, el no cumplir el gobierno sus compromisos, generaría graves repercusiones para el proceso. 


En el campo de estas reflexiones, mencionemos algunos de los problemas más graves: 


La implementación normativa de los acuerdos fue convertida en una suerte de re-negociación, que aparte de atropellar principios como el de Pacta Sunt Servanda y el de buena fe, derivó en desfiguración del texto y el espíritu de lo acordado.


No se ha adjudicado un solo centímetro de tierra a los guerrilleros, ni se han ejecutado los desembolsos necesarios para el inicio de proyectos productivos. Urge la distribución y formalización de la propiedad de la tierra para las comunidades rurales, tal como lo consigna el acuerdo sobre RRI. Apartándose del énfasis en los derechos humanos, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito se impuso sobre la sustitución voluntaria, que era la base de la nueva política antidrogas convenida. La Reforma Política se hundió en las mezquindades del Congreso, e igual suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. La JEP, elemento cardinal del Acuerdo, fue deformada en los debates del Legislativo, al punto que la Ley Estatutaria aprobada, es una trampa para colocar a los insurgentes en manos de la jurisdicción ordinaria, a fin de someterlos al Derecho Penal del Enemigo.


Los cambios anunciados por la Corte Constitucional excluyen de la JEP a los terceros no combatientes involucrados en el conflicto, es decir a funcionarios del Estado y a particulares; anulan la independencia de la JEP como órgano judicial de cierre respecto a la justicia ordinaria; de manera parcializada multiplica el régimen de condicionalidades para que los miembros de las FARC puedan permanecer en la JEP, con la amenaza de pasar a competencia de la justicia ordinaria por valoraciones subjetivas de los jueces; introduce nuevas limitaciones a la participación política de miembros de las FARC; altera el régimen de sanciones previstas en el acuerdo final; se impide que los defensores de derechos humanos sean magistrados de la JEP, limitación que no toca a quienes hayan sido defensores de miembros de la fuerza pública, de paramilitares o servidores de las instituciones del Estado. Con todo esto se revictimiza a las víctimas del conflicto al no permitir que se ofrezca verdad plena y suficiente.


Trece meses después de haber sido aprobada la Ley de Amnistía todavía no se conoce un fallo en firme de la Corte Constitucional, que de ser declarados inexequibles algunos contenidos de esa norma, sería una grave vulneración de la seguridad jurídica de los ex combatientes, y del Acuerdo de Paz en general. No olvidemos que continúan en prisión más de 500 integrantes de las FARC, lo cual nos hace el partido con el mayor número de prisioneros políticos en Colombia. Se acordó, que una vez finalizado el estatus jurídico de las zonas veredales, las personas con libertad restringida, quedarían en libertad condicional y a disposición de la JEP. Señor Secretario General, a pesar de ello, todavía quedan 12 miembros de las FARC recluidos en el pabellón penitenciario de la antigua Zona Veredal de Mesetas.


La Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de la Unidad Especial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Y ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pueda funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación. Señor Guterres, la Unidad Especial de Investigación de crímenes que recoge el informe del 10 de diciembre al Consejo de Seguridad, no es la Unidad prevista en el Acuerdo, porque ella no tiene la autonomía de funcionamiento que le otorgaría la reforma constitucional convenida. Además, el decreto que la crea, tiene vicios de nulidad porque introduce materias no previstas para el procedimiento fast track, colocando a toda la Unidad Especial en riesgo de inexequibilidad. En la Fiscalía todavía duermen engavetadas 15.000 compulsas de copias sobre casos de responsabilidad de civiles en crímenes del paramilitarismo que nunca han sido investigadas. Como tampoco lo han sido los 150 asesinatos de lideres comunitarios tras la firma del Acuerdo de Paz.


Frente a esta situación de crisis, las FARC presentarán ante NNUU -bien ante el Consejo de Seguridad o ante la Asamblea General- una petición para que alguno de esos dos órganos solicite a la Corte Internacional de Justicia una opinión jurídica sobre los efectos y obligacionales de la Declaración Unilateral de Estado realizada por el Gobierno de Colombia el 13 de marzo de 2017 ante la ONU. Entendemos que una opinión jurídica de la Corte Internacional de Justicia es una herramienta fundamental para que los futuros gobiernos colombianos cumplan estrictamente con el Acuerdo de Paz.


La paz intenta levantar el vuelo, con esfuerzo, con dificultad, como ocurre con el vuelo de los flamencos, que un vez logran despegar, progresivamente alcanzan las alturas más extraordinarias. Es lo que queremos para Colombia y para ello pedimos el respaldo de su gente, del movimiento social y político, y también el apoyo de Naciones Unidas, de los países garantes y acompañantes del proceso, de los ex presidentes Mujica y González, porque esta paz ya no pertenece solo a Colombia, sino al mundo.


El Acuerdo de Paz de La Habana, aprobado paso a paso con el visto bueno de la ONU, es un logro histórico, de impacto favorable a la sociedad y a la humanidad, es sin lugar a dudas, el más importante alcanzado desde 1948. 


No queremos guerra sucia que nos siga exterminando como exterminó a la Unión Patriótica. No queremos que el fin de la guerra con las armas, marque el comienzo de una guerra jurídica capitaneada por el odio y la venganza.


Gracias Naciones Unidas, gracias señor Secretario General por su compromiso con la paz de Colombia, por la segunda misión de NNUU, verdadera guardiana de los Derechos Humanos y de la implementación. Que no se agote con este Gobierno el esfuerzo por buscar la paz con el ELN, para que ella sea completa. Y hasta con otros que estén dispuestos a devolverle la reconciliación y la plena tranquilidad a los colombianos.

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