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¿Qué pasa alrededor de la hacienda Las Pavas?

Reportaje
Por La Verdad Abierta

acciones por la paz 1

Esta antigua finca en el sur de Bolívar es un ejemplo de las tensiones que hay en los territorios para lograr la Reforma Rural Integral, pactada en el reciente Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc. La clarificación de la propiedad va a paso lento en los estrados judiciales. La Corte Constitucional se pronunció al respecto.

El conflicto judicial alrededor de Las Pavas, una antigua hacienda de 3 mil hectáreas, tiene tres actores: el Estado, que debe recuperar los baldíos, tierras de la Nación que hacen parte de su patrimonio; las 123 familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), que explotan las tierras desde hace más de 10 años y que fueron desplazados por grupos armados ilegales en dos ocasiones; y la empresa Aportes San Isidro, que alega haber comprado el predio a su antiguo dueño para desarrollar allí un cultivo de palma de aceite.

En el año 2000 el gobierno nacional seleccionó el caso de Las Pavas como “piloto” en los procesos de recuperación de baldíos. A diferencia de otros casos, que involucran a víctimas del conflicto armado, éste no cursa en la justicia transicional sino en la ordinaria. Mientras el Consejo de Estado estudia el proceso de extinción de dominio por inexplotación económica de 1.300 hectáreas y otro de recuperación de baldíos por 1.700 hectáreas; en Cartagena avanza un juicio por el desplazamiento del que fueron víctimas los campesinos en 2003.

A los pasos dados hasta ahora, se suma una reciente sentencia de la Corte Constitucional que resuelve a favor de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana una acción de tutela que interpuso en 2013. En ella solicitaba que una vez el antiguo Incoder terminara los dos procesos agrarios, enviara las resoluciones al registro público para cancelar los títulos de propiedad y así dar vía libre a la adjudicación y titulación de los baldíos reclamados por Asocab.

Con este fallo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que reemplazó al antiguo Incoder, no tendrá excusa alguna en continuar argumentando que no puede actuar en este caso mientras el Consejo de Estado no se pronuncie, tal como lo ha esgrimido en el pasado.

Lo que esperan los campesinos es que las instituciones procedan con diligencia y que no se repitan historias como la de antigua hacienda La Bellacruz, en el sur de Cesar, donde, pese a una orden de la Corte, la ANT sigue pendiente de recuperar los baldíos, sin contar que otras instituciones como la Superintendencia de Notariado y Registro demoraron el proceso de incripción en el folio de matrícula del predio y de forma coincidencial, la Unidad de Restitución Territorial Magdalena Medio anunció que el líder de la comunidad era una presunta “falsa víctima”.

Para una mayor comprensión de este caso, VerdadAbierta.com presenta la siguiente línea de tiempo que resume los hitos del proceso, así como las posturas de cada uno de los actores:

1997:
Jesús Emilio Escobar Fernández, quien según expedientes judiciales era conocido como ‘El Ñoño’, hermano y testaferro del narcotraficante Gustavo Escobar Fernández, abandonó la hacienda Las Pavas. Tras ello, 123 familias campesinas llegaron a cultivar las tierras con alimentos.

2003:
Los campesinos fueron desplazados por paramilitares del Bloque Central Bolívar, que tenían una base en el corregimiento Papayal, cerca de la hacienda.

2005:
Tras la desmovilización colectiva del Bloque Central Bolívar, en diciembre de 2005 bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), los campesinos intentaron retornar y comenzaron el proceso de reclamación del predio ante el antiguo Incoder, alegando “extinción de dominio por inexplotación económica”, que aplica para tierras que son abandonadas.

2006:
El Incoder aceptó comenzar el proceso de extinción de dominio sobre 1.300 hectáreas de los predios Las Pavas, Peñalosa y Si Dios quiere.

2007:
Los campesinos denunciaron que Jesús Emilio Escobar apareció con un grupo armado sin identificar que los desplazó por segunda vez. En la Notaría 9 de Barranquilla transfirió la propiedad de la hacienda a C.I. Tequendama S.A., filial del grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano, con el 50 por ciento; y Aportes San Isidro S.A., de propiedad de José Ernesto Macías, con el otro 50 por ciento, que la sembraron con palma de aceite.

2009:
La tensión en Las Pavas se agudizó cuando los empresarios empezaron a reclamar la propiedad, solicitando a las autoridades desalojos policivos contra los campesinos.

2010:
El Incoder y el Ministerio de Ambiente advirtieron sobre los impactos que estaban generando los cultivos de palma de aceite. Asocab solicitó al Incoder comenzar un proceso de clarificación de propiedad sobre las otras 1.700 hectáreas, señalando que no existe un título que soporte que esos predios salieron de patrimonio del Estado.

2011:
Myriam Martínez Palomino, fiscal de Cartagena, archivó las diligencias de investigación por desplazamiento forzado tras considerar que en la zona de Las Pavas no había acaecido el fenómeno del paramilitarismo, el delito no había ocurrido y, por tanto, no existían víctimas en Las Pavas.

Los campesinos denunciaron que la empresa estaba intentando ‘fracturar’ a la comunidad (Lea: En las Pavas sí hay víctimas). La Corte Constitucional ordenó la reapertura del proceso de extinción y en medio del escándalo, la familia Dávila Abondano le vendió su 50 por ciento de las tierras a Aportes San Isidro S.A.

2013:
La Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, que asesora jurídicamente a la comunidad campesina, interpuso una tutela solicitando que una vez culminaran los procesos de extinción y clarificación, el entonces Incoder enviara las resoluciones al registro público para cancelar los títulos de propiedad.

La Unidad de Víctimas protegió a los parceleros tras el riesgo potenciado por la decisión de la fiscal de Cartagena y su difusión en prensa nacional y el Consejo de Estado comenzó la revisión de los dos procesos agrarios.

Además, Asocab recibió el Premio Nacional de Paz, que es otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el periódico El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, ProAntioquia, Alquería y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia.

2015:
En mayo, los campesinos denunciaron que los trabajadores de Aportes San Isidro les quemaron los cultivos, y que entre octubre y noviembre le ofrecieron a otro campesino firmar un contrato de arrendamiento de la tierra “para dejarlo tranquilo”. El labriego accedió a viajar a Barranquilla donde le indicaron lo que debía decir “en contra de Asocab” (Lea: Drama de la comunidad de Las Pavas no tiene fin).

2016:
En enero el entonces subgerente de Tierras del Incoder, Carlos Ignacio Carmona, propuso revocar los actos administrativos que declararon la extinción de dominio sobre 1.300 hectáreas de la hacienda.

Los parceleros denunciaron en la Fiscalía que en febrero dos trabajadores de Aportes San Isidro manipulaban un arma con mira telescópica en la casa principal de la hacienda, y que un día después tres campesinos fueron agredidos por otras tres personas, dos de las cuales eran desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En marzo fue quemado el rancho del campesino, que había viajado a Barranquilla a declarar en contra de Asocab. En noviembre fue capturado Jorge Eliécer Pérez alias ‘Rapidito’, señalado de haber instalado la base paramilitar desde donde al parecer se coordinada la expulsión de campesinos.

En mayo, el Consejo de Estado dictó medidas cautelares sobre el proceso de clarificación de la propiedad rural (1.700 hectáreas), ordenando a las partes intervinientes una prohibición general de “realizar cualquier acto perturbador de la posesión y tranquilidad respecto de Aportes San Isidro S.A.S. y la Asocab”.

2017:
El 27 de enero la hacienda y algunos caminos veredales amanecieron empapelados con copias de las declaraciones que testigos clave rindieron ante la Fiscalía, donde cursa la investigación por el desplazamiento del que fue víctima la comunidad en 2003. Ese hecho fue interpretado como un acto intimidatorio contra la comunidad reclamante. (Lea: Las amenazas vuelven a Las Pavas)

En febrero, alias ‘Rapidito’ fue llamado a indagatoria y su representación judicial la asumió Juan René Ibarra Amaury, quien había sido dependiente judicial del abogado de confianza de Aportes San Isidro. La comunidad cuestionó por qué quienes han representado legalmente a la empresa están defendiendo a quienes son investigados por desplazarlos. (Lea: Proceso de tierras de Las Pavas, atrancado en el Consejo de Estado)

En septiembre, seis organizaciones sociales emitieron una acción urgente, advirtiendo que la empresa Aportes San Isidro desconoce las decisiones de órganos judiciales y administrativos sobre Las Pavas, atentando contra los derechos de las víctimas del conflicto armado. Y llamaron la atención sobre el ingreso de 20 hombres a los predios y reanudaron los cultivos de palma de aceite sobre una parcela a la que ya había retornado una familia (Lea: Nueva alerta en Las Pavas, Bolívar). Este mismo mes el Consejo de Estado dictó medidas cautelares sobre el proceso de extinción de dominio (1.300 hectáreas), solicitando a la Agencia Nacional de Tierras cuidar y administrar los baldíos.

A finales de octubre, la Corte Constitucional falló a favor de una acción de tutela interpuesta desde 2013 por la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, ordenando a la Agencia Nacional de Tierras ser diligente en las notificaciones al registro público, sobre los procesos de extinción de dominio y clarificación de la propiedad.

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