Ir al contenido principal

La lucha sigue, aquí nadie está vencido

Análisis
Tomado de Las 2 Orillas
Por Gabriel Ángel

La lucha sigue, aquí nadie está vencido

Un verdadero tratado de paz que puso fin al más largo conflicto armado de nuestro continente, se atasca y enreda en materia del cumplimiento estatal

Gabriel ÁngelLos últimos días se han caracterizado por la polémica en torno al Acuerdo Final. No se trata de su contenido, sino de algo más importante, su implementación real. El país y la comunidad internacional son testigos de cómo lo pactado entre el gobierno nacional y las Farc-EP, un verdadero tratado de paz que puso fin al más largo conflicto armado de nuestro continente, se atasca y enreda en materia del cumplimiento estatal.

La paz y la reconciliación cuentan con peligrosos enemigos. En las Farc se interpretó siempre la confrontación como el resultado de la primacía en la conducción del Estado, de las fuerzas contrarias al diálogo y al tratamiento político de los problemas. Haber conseguido la firma del Acuerdo Final representó la victoria de unas concepciones distintas, la materialización de un bloque que dijo no más a la guerra.

La polarización del país no es otra cosa que la resistencia obcecada de las posiciones que no entienden sino de la imposición y la violencia. En el escenario internacional la consecución de la paz dialogada en Colombia es considerada un gran ejemplo. Por encima de las posturas apasionadas, el otorgamiento del Premio Nobel al presidente Santos así lo certifica. Solo aquí, por cuenta de la irracionalidad de los odios, la paz constituye una afrenta.

Es considerable el número de prisioneros de Farc. Si nos atenemos a la letra y el espíritu del Acuerdo Final, de la ley de amnistía, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones, ni uno solo de ellos debería hallarse tras las rejas. Una maraña de pretextos que van desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz a los jueces de ejecución de penas insisten en hacer letra muerta lo acordado en La Habana.

Casos como el de Roberto Sepúlveda Muñoz, fallecido la semana pasada como consecuencia de una larga enfermedad descuidada por sus carceleros del Barne, el de José Ángel Parra, gravemente enfermo en La Picota, o el del Negro Antonio que padece de afecciones serias en Cómbita, únicamente pueden explicarse por la persistencia de los rencores en ciertos administradores de justicia, que priman incluso sobre las propias leyes.

Semejantes resistencias representan mucho más que la terquedad de unos cuantos individuos enquistados en el Estado. Son la expresión de una política que pervive en todos los escenarios de la vida nacional. Esa que se manifiesta en la oposición de importantes sectores a que las circunscripciones especiales de paz permitan el acceso real al poder legislativo, de las regiones y comunidades históricamente excluidas.

Esa política que azuza el fiscal Martínez, según la cual el conflicto colombiano solo es imputable a las Farc y únicamente puede dar origen a investigaciones y sanciones penales para estas, con una indiferencia escandalosa hacia las miles de masacres y los millones de desplazados por el paramilitarismo, del mismo modo que hacia el masivo enriquecimiento ilícito empresarial derivado del despojo violento y hacia las víctimas de la violencia estatal en campos y ciudades.

Esa política que antes que ayudar a la reincorporación económica, social y cultural de la insurgencia que ha dejado sus armas, se empeña en dificultar y poner toda clase de trabas a ccualquier posibilidad de interpretar los acuerdos en su beneficio. La salud de los excombatientes, la posibilidad real de iniciar labores y proyectos productivos, el giro de los auxilios básicos para su sobrevivencia, todo parece entrabarse para que nunca llegue.

No se trata, como pudiera pensarse a la ligera, de un incumplimiento a las Farc por parte del Establecimiento. Se trata de un incumplimiento al país. El Acuerdo Final comienza por un punto sobre tierras y sigue luego con otro sobre apertura y participación democrática. El primero de ellos es complementado con el acuerdo en materia de cultivos ilícitos y contra la corrupción. Luego viene el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

La idea central del acuerdo final fue parar la guerra y desaparecer la violencia del escenario de la política colombiana. Como consecuencia de ello habría de florecer una ampliación democrática en todos los espacios de la vida nacional. Un enorme caudal de fuerzas le apostó y sigue creyendo en eso. Que no se equivoquen quienes piensan que con sus maniobras politiqueras, electoreras o leguleyas van a aplastar esa imparable aspiración colombiana.

La política no se hace ni se define en un día, es un proceso continuo en movimiento. Colombia atravesó por muchas décadas de violencia hasta construir el acuerdo de paz,  y ese poderoso acumulado político late en el corazón de la  patria. Hemos abierto un camino hacia un país decente, y ya nadie podrá nunca cerrarlo.  Es la hora de la movilización nacional contra el odio y por la paz. Aquí ninguno está vencido.

La lucha incesante es patrimonio de los pueblos, y en cada momento y situación estos encuentran cómo hacerla. La paz triunfará.

Comentarios

Entradas populares de este blog

La implementación del acuerdo ha caído sobre los hombros de la FARC. La entrevista que censuró el gobierno

Noticia
Por Colombia Soberana






En el marco del Acuerdo de  paz se creó el programa Mimbre que ha venido siendo emitido en el Canal Institucional. Es dirigido por Gloria Cecilia Gómez y su comité editorial está conformado por delegados de las FARC y del Gobierno. 
Desde hace 9 meses ha estado al aire sin mayores contratiempos, pero su última edición fue censurada porque la oficina del Alto Comisionado para la Paz decidió no sacar al aire una entrevista que  Gloria Cecilia Gómez le hizo a Pastor Alape. Para Luis Roberto Rodríguez "El programa no se trata de que una parte acuse a la otra parte de cosas ante millones de colombianos". 
Sin embargo, al ver la entrevista, se puede notar que el dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, habla de temas puntuales y verídicos: la transformación de la JEP y de la participación política, el problema de seguridad en las regiones y demás, por lo tanto se puede considerar este hecho como un  acto de censura. 
El vídeo, que …

Empresarios estarían detrás de asesinatos y amenazas de líderes de tierras: Fiscalía

Noticia Por Blu Radio

La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, reveló que han materializado más de 150 capturas y cerca de 200 personas vinculadas al asesinato de líderes sociales en el país.
Afirmó que en el bajo cauca Antioqueño y la región del Urabá particularmente el problema radica en la reclamación de tierras en donde los responsables se relacionan con grupos armados y empresarios que se niegan a entregar a los dueños legítimos sus territorios.
“Hemos advertido que se trata de un tema evidente de reclamación de tierras y que confluyen en este caso varios factores y varios sujetos, por ejemplo, grupos armados organizados como el Clan del Golfo, empresarios que se niegan a la devolución de tierras a sus propietarios y otra serie de grupos armados que entrado en un conflicto por la tenencia y posesión de la tierra”, señaló la vicefiscal.
Afirmó que la visita en el municipio de Apartadó se realiza con el objetivo de que conocer más de cerca y materializar las denuncias …

General(r) Montoya: ¿Quién ordenó cometer los crímenes?

ReportajeTomado de Pacocol Por Oscar H. Avellaneda

Uno de los generales más reconocidos como ficha clave en la política de "Seguridad Democrática" durante el gobierno de Álvaro Uribe, el general en retiro Mario Montoya se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Es el militar de más alto rango en aceptar la justicia especial para que juzgue hechos relacionados con el conflicto armado.
Contra Montoya se adelantaban en la justicia ordinaria dos procesos: 
El primero relacionado con su connivencia con los paramilitares, y el exceso en el uso de la fuerza durante la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, ocurrida en 2002 mientras era comandante de la Cuarta Brigada. Lo investigaba la Corte Suprema de justicia y por esto se vio forzado a renunciar como embajador en República Dominicana.
Y el segundo se basa en las ilegales ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, conocidas como “falsos positivos”, cuando era comandante del Ejército.
También …